Queremos una prensa plural que respete los derechos de información de las personas y no sólo la de los dueños de los medios de comunicación, que sea diversa e incorpore lo que pensamos yo, tú, los del frente y todos los que habitan en este país, como parte de la premisa para el diálogo social en una democracia real. ¿A qué nos referimos con la necesidad de un diario La Nación público y no de gobierno, en el Chile del 2012?
Por Nancy Arancibia, periodista y presidenta del sindicato del área periodística de La Nación.
Un medio de comunicación público se refiere menos a su propiedad y más a su función, al deber que rige su línea editorial y a la administración plural e independiente. Eso pedimos al Gobierno y al Parlamento, tal como invitamos a la sociedad civil a debatir, porque creemos imprescindible que se conserve un medio de comunicación de propiedad mayoritaria del Estado como La Nación, pero transformándose en un medio cabalmente público. Para eso hay varios pasos insoslayables: un estatuto que regule su administración, funciones y objetivos, que establezca su línea editorial y que lo haga en un proceso transparente e inclusivo.
Fotografía Diario El Ciudadano
El diario fundado en 1917 por Eliodoro Yáñez es hoy una sociedad anónima cerrada y el Fisco, dueño del 69.26%, comparte su propiedad con privados de la Sociedad Colliguay que posee el 29, 52%. Los representantes del Estado determinan la línea editorial, pero los minoritarios tienen poder de veto en cualquier decisión y transacción relevante. Son como el sistema binominal: un 30% empata al 70%. Esta forma vigente hace un par de décadas no le ha impedido al periódico cumplir una función pública. Antes, a lo largo de sus 95 años y a pesar de los distintos proyectos editoriales, también ha sido posible abordando la información de manera seria, respetando los derechos de las fuentes informativas y principalmente despojado, en la mayoría de sus etapas, de los criterios comerciales que imponen un sesgo a gran parte de la información que circula en los medios de comunicación masiva. Cualquiera sea la razón, en el Chile de las últimas décadas hay temas que no son abordados en los medios de comunicación existentes. Algunos aportes valiosos confirman la regla, pero no bastan para el flujo informativo que los ciudadanos demandan y al que tienen derecho. En este contexto, La Nación ha hecho un aporte al incluir sectores diversos, presentándolos según el mérito de la noticia, sin apellido. La inclusión de la diferencia, el otro ángulo de la noticia, el recurrir a fuentes vivas y menos oficiales, ha dotado al diario de una legitimidad que no disminuye con las críticas ciertas de utilización en sus páginas políticas. La Nación fue y es mucho más que eso. Pero, ¿qué diablos es eso público? La Real Academia de la Lengua señala, en una de sus acepciones, que “público” es la “potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a privado”, lo “perteneciente o relativo a todo el pueblo” o lo “común del pueblo o ciudad”. Un diario público se debe, en palabras actuales, a la ciudadanía. Con ese empeño, debe respetar los derechos fundamentales y privilegiar los intereses de la sociedad en su conjunto, desplazando los intereses particulares, que aunque legítimos, son parciales. Un diario público se propone abordar los temas de interés nacional, regional, local y mundial, sin otras consideraciones que los criterios noticiosos y el bien común, independiente de los intereses corporativos del gobierno de turno, de los políticos en general, de grupos y de los poderes económicos o religiosos. En resumen, un diario público debe contribuir al ejercicio de un derecho ciudadano. Y debe ejercer el periodismo libre, que es uno de los pilares de la democracia puesto que la legitimidad de ésta radica en que los ciudadanos formen sus propias opiniones respecto del acontecer, el funcionamiento de las instituciones y las autoridades en quienes delegan su representación. Para que eso ocurra, necesitan estar informados. En sus casi 100 años La Nación ha cumplido con estos objetivos, pero de manera discrecional, insuficiente y dependiendo de la voluntad de los gobiernos. Actualmente, su capital periodístico subsiste, puesto que a pesar del desmantelamiento que se está produciendo desde mediados del 2010, tiene un promedio mensual de un millón 100 mil visitas (equivalente a lectoría en internet) y una reconocida vocación por el pluralismo. Por lo tanto, es menester no desperdiciar este patrimonio cultural y económico, construido con recursos estatales, y convertir al diario La Nación en un medio completamente público, regulado, donde sus características, concepto y misión, estén regidos por una ley o estatuto que otorgue transparencia y garantías de autonomía en su administración y línea editorial, dotándolo de credibilidad. Este proceso NO resuelve el desafío de las comunicaciones en Chile, pero da un paso hacia adelante en más derechos de información y con ellos más y mejor democracia. Un grupo de parlamentarios está dispuesto a construir esta regulación. Esperamos llegar a buen puerto y que la comunicación deje de entenderse como la difusión de un grupo restringido de ideas y se transforme en lo que es: un derecho.
