La sorprendente actualidad de las primeras 40 medidas de Allende convoca a pensar en la memoria y los 40 años del golpe militar en medio del debate por las candidaturas y los mutismos pragmáticos.

Por: Rodrigo Ruiz No fueron el programa. Fueron algo aún más claro y directo. Una voluntad expresada sin ambages para un proyecto que no tenía límites en sus aspiraciones. Ahora que ronda la pregunta por el programa, conviene releer las 40 medidas. Su redacción austera, sencilla, precisa, constituye una pieza de sorprendente actualidad. Una especie de antídoto para males contemporáneos que muchos preferirán dejar atrás como pecados de una loca juventud. Pero si la memoria es una práctica del presente, interesada y contingente, este es un objeto maravilloso para ese ejercicio, especialmente de cara a la necesidad de una refundación de la política puesta en urgencia por las luchas sociales de estos años. Vea usted: “1. Supresión de los sueldos fabulosos Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Terminaremos con la acumulación de cargos y sueldos (Consejerías, Directorios, Representaciones). Terminaremos con los gestores administrativos y traficantes políticos. 2. ¿Más asesores? ¡No! Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del Estatuto Administrativo. En Chile no habrá más ASESORES. 3. Honestidad administrativa Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la Administración Pública. Habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de Gobierno. 4. No más viajes fastuosos al extranjero Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen; salvo aquellos indispensables para los intereses del Estado. 5. No más autos fiscales en diversiones Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. Los vehículos que queden disponibles se utilizarán para fines de servicio público, como transporte de escolares, traslados de enfermos de las poblaciones o vigilancia policial. 6. El fisco no fabricará nuevos ricos Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios públicos. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.” Las seis primeras medidas establecen una ética de gobierno. Antes de prometer nada, antes del medio litro de leche para los niños (medida 15), antes de las consideraciones económicas y sociales, la campaña de Allende puso allí un compromiso sobre su propia gestión, pero aún más, una cierta concepción sobre el gobierno popular. Leídas hoy, las medidas dejan una conclusión tan diáfana como terrible. Si los herederos políticos de Allende y sus compañeros de alianza hubiesen intentado por un corto momento honrarlas, la propia Concertación no existiría. ¡Han hecho precisamente lo contrario! Es más, contravenir el espíritu de estas medidas ha sido una condición de existencia y reproducción de la cúpula concertacionista en estos años de formación de una especie de aristocracia político empresarial de lobby y asesoría, de trasiego entre el dinero y la política, de cenas reservadas con líderes empresariales y negociaciones nocturnas amparadas por el “realismo” político más estrecho. El sueldo máximo y los nuevos ricos La primera medida indica una especie de sueldo máximo válido al menos para la Administración Pública. Allende lo explica de este modo en su discurso a los trabajadores del cobre en Machalí, el 7 de febrero de 1971: “Dijimos que nadie debía ganar en Chile más de 20 sueldos vitales al mes y les parece poco! ¿Y cuánto es ahora, a pesar de nuestro esfuerzo, el salario medio industrial?: 600 mil pesos al mes. Es decir, hay gente que gana 35 veces más de lo que gana un obrero que tiene un salario de 600 mil pesos al mes. El que gana 17 millones tiene 35 veces más poder de compra. Eso es una injusticia”. El concepto era el “sueldo vital”, que se entendía como “el necesario para satisfacer las necesidades indispensables para la vida del empleado, alimentación, vestuario y habitación; y también las que requiera su integral subsistencia”. Un concepto actualmente desnaturalizado, como explicaba en una columna el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, mostrando su diferencia con lo que hoy se llama sueldo mínimo. Si vamos a hablar de desigualdad, no hablemos sólo de pobreza, hablemos de lo que ganan los que más ganan, especialmente si están en el Estado. Esa es una consideración detrás de la primera medida. Pero aquel sentido común se diluyó en el mismo proceso en que el sueldo vital fue sustituido por el sueldo mínimo, y nos fuimos llenando de un discurseo vacío sobre los pobres, la solidaridad una vez al año, la “obra” del “techo” y una hipócrita caridad en tiempos del consumismo; colocado todo ello, además, justo al lado del discurso que justifica la desigualdad, que legitima la competitividad y propone como valor positivo el deseo de tener más. Así, si la propuesta de Allende fue limitar de forma trasparente los más altos sueldos de la Administración Pública, en tiempos de Concertación y derecha, las consideraciones han sido las contrarias. En 2009, la presidenta del Sistema de Empresas Públicas durante el gobierno de Bachelet, declaraba que publicar el sueldo de ejecutivos de empresas públicas podía afectar la competitividad de éstas. “Nos interesa que las empresas públicas informen a los ciudadanos y que éstos puedan evaluar su gestión, pero cualquier medida que constituya un obstáculo para contratar ejecutivos de alto nivel puede representar un costo difícil de cuantificar”, sostenía. La democracia de los asesores A mediados de 2012 se producía un pequeño y algo irrisorio debate por twitter acerca del significado de alguna encuesta. No eran las masas ni los militantes quienes protagonizaban la disputa, sino Roberto Méndez, director de Adimark y asesor del gobierno de Piñera, y Francisco Javier Díaz, que lo había sido de Bachelet. La figura del asesor es una de las emanaciones mejor logradas de ese oxímoron que podemos nombrar “democracia neoliberal”. Desprovista de sustancia social real, la institucionalidad posdictatorial se llena de lobbistas, asesores, opinólogos, dirigentes cupulares y tipos de terno que deambulan por las sedes partidarias con el currículum bajo el brazo. El militante se trasmuta en el burócrata. Los partidos son habitados por funcionarios públicos que se emplean o quedan cesantes según se mueva el péndulo binominal. Entre todos ellos, los “asesores” representan la casta aristocrática. Sus sueldos son altos, en correspondencia con sus exclusivísimas posibilidad de hablar directo a los oídos de ministros y presidentes. Los más destacados habitan el famoso segundo piso de La Moneda. En el gobierno de Piñera, María Luisa Brahm encabeza el equipo, con honorarios sobre los 7,2 millones de pesos; le siguen, según informaba en 2012 Radio Bío-Bío, Ignacio Rivadeneira, $ 5.788.889; José Miguel Izquierdo $ 4.631.111; Hernán Larraín Matte, $ 4.631.111; Juan Ignacio Eyzaguirre y María Irene Chadwick con ingresos igual o menor a $ 4.631.111. El Observatorio de Medios FUCATEL, por su parte, publicaba en 2009 los resultados de la “cruzada por la trasparencia” que había permitido conocer las remuneraciones de los asesores del gobierno de Bachelet. En el Ministerio de Hacienda, éstos podían superar los 6 millones, mientras que en La Moneda, los consejeros más cercanos a Bachelet ganaban del orden de 4,4 millones de pesos.