El diputado Juan Carlos Latorre, esposo de la senadora Ximena Rincón y cuñado del diputado Ricardo Rincón, tiene inversiones en proyectos de energía. Así lo acreditó una investigación realizada por CIPER. No obstante, el autor de la siguiente columna indica que los hermanos Rincón han mantenido su postura de votar en la tramitación de la iniciativa legal sobre concesiones eléctricas, lo cual, a su juicio, estaría prohibido expresamente por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El tema, dice, cobra especial relevancia luego del reportaje del programa “Contacto” que develó la tolerancia y disparidad de criterios del Parlamento para regular los cruces de intereses de sus integrantes.
Por: Patricio Segura/ Fuente Ciper Chile
Luego que el martes pasado el programa “Contacto” develara la compleja relación entre los intereses económicos de los parlamentarios y su desempeño legislativo, los ojos de la ciudadanía se han volcado sobre las deficiencias del Congreso para resolver en forma transparente y con espíritu de probidad los conflictos de interés que se suscitan tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De tal envergadura ha sido el cuestionamiento, que los presidentes de las comisiones de ética de ambas corporaciones criticaron los vacíos en la materia y propusieron medidas para enfrentarlos.
Unos de éstos se refiere a la diferencia de criterio entre el Senado y la Cámara de Diputados para actuar en situaciones similares, en circunstancias que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional -que en su artículo 5º B regula la materia- no hace distinción entre una u otra institución.
Un caso sintomático es el de los hermanos Ximena y Ricardo Rincón (ambos DC), mencionados en la investigación de CIPER “Ley de Concesiones Eléctricas: Votación pone a prueba transparencia de senadores con conflictos de interés” por ser legalmente aún esposa y cuñado, respectivamente, del diputado DC Juan Carlos Latorre. Este último -según su propia declaración de intereses- controla la sociedad Inversiones Latri, mediante la cual tiene “participación de capital minoritario en sociedades ligadas al desarrollo de pequeñas generadoras eléctricas”.
Todo indica que habría sido el reportaje de CIPER, publicado el 2 de julio, el que llevó a Latorre (y al también democratacristiano Matías Walker, hermano del empresario del sector de las ERNC Juan Walker) a inhabilitarse en la votación del 10 de julio cuando el proyecto de concesiones eléctricas regresó a la Cámara Baja para su tercer trámite constitucional. Esto es posible inferirlo toda vez que previamente, cuando la iniciativa fue vista por los diputados en enero de 2013 en primer trámite constitucional, ambos parlamentarios no tuvieron problemas en concurrir con su voto a la aprobación.
La insistencia de la senadora y el diputado Rincón de votar en la tramitación de la Ley de Concesiones Eléctricas, aún habiéndose hecho público su parentesco con Latorre y las inversiones de éste en materia de energía, colisiona con la postura del mismo Juan Carlos Latorre. Este invocó el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que estipula que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.
Los efectos reales del programa “Contacto” en el actuar legislativo de los parlamentarios serán posibles de evaluar cuando la Ley de Concesiones Eléctricas vuelva a ser votada por los plenos de la Cámara Baja y el Senado, una vez que emita su informe la comisión mixta especial que en los próximos días se constituirá para resolver las diferencias que persisten entre ambas corporaciones sobre algunos artículos del proyecto.
Cuando el 2 de julio el proyecto de ley se votó en la Cámara Alta, el senador DC Patricio Walker -cuyo hermano Juan es empresario en ERNC (Energías Renovables no Convencionales)- consultó al secretario de la Cámara Alta, Mario Labbé, por la posible vinculación del proyecto con este tipo de iniciativas, y así determinar si procedía su inhabilitación. Un tercer hermano, el diputado Matías Walker, directamente se inhabilitó en la Cámara Baja.
La respuesta que recibió el senador Walker del secretario Labbé fue que “en el proyecto que está en tabla y que se va a continuar viendo no hay disposiciones sobre energías renovables no convencionales. La única que existía obedecía a una indicación que fue declarada inadmisible en la Comisión”. Y agregó que la Ley de Concesiones Eléctricas sería un “asunto de índole general”, por tanto no aplicaría el criterio de inhabilidad para los senadores con intereses directos o a través de sus familiares en el sector de las energías renovables no convencionales.
A pesar de ello, tanto Patricio como su hermano Ignacio, también senador, no votaron ningún otro artículo (con la sola excepción de uno sobre una admisibilidad que el actual presidente de la DC rechazó). Incluso, en su cuenta de twitter, luego de ser consultado si el motivo para no participar en la votación fue por una especie de autoinhabilitación o por no estar de acuerdo con el articulado, el senador por Aysén respondió: “Las dos razones”.
De todas formas, existe una visible contradicción entre la interpretación que hizo el secretario del Senado y lo que ha sido declarado expresamente durante la tramitación del proyecto de concesiones eléctricas. Primero, en el mensaje presidencial se argumenta en forma destacada que la iniciativa legal sería un “pilar fundamental de las energías renovables no convencionales”. Segundo, en reiteradas ocasiones se ligó el articulado en discusión con las ERNC, llegando incluso el senador UDI Jaime Orpis a expresar que “el proyecto de concesiones eléctricas está absolutamente ligado a contar con el 20 por ciento de energías renovables al año 2025”. Y tercero, tanto Matías Walker como Juan Carlos Latorre, cuando llegó su turno el 10 de julio, se inhabilitaron precisamente por tener conflictos de interés, al igual que lo hizo el diputado DC Jorge Burgos.
¿Seguirán este camino los hermanos Rincón? ¿Se mantendrán en la posición que han adoptado hasta ahora? La respuesta la tienen sólo ellos.
