Publicado en El Desconcierto Nº12, Julio de 2013 Entrevista de Patricia Matus de la Parra

“Yo creo que lo primero es darse cuenta que la Constitución actual tiene un origen ilegitimo producto de un golpe militar y un plebiscito fraudulento llamado por el dictador Augusto Pinochet, que imponía una constitucionalización de un régimen militar. Lo que implicaba el paso a un gobierno de régimen autoritario con poder de veto militar a través de un plebiscito. Como la oposición de aquella época se opuso al plebiscito, entonces para viabilizar la salida de Pinochet y la instalación de un régimen democrático se hicieron algunas reformas que se plebiscitaron en 1989 y, de ahí para adelante, ha habido una permanente crítica de los sectores mayoritarios del país respecto a la ilegitimidad de esa Constitución, que además protege los modelos económicos y políticos instaurados por la dictadura”.

“(…) Y dado que es un régimen que no es una dictadura, permite el juego político y hacer transformaciones, generó una cierta aceptación tácita pero no valórica. Se acepta que no tenga legitimidad de origen, pero tiene legitimidad de ejercicio y las legitimaciones de ejercicio son de dos tipos: una, valórica: se acepta porque es aquello que expresa el consenso democrático, o se acepta porque no queda otra, que es lo que llamaríamos una legitimidad instrumental: se acepta en la medida en que se pueden realizar ciertas cosas pero no porque se considere que es legítima en sí misma. Lo que pasa es que es aceptada, ni siquiera es legítima de ejercicio, es acatada, aceptada, fija las reglas del juego no porque se esté de acuerdo con ella sino porque no queda otra, y eso es clave”.

“Durante mucho tiempo, pese a la existencia de grupos y sectores que plantearon esta ilegitimidad de origen y de ejercicio, esto funcionó. Y generó para muchos la ilusión de que era posible con reformas progresivas ir transformando su carácter, pero ella estaba establecida para que no se cambiara la defensa de un modelo económico social, a través de un empate político entre las fuerzas contrarias”.

“Entonces es una Constitución en crisis de legitimidad permanente. Las críticas a este carácter ilegítimo llevó a reformas; era tan claro que el presidente Lagos el 2001 habla de la Constitución del siglo XXI y dice que “más allá de las reformas que haya que hacer a esta Constitución quiero plantear al país la necesidad de pensar una nueva constitución, la del siglo XXI, que signifique un nuevo consenso institucional” porque no hubo mecanismo por el cual se expresara la gente o un Parlamento, no hubo nunca una aceptación como tal”.

“(…) Por razones que habrá que analizar históricamente le pareció imposible y se decidió hacer un conjunto de reformas y aceptar el chantaje de la derecha de no reformar el carácter autoritario y neoliberal de la constitución (…) A mi juicio el presidente Lagos cometió el gran error de hacer un gran acto en la Plaza de la Constitución, declarando a ésta como la Constitución del siglo XXI, lo que fue ratificado años después por Michelle Bachelet. Siento que para un sector muy importante esto no era una Constitución democrática.”

“(…) Esta constitución es considerada ilegítima por sectores de la población que aspiran a que una carta fundamental sea la consagración de las reglas del juego que permitan la consagración de la soberanía popular, cosa que no es. Y eso se hace especialmente presente desde las movilizaciones. Chile es el único país del mundo que tiene una Constitución derivada de una dictadura. Todos los otros países, llegada la democracia, hicieron una nueva Constitución. Esta Constitución es la que más reformas ha tenido en la historia de Chile”.

“(…) El primer problema a resolver es que preguntemos al país, porque no se ha hecho, si quiere esta Constitución o no. Lo que se hizo fue imponerla y hacer reformas que permitieran pasar de una dictadura a un régimen democrático incompleto. Lo que quedó pendiente fue ¿qué constitución quiere el país? Porque lo que pasó con la de 1925, que también fue a través de una comisión en la que participaron sectores minoritarios, es que se fue legitimando y nadie dijo nunca que era ilegítima.” “Si un dictador dice voy a imponer una constitución porque ésta no me sirve, la pregunta normal, estando en democracia, es ¿No corresponde que el país se pronuncie si quiere o no una nueva Constitución? ¿Cuál es el problema de hacer una consulta? Ahí entra el segundo dilema: cómo se establece una nueva Constitución. Hay que generar un procedimiento por el cual el país decida el conflicto central”.

“(…) Entonces el proceso es el siguiente: abrir una reforma que permita un plebiscito, que genere una Asamblea o instancia que elabore una constitución en el caso que en el plebiscito que se diga que sí. Esa instancia tiene un tiempo acotado de elaboración de su propuesta, que tiene que ser refrendada en otro referéndum.”

“(…) Si tenemos en las calles gente pidiendo un plebiscito para una reforma constitucional, si tenemos la misma cantidad de gente del movimiento estudiantil, no le quepa la menor duda que tenemos el inicio de un proceso que va a culminar del mismo modo en que los conceptos gratuidad y fin al lucro pasaron a ser el tema que la agenda nacional discute. Eso es lo que hay que hacer: una movilización que haga que el país ponga como tema central el debate de una nueva Constitución, y que eso se resuelva de forma institucional. Sin movilización no hay reforma que permita un proceso constituyente. Pero pensar que una sola movilización y sólo actos en que el pueblo por sí y ante sí, genera una Constitución al margen de la institucionalidad, es impensable. Aunque pueden haber ejercicios interesantes, no caben asambleas autoconvocadas porque usted puede tener la deslegitimación del proceso: algunos hacen una cosa, otros otra cosa, y no hay un momento en que el país toma una decisión”.

Esta entrevista fue realizada en paralelo a otra con Gabriel Salazar.