Un reciente libro no sólo cuestiona la muerte por cáncer y la enfermedad terminal del poeta: también desmantela toda la versión oficial sobre su última voluntad, apuntando directamente contra Matilde Urrutia y la Fundación Neruda. Mientras la sucesión familiar se divide ante estas afirmaciones, el juez Mario Carroza mantiene abierta una investigación sobre qué pasó el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María, lugar donde a las 22:30 falleció el Premio Nobel, tal como años después el ex presidente Eduardo Frei Montalva. Por Patricio López (@patriciolopezp) En 1972, Pablo Neruda no sólo ya era la personalidad más célebre de la historia del Partido Comunista de Chile. También era la figura universalmente reconocida de la Unidad Popular, a la par de Salvador Allende. Por ello causó expectación su renuncia a la embajada de Francia y su regreso al país. Al llegar a suelo nacional, afirmó que volvía para sumarse a la decisiva campaña para las parlamentarias de 1973. Luego se sabría, sin embargo, que se encontraba aquejado de un cáncer que decidió enfrentar en Chile y que se agravaría letalmente días después del golpe militar. En aquel punto comienzan a bifurcarse las versiones oficiales, de las memorias de Matilde Urrutia y de la Fundación Neruda con la del libro El doble asesinato de Neruda, de Francisco Marín y Mario Cassasús (Ocho Libros). Un actor clave en la disección es aquel que junto a Matilde Urrutia compartió cotidianamente con el Nobel durante su último año de vida: Manuel Araya, chofer y encargado de la seguridad del poeta, militante del Partido Comunista desde los 14 años, en ese entonces de 26 y dispuesto para tal labor por el propio PC. El nombramiento le habría sido realizado por haber cumplido con mérito funciones similares con el ministro de Economía Américo Zorrilla y por su condición de ahijado de la prócer del Partido, Julieta Campusano. A estas alturas, la aparición de este testimonio es sorpresiva. No sólo por el tiempo transcurrido, sino por ser Araya una figura invisibilizada de la biografía del poeta que, décadas después, emerge para sostener que Neruda murió víctima de una inyección homicida en el vientre. Una versión que cuenta con el crédito del PC y con el beneficio de la duda del descendiente de Neruda, Rodolfo Reyes, y del juez Mario Carroza, quien ha abierto una investigación. En la airada vereda contraria están la Fundación Neruda, el escritor Jorge Edwards y otro descendiente de Neruda, el también escritor Bernardo Reyes, quien se ha referido a la versión del homicidio como “una imbecilidad”. Efectivamente, la tesis del asesinato ha separado aguas en la sucesión de Pablo Neruda. Bernardo Reyes afirma que “me gustaría tener un solo motivo para tener que leer el libro y para dudar de mi afirmación de que se basa en hechos sin ningún fundamento. Esto de que la familia está de acuerdo con la exhumación no es tal. Rodolfo Reyes es un abogado que nos representa administrativamente en algunos asuntos de derechos de autor, pero yo nunca he tenido un portavoz ni he autorizado a nadie para que hable en mi nombre”. Probablemente, este asunto se despejaría mucho más rápido con el simple acceso a la ficha clínica del poeta. Sin embargo, y en una situación sorpresiva, la Clínica Santa María reconoció haber extraviado toda la documentación respecto a Neruda. Públicamente, la última aparición del Premio Nobel fue el 5 de septiembre de 1973, cuando recibió un homenaje del pueblo en el Estadio Nacional. Tres semanas después, el parte oficial de su muerte, certificado de defunción 622, circunscripción Recoleta, de 1973, habla de una “caquexia” derivada de su cáncer a la próstata, término que según la RAE refiere a un “estado de desnutrición extrema”. Esta descripción es imposible, dice el chofer Araya, a juzgar por el estado robusto que vio hasta el último día en él y del cual hay registros en las fotografías tomadas durante su velatorio. Lo que sí ha quedado acreditado, sin embargo, son las gestiones del gobierno mexicano para llevarse al poeta al exilio que incluso se tradujeron en un avión esperándolo en la losa de Pudahuel. Según Araya, “Neruda nunca llegó enfermo a Chile. Tenía sus achaques de los 69 años, pero no estaba como dice la Fundación, no pueden sostenerlo porque no estuvieron con él en el último tiempo. A mí me da risa esa versión porque Neruda estaba bien. Nunca estuvo para morirse ni desnutrido, ni siquiera después del Golpe. El fin de traerlo a Santiago fue su seguridad y sacarlo del país, no es que estuviera enfermo. Hay que tener en cuenta que había un buque de guerra apuntando frente a la casa de Isla Negra. El verdadero motivo del viaje a Santiago es que para tomar el avión que había enviado el gobierno de México el camino más directo y seguro era a través de la Clínica”. Según el libro de Marín y Cassasús, el juez Mario Carroza, desde el inicio de la investigación a mediados de 2011, ya habría acreditado que Neruda no ingresó agonizante ni con caquexia a la Clínica el 19 de septiembre de 1973. También es cierto que recibió una inyección el día antes de su muerte y que, según las propias memorias de Matilde Urrutia, el agravamiento del vate fue repentino y la muerte se desencadenó en menos de 24 horas. El libro póstumo de Neruda, Confieso que he vivido, fue terminado por el poeta el día antes de su muerte, en estado de plena lucidez. En el relato de Manuel Araya, el poeta hacía planes sobre sus actividades para derrotar a la dictadura cuando se estableciera en México. Tales afirmaciones son incompatibles con el desarrollo de una caquexia, que tiene una evolución gradual. Y a juicio de los autores del libro, la Fundación Neruda ha tenido una actitud permanente y negativa a que la investigación avance, aferrándose una y otra vez a la versión oficial. Según Araya, “durante los días en la clínica Neruda estuvo de buen humor e incluso rechazó una primera posibilidad de viaje al embajador de México, para poder terminar sus memorias. Incluso recibió a muchos amigos como Máximo Pacheco, Radomiro Tomic y su secretario Homero Arce. El día 22 decide el viaje y él nos pide que vayamos el 23 a Isla Negra a buscar las cosas para el viaje. Ese día Neruda queda desprotegido y luego a las 16:30 nos llama a una hostería y nos dice vénganse rápido porque entró un médico, me puso una inyección en la guata y tengo mucho calor”. Es por esto que los autores de la investigación hablan de un doble asesinato: el supuestamente perpetrado en la Clínica Santa María y el de la tergiversación contra la última voluntad del poeta, cuyo deseo era crear una fundación muy distinta a la que años más tarde encargaría Matilde Urrutia al abogado y empresario Juan Agustín Figueroa, a quien no se le reconoce ningún vínculo con Neruda mientras éste estuvo vivo. Según el libro y según una entrevista concedida por el vate en 1972, su deseo era crear la “Fundación Cantalao”, “dirigida por gente de la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Sociedad de Escritores. Será una fundación para que los escritores puedan vivir becados por un año con el producto de mis derechos de autor, disfrutando de una casa común para reuniones y actos además de cabañas individuales para trabajar”. Respecto a la actual Fundación Neruda, los autores consideran un agravio la mirada comercial que tiene sobre la obra de un poeta que siempre quiso proyectar su legado como una contribución social, además de denunciar que dos millones de dólares, obtenidos por derechos de autor, fueron invertidos en Cristalerías Chile, holding del fallecido Ricardo Claro Valdés, a quien se le ha acusado de facilitar sus barcos como centros de tortura en la Bahía de Valparaíso, luego del golpe militar. Es aberrante que se hagan estos negocios con lo conseguido de los libros de Neruda, dicen. El abogado, sobrino de Neruda y representante legal de la sucesión, Rodolfo Reyes, afirmó que siempre confió en que su famoso tío había muerto de cáncer. Que así se lo hicieron saber otros familiares, entre ellos la propia Matilde Urrutia. Pero que ante la aparición de estos nuevos antecedentes, sin embargo, dice apoyar que se esclarezca la verdad e incluso manifestó al juez Carroza su venia para que se realice la exhumación de los restos del poeta, tal como lo ha solicitado el Partido Comunista. Detrás de estas disputas, sospechas y versiones incompatibles, hay que decir que no sólo es la verdad lo que está en juego: la muerte de Neruda está entrelazada, de algún modo, con la millonaria administración de la obra del poeta. En tal sentido, la versión de Manuel Araya ha salpicado la memoria de su viuda, Matilde Urrutia. Según afirma “conversé mucho con ella, después de mi detención. Le decía señora Matilde, diga la verdad, usted que está en el extranjero, diga que a Don Pablo lo asesinaron. Y ella me decía cómo se le ocurre que voy a decir eso, me van a quitar todos mis bienes y se van a quedar los comunistas con ellos”. Según Bernardo Reyes “los estudiosos que escribieron este libro que no voy a leer debieron haber consignado que durante la dictadura Matilde pagaba sueldos del Partido Comunista y de otros partidos. Reafirmo que ella no tenía gran afecto por el PC, pero eso no la convertía en un enemigo, simplemente era una no militante. Respecto al tema material, conversando con amigos de este partido al que quiero mucho me dicen que al desagregar la devolución del Estado por los bienes confiscados les pagaron 250 millones de pesos por Isla Negra. Lo digo un poco mordiéndome la lengua, pero cómo es posible que se haya hecho una negociación tan inconveniente. Pero lo afirmo también por un sector de mi familia, al que le seducirá la idea de un proceso indemnizatorio, luego de querellarse contra el Estado y quedar forrados. Pero yo no transo con nadie, ni con un partido ni con un mitómano como el señor Araya”. A juzgar por la serie de magnicidios cometidos por la dictadura, el asesinato de Neruda perfectamente podría encajar en ese patrón. Otros sostienen, sin embargo, que a septiembre de 1973 los aparatos represivos no habían desarrollado el modus operandi que, años más tarde, les permitiría disimular el atentado contra Eduardo Frei Montalva, en la misma Clínica Santa María. El juez Carroza dirá.