No es necesario que miles de personas salgan a la calle para que quede de manifiesto que la labor de muchos de nuestros políticos profesionales es vergonzante. Tan sólo viendo su desempeño en su lugar más ad hoc (el Congreso Nacional) en los asuntos verdaderamente relevantes para el país una gran mayoría de chilenos se indigna porque actúan en contra de la ciudadanía. Por Marcelo Mendoza

Fotografía de Radio del Mar

Fotografía de Radio del Mar

Uno de esos asuntos verdaderamente relevantes es la nueva Ley de Pesca (también llamada “Ley Longueira”, pues su principal impulsor es el ministro de Economía). Y cómo no va a ser relevante si en ella están en juego aspectos vitales para el país: el destino y la sustentabilidad de los recursos marinos de Chile; la asignación (casi gratuita) por parte del Estado de Chile a siete familias del 85% de esos recursos; la sustentabilidad laboral de miles de familias que viven de la pesca artesanal; y la igualdad de los chilenos ante la ley. Es en estos asuntos y leyes en los que se juega el destino nacional y el tipo de país que queremos. Aunque se hace pasar ante la opinión pública como un tema “técnico”, la Ley de Pesca es de las iniciativas políticas, económicas y medioambientales con más consecuencias perversas de los últimos años. Porque valida la preeminencia de una sociedad de privilegios, profundamente injusta, y además pone el futuro ambiental marino al servicio de la depredación y de ganancias estrepitosas de un club empresarial que quién sabe por qué el gobierno y políticos que ejercen de comparsa (sería bueno saber también a cambio de qué) decide que es beneficiario de esos privilegios. El primer aspecto vital para el país que esta ley conlleva es la depredación de los recursos marinos: en los últimos años se ha devastado las poblaciones de jurel y merluza. Y lo peor es que se ha hecho para producir harina de pescado, un producto de muy bajo valor agregado y que sirve para alimentar animales y no seres humanos. En el gobierno de Lagos se regalaron cuotas de su captura a grandes empresas en virtud de lo que habían pescado los años anteriores. La pregunta es obvia: ¿por qué se entregan nuestros peces a quienes históricamente los han depredado? ¿No debería ser exactamente al revés: a ellos, precisamente, por haber recibido ese privilegio histórico, no entregárselos más? Con esta nueva ley, no sólo se reitera en lo mismo, sino que además se les vuelve a entregar, pero en los hechos a perpetuidad, pues la ley contempla que es por 20 años renovados automáticamente. Lo segundo: la asignación casi gratuita a siete familias (Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, que se fusionaron en tres grandes holding) del 85% de los recursos pesqueros de nuestro extenso mar, paradójicamente, va en contra del modelo de libre competencia que se defiende como pilar del sistema. Hay privilegiados… precisamente los que ya lo eran antes. Lo tercero: sólo el 15% restante queda para toda la pesca artesanal, con lo que resulta claro que el modelo de país así considera de mal a la gente de a pie. Lo cuarto: la Ley de Pesca es inconstitucional, porque se funda en que no somos todos los chilenos iguales ante la ley. Hay siete familias a quienes una ley de la república les otorga el privilegio de un negocio que genera 1.500 millones de dólares en ventas anuales, dejando fuera por decreto a cualquier otro emprendedor que quiera entrar en ese mercado. Milton Friedman, ideólogo de nuestro modelo económico, se debe estar revolcando en su tumba. Dicho esto, resulta impresentable que esta ley (tramitada con suma urgencia, pese a su complejidad y relevancia, en sólo siete meses) sea aprobada por un Congreso en donde supuestamente es mayoría la oposición. Es en estos actos en donde se ve de qué lado están los representantes políticos: del lado de la gente y del patrimonio nacional o de los espurios grandes intereses de los mismos de siempre. Y por ello los parlamentarios concertacionistas que han hecho posible esta ley no pueden soslayar su responsabilidad. Los democratacristianos Ignacio y Patricio Walker, Andrés Zaldívar, Eduardo Frei, Hosaín Sabag, Jorge Pizarro y el socialista Fulvio Rossi cargarán con el peso de esta vergonzosa actitud y sus nombres propios serán inolvidables.