por Roberto Fernández, académico del Depto. de Psicología de la U. de Chile

Hace ya varios años que se ha instalado en nuestras sociedades un discurso ciudadanista que nos dice que las transformaciones sociales deben darse en el marco del diálogo democrático y racional, donde el intercambio de ideas debe contribuir a la construcción del bien común. En el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado de 1973, este ciudadanismo se ha expresado en peticiones públicas de perdón de diferentes sectores por haber contribuido a la desestabilización social y política de comienzos de los setentas, como si esa desestabilización, en alguna medida, diera sentido y justificara lo ocurrido después.

Sin embargo, la historia nos ha mostrado una y otra vez que los límites al acuerdo ciudadano los establecen las élites, quienes definen el ámbito de lo posible, dictaminando qué cosas pueden modificarse y de qué manera, apelando la mayoría de las veces a la noción de “orden público”. Sin embargo, cuando las presiones de los sectores contestatarios son demasiado fuertes, son estas mismas élites quienes revientan ese orden público para transformarlo y acomodarlo según sus intereses y así asegurar las condiciones de dominación y eliminar las fuerzas disidentes, tal como sucedió con la dictadura militar en nuestro país.

Aún cuando pueda resultar razonable (aunque muy poco creíble) que sectores involucrados en atropellos a los derechos humanos en dictadura pidan perdón, resulta al menos equívoco que quienes fueron víctimas de esos atropellos realicen el mismo gesto. Además de renegar de las razones políticas de lo que hicieron (tratar de transformar una sociedad profundamente injusta), esta petición de perdón (bajo la lógica de que “todos contribuyeron al clima político que llevó al quiebre institucional”) refuerza la idea ciudadanista de que hay ciertas cosas que no deben hacerse, como atacar los intereses y privilegios de las élites.

Este rasgo ciudadanista, propio de la mayor parte de quienes han integrado los gobiernos concertacionistas, no solamente se expresa en el marco de la conmemoración del 11 de Septiembre. También se expresa de forma bastante sistemática en el rechazo a toda forma de cuestionamiento radical del orden social. Recordemos que hace solamente algunas semanas, estos mismos sectores salieron a condenar la ocupación de la Catedral de Santiago en el marco de una manifestación a favor del aborto.

De este modo, una serie de actores “progresistas” han salido públicamente a rasgar vestiduras por esta ocupación, apelando ya sea a supuestos principios de democracia y tolerancia, ya sea a la defensa del patrimonio arquitectónico del edificio invadido. En último caso, han aparecido voces “comprensivas” que entienden lo sucedido, aunque no lo justifican, como si los ocupantes fueran niños pataletudos llevados por una “rabia entendible” pero en definitiva, injustificable.

En sociedades como las nuestras, las posibilidades de generar transformaciones sociales de fondo, ya ni siquiera de tipo global, sino en ámbitos específicos de la existencia humana, como las referidas a las sexualidades y los cuerpos, se encuentran clausuradas. El “debate” e “intercambio de ideas” no es otra cosa que una estrategia para mantener las cosas como están. Hablamos de la dictadura, pero no reparamos en cómo la configuración política, económica y social del presente es el resultado directo de ésta, ni estamos dispuestos como sociedad a intervenir sobre esa herencia. Hablamos de aborto, pero solamente para confirmar que no es aceptable bajo prácticamente ninguna circunstancia.

Visto en una perspectiva histórica, todas las transformaciones sociales importantes se han logrado a través de la lucha de quienes las impulsan bajo distintas modalidades, y el ejercicio de la fuerza ha sido un requisito fundamental para visibilizar y sostener perspectivas radicales. Demostraciones de fuerza, como la ocupación de la Catedral, no hacen sino contribuir al fortalecimiento de los sectores ciudadanos (no ciudadanistas) que impulsan transformaciones de fondo, los cuales van adquiriendo posiciones que van más allá de una opinión pública bien pensante dispuesta a aceptar las migajas que los poderosos estén dispuestas a darles. Como bien reza la consigna, “si la iglesia se mete en nuestros cuerpos, nuestros cuerpos se tomarán las iglesias”. El debate sobre el aborto, y en un sentido más general, sobre los sexos y los cuerpos, es un debate donde lo que se juega es una relación de dominio sobre los cuerpos ciudadanos, a los que se les dictamina las posibilidades y límites de la propia acción sobre sí mismos.

Generalmente, el discurso de resistencia a este esfuerzo de dominación ha estado marcado por la lógica de la resistencia (“no se metan con mi cuerpo”), pero ahora vamos avanzando a una lógica de la confrontación (“no se metan con el cuerpo de nadie”). Esta lógica de confrontación supone una ruptura con las formas clásicas y toleradas de ocupación del espacio público (marchar por donde nos digan, a la hora que nos digan, de la manera que nos digan) y la implementación de acciones de quiebre (de la cotidianidad, de las formas típicas de manifestarse, y porqué no, de los edificios donde se escenifican las liturgias del poder, ya sean políticas, religiosas o del tipo de que sean).

Ojalá podamos promover esta lógica de confrontación en el marco de la memoria sobre nuestro pasado reciente, dejar de repetir las mismas liturgias derrotistas y avanzar en formas de memorialización que, sin olvidar a las víctimas de la dictadura, recuerden las luchas y las resistencia del pasado para resituarlas en el presente, de modo generar condiciones de posibilidad para transformaciones reales y efectivas sobre nuestras vidas tanto individuales como colectivas. Y para eso debemos ocuparnos y ocupar. Ocupar la Catedral, ocupar la memoria, ocupar el espacio público, ocupar la ciudad, ocupar lo que se nos olvida que es nuestro.