Del extractivismo empresarial al activismo judicial

Leyendo una entrevista en la revista Qué Pasa a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, entidad que reúne a la minería Transnacional y Codelco, me sorprendí tanto con los excesos en los que incurría, que me sentí interpelado a escribir estas reflexiones.

Entre otras cosas, se refirió a la conducta de ciertos ministros de la Corte Suprema como de activismo judicial, dando a entender que los argumentos de las comunidades que luchan en marcos de brutal asimetría, para defender su derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación, no tienen validez, por eso requieren de ministros militantes que hagan el favor de validarlos. Soberbia impresentable que desdeña al poder judicial y a las comunidades, es decir a todo lo que se oponga a las brutales tasas de ganancia que les ha permitido acuñar la megaminería química en un país que socializa los costos y privatiza las utilidades. «Hoy nos encontramos con algunas resoluciones que obedecen a una especie de activismo judicial, donde los jueces están resolviendo más en base a convicciones personales que a aquello que señala expresamente la ley», acusó el dirigente minero.

Pero lo cierto es que las comunidades vienen hace décadas interpelando al poder legislativo y ejecutivo, insistiendo vía gobernadores, intendentes, seremis, ministros, presidentes de la república, sobre lo indeseable de determinados megaproyectos extractivos o ligados al extractivismo en los territorios; indispensable resulta decir aquí que como el extractivismo supone la extracción intensiva de territorio y no otra cosa, ese solo hecho, el de vivir en los territorios, otorga autoridad suficiente a sus habitantes para hablar.

Sin embargo, el poder ejecutivo, en la misma línea del Consejo Minero ha optado sistemáticamente por desoír a las comunidades, y peor aún que eso, por fomentar el retroceso o abandono estatal, sobre todo en ámbitos sociales, para que una ínfima parte de los dineros derivados del extractivismo, envueltos en «Responsabilidad Social Empresarial», puedan destinarse a salud, educación, vivienda, cultura, deportes, de modo tal que la misma empresa devastadora del territorio y de los modos de vida que en él subsistían, terminen siendo paradójicamente imprescindibles en el tejido social local.

En este escenario, era cuestión de tiempo que las comunidades comenzaran a buscar otras alternativas para ser escuchadas, pues lo que está en juego cuando hablamos de extractivismo, en la óptica de los territorios, no es «el desarrollo ni el progreso», como le gusta llamar al señor Villarino, sino la vida. En las regiones en las que se ha impuesto la megaminería química, los casos de cáncer se han disparado, el agua escasea en dimensiones alarmantes, y cuando hay, está contaminada, de hecho hasta las mineras están incorporando un bono a sus trabajadores para que compren agua envasada. La agricultura, la ganadería, la artesanía, y con ello las culturas locales, se han transformado en actividades inviables, pese a haber sido el sostén de los pueblos por siglos; pues las tierras se debilitan, las aguas no son confiables -insistimos, cuando hay-, el aire envenena, y todo ello imposibilita no solo estas actividades en términos económicos, sino también para la subsistencia, motivando niveles de dependencia que luego se evidencian en que la gente termina aceptando la muerte lenta, pues ya no conoce la autonomía que antes le permitió vivir.

Para OLCA, como organización que acompaña procesos de comunidades en situación de conflicto socioambiental, resultan temerarias las declaraciones del señor Villarino, y en su lógica, lo convierten en un activista del extractivismo otorgando nulas garantías al país de poder hacer una minería «con altura de miras y que piense en el largo plazo». Quizás por eso mismo más del 75% de los conflictos socioambientales actuales (INDH) tienen relación con minería o con la energía que la minería necesita para funcionar en este país que de cada 100 dólares que exporta 89 son materias primas.

En estas circunstancias solo quedan dos opciones, o debemos suponer que las comunidades de todo territorio nacional están equivocadas cuando deciden defender su derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente libre de contaminación y al agua, o debemos asumir que el poder ejecutivo y legislativo necesitan dejar de oír los cantos de sirena del extractivismo, y escuchar con más atención lo que los territorios y las actividades productivas, no extractivas, del país vienen reclamando hace ya demasiados años.

Sin embargo, no parece ser esto último lo que sucederá de cara a las elecciones, esas que asombran a Villarino por «la carencia de propuestas programáticas para la minería en las dos principales candidaturas a La Moneda», como si los chilenos y las chilenas no supiéramos que vivimos en un país donde lo que realmente importa nadie lo habla. De hecho, a renglón seguido, lanza la aparentemente ausente agenda minero energética que están negociando con la Alianza y la Nueva Mayoría: «la verdad es que muchos de los problemas de la minería son problemas del país, que requieren atención. Se refieren a desafíos energéticos, de soluciones para el acceso a agua, de capacitación y mejora de productividad de los trabajadores, de tramitación de proyectos, del desarrollo de iniciativas que se encuentran con obstáculos relacionados a la falta de vías adecuadas para solucionar las demandas de las comunidades, con la judicialización de determinados permisos, con soluciones judiciales erráticas, y un cierto activismo judicial que lleva a que exista incertidumbre para desarrollar inversiones» cantos de sirena, pero que si no los diagnosticamos a tiempo pueden transformarse en criminalización, profundización de la injusticia ambiental y generación de un clima menos respirable que el producen las termoeléctricas.