El Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep) exigió ante la Fiscalía de Valparaíso que se “cite a declarar ante el Ministerio Público a Francisco Mujica Ortúzar, gerente de Corpesca, a fin de que señale a que otros parlamentarios, además de la diputada denunciada, se le han entregado fondos directamente o a través de asesorías o servicios prestados por el parlamentario o sus asesores”. Fuente: Radio del Mar La denuncia por cohecho presentada en la Fiscalía Regional de Valparaíso por los pescadores artesanales para que se investigue a fondo a parlamentarios que habrían recibido dineros de parte de empresas pesqueras durante la tramitación de la Ley Longueira que entregó de manera gratuita y a perpetuidad el patrimonio pesquero nacional a 7 familias de industriales, exige que se requisen los computadores del renunciado gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, y del director del Instituto de Investigación Pesquera del Norte (INPESNOR), perteneciente al Grupo Angelini. La entrega de millonarios aportes de compañías pesqueras a parlamentarios, quedó en evidencia luego que Mujica Ortúzar confirmara a Ciper Chile que entregó 25 millones de pesos (unos 50 mil dólares) a la diputada por la región pesquera de Iquique, Marta Isasi. La nueva legislación pesquera publicada en febrero del 2013, aprobada con el voto favorable de Isasi junto a 22 diputados y 56 senadores, entregó por 20 años renovables a perpetuidad, el 52% de las cuotas globales de pesca industrial del país a las empresas Corpesca, Orizon y South Pacific Korp, del grupo Angelini. Además la Ley Longueira permite que las flotas industriales puedan ingresar a la zona de 5 millas de reserva de la pesca artesanal entre las regiones de Arica-Parinacota y Antofagasta, extensa área donde mayoritariamente opera este grupo económico. Frente a esta situación, este miércoles el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep) exigió ante la Fiscalía de Valparaíso que se “cite a declarar ante el Ministerio Público a Francisco Mujica Ortúzar, gerente de Corpesca, a fin de que señale a que otros parlamentarios, además de la diputada denunciada, se le han entregado fondos directamente o a través de asesorías o servicios prestados por el parlamentario o sus asesores”. La denuncia también exige que “se cite a declarar a Miguel Angel Escobar, Director del Instituto de Investigación Pesquera del Norte, INPESNOR, dependiente de la empresa CORPESCA, a fin de que remita todos los informes solicitados a terceros por dicha institución desde el año 2010 a la fecha”. Condep demanda también que se incauten los computadores de Mujica y Escobar, a fin de establecer la existencia de otros correos electrónicos entre ellos y la diputada Isasi, alguno de sus asesores u otros parlamentarios o asesores parlamentarios, que pudieran referirse a los hechos que se denuncian. Ley Longueira debe ser anulada Frente a la iniciativa de los pescadores del Condep, el director de Ecocéanos Juan Carlos Cárdenas señaló que “el escándalo Isasi-Corpesca sólo deja en evidencia que el cohecho a diputados y senadores es una práctica habitual de los grandes empresarios pesqueros, quienes han venido comprando la elaboración y aprobación de leyes como ‘traje a la medida’ de sus intereses en las áreas de pesca y acuicultura”. “Por ello, los ciudadanos organizados, pueblos originarios y sectores de la pesca artesanal denuncian que la ley Longueira-Angelini es ilegítima y debe ser anulada. Llamamos a la ciudadanía a presionar a los diversos candidatos y políticos a que se pronuncien sobre esta amplia demanda ciudadana de revisión y rechazo de una ley injusta y espúrea, promulgada por un cuestionado parlamento, bajo control empresarial”.