Garretón(Texto del libro Plebiscito para una nueva Constitución, leído durante el encuentro ciudadano del pasado 20 de julio)

Este es un encuentro ciudadano. Los ciudadanos y la ciudadanía no son solo un conjunto de individuos que reclaman sus derechos. Son aquellos que se preocupan y participan en las decisiones de los asuntos públicos, de lo que concierne al conjunto de la sociedad. Y para esto existen las instituciones, para acoger, plasmar regular y promover las inquietudes ciudadanas: tanto aquellas que se refieren a los derechos individuales como aquellas que se refieren a la marcha de la sociedad, a su destino. Y la mayor y principal de estas instituciones son las constituciones. La Constitución expresa el modo como una sociedad, un país, quiere vivir y organizarse, cuales son los derechos de sus habitantes. Y cuando las instituciones y la Constitución no responden a este principio de soberanía popular, los pueblos y la ciudadanía se movilizan para transformarlos, para no solo exigir sino para ir construyendo nuevas instituciones y una nueva Constitución. En esto consiste ser ciudadano.

En los últimos años el escenario político y cultural ha cambiado mucho más radicalmente que sus instituciones y sus elites políticas. Lo que crece es la conciencia en diversos sectores que este sistema político institucional heredado de la dictadura y que ha sido corregido parcial y positivamente por los gobiernos democráticos, no da para más y ha perdido su legitimidad. Algunos sostienen que el sistema es legítimo y que los avances conseguidos en estas décadas se deben a la estabilidad que ha producido este mismo sistema. Pero desde el momento en que hay muchos que lo impugnan, que no participan de él, que aumenta la desconfianza y el distanciamiento de muchos, tenemos al menos que aceptar que hay una crisis o conflicto de legitimidad. Y lo que estamos planteando, y lo que el país está pidiendo es que ese conflicto de legitimidad y representatividad se resuelva.

La fórmula que proponemos busca resolver este conflicto y abrir una nueva época por cauces institucionales pero con la participación del pueblo soberano. Del mismo modo en que la ciudadanía terminó con la dictadura a través de un plebiscito, queremos hoy día que se someta a su decisión si queremos o no mantener las herencias de esa dictadura o si queremos superarlas definitivamente.

Porque de eso se trata. La sociedad chilena está atada a su pasado dictatorial por dos grandes cadenas: un modelo socioeconómico construido para generar desigualdades y segregaciones y un modelo político construido para preservar ese modelo socioeconómico. En el marco de esta institucionalidad y Constitución, los problemas del país, cualesquiera sean ellos, no pueden solucionarse. Y si bien una Constitución no es la panacea que resuelve todos los problemas ni la felicidad de los pueblos, es solo en el marco de ella que pueden empezar a buscarse y acordarse la solución a estos.

Las movilizaciones de los últimos años, la creciente desconfianza en los actores políticos y en las instituciones, la falta de participación política en las elecciones, la emergencia de problemas, aspiraciones y actores que no encuentran cauce o respuesta en tales instituciones, han puesto en evidencia dos grandes cuestiones: por un lado la idea de una nueva constitución es hoy hegemónica y mayoritaria. Por otro lado, se ha producido una ruptura, inédita en nuestra historia, de la relación entre el mundo de la política y el mundo de lo social. Las recientes elecciones primarias muestran el interés de un sector de la sociedad en la política, lo que nos parece de gran valor. Pero las permanentes movilizaciones y creciente descontento y la ausencia de vastos sectores respecto de las actividades políticas institucionales, muestran que hay dos mundos consolidados que no se tocan. Lo que nos lleva a afirmar tanto la necesidad de una nueva constitución para Chile como la revinculación entre lo político y lo social. Y no hay mejor espacio para avanzar en ambas cuestiones centrales: la superación de las trabas que nos atan a la sociedad de la dictadura y la ruptura entre lo político y lo social que un proceso constituyente donde definamos el país que queremos ser y la política reencuentre su papel de lugar de debate y solución de las alternativas que la sociedad, sus actores y movimientos plantean.

Los que firmamos el manifiesto que hoy nos convoca hemos planteado no solo un camino, reforma constitucional que lleve a un plebiscito en que la ciudadanía se pronuncie por una nueva constitución y el mecanismo para llegar a ella, y que si la opción mayoritaria es a favor de ello, se convoque a una Asamblea Constituyente cuyo resultado sea refrendado en un nuevo plebiscito. Nos preocupa también el contenido de una nueva constitución. Queremos cambiar esta porque es ilegítima, lo que alude al procedimiento, pero también porque es mala y consagra un tipo de sociedad que no nos gusta. Así, hemos planteado un nuevo papel del Estado, la mayor autonomía de las regiones, una profundización de los derechos individuales y sociales, la protección y desarrollo de la diversidad cultural, la paridad de género, un Estado plurinacional con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, la propiedad nacional de los recursos naturales básicos, un sistema político que asegure el gobierno de las mayorías, la representación y participación. Pero entendemos que sobre muchos de estos temas hay posiciones contradictorias y precisamente por eso hay que generar un procedimiento que asegure que todas las posiciones puedan expresarse y debatirse, y que este debate pueda llevar a grandes acuerdos que sean ratificados por el pueblo. Y por eso el mecanismo no es indiferente y a nuestro juicio el más adecuado es el de un Asamblea Constituyente creada por ley y que asegure participación y representación de todos los sectores sociales y políticos.

Se ha dicho que en Chile nunca las constituciones fueron elaboradas por asambleas constituyentes, sino en forma elitista. Pero lo cierto es que estamos en presencia de una Constitución impuesta fraudulentamente en una dictadura y que nunca, a diferencia de todas las otras, ha logrado legitimarse en el curso de los años ni a través de sus múltiples reformas. Recordemos que Chile es el único país del mundo que después de una larga dictadura que impuso su institucionalidad no ha hecho un proceso constituyente, y el único de América Latina que no ha tenido una Asamblea Constituyente después de la dictadura.

Y por eso estamos reunidos aquí. Para proponer una salida al gran problema de Chile. No somos los primeros, hay ya varias experiencias de movilizaciones y propuestas y ustedes tendrán la oportunidad de ver y escucharlas en este acto. Por un lado las que vienen del mundo social que mostrarán la vinculación entre sus demandas y la necesidad de una nueva constitución. Por otro, las iniciativas en torno a una nueva constitución. Cada una de ellas es autónoma y no necesariamente coincidentes en sus propuestas específicas, pero todas ellas deben converger sin perder su especificidad en un gran movimiento por una nueva constitución, por un plebiscito que abra el camino a la elaboración democrática de ella.

Sabemos que ninguna de las fórmulas propuestas, ni plebiscito, ni Asamblea Constituyente, ni siquiera reforma constitucional para permitir una nueva constitución sin el veto de una minoría, existen hoy en esta Constitución. Pero tampoco estaban contemplados en el marco institucional o la agenda política oficial los grandes temas educacionales o medioambientales o de los pueblos originarios, o en otro momento el de derechos humanos, cuando irrumpieron los movimientos y movilizaciones sociales respectivos. Y ello marca el camino, el de las movilizaciones sociales, el de los debates públicos para obligar a la institucionalidad. Sin movilizaciones y sin un pueblo activo que se moviliza por una nueva constitución, seguiremos indefinidamente atados al pasado con ilusiones falsas de que estamos en un país en progreso.

Pero tales movilizaciones no tienen destino si no encuentran un cauce institucional, es decir si no se vinculan a la propuesta política. Y en este sentido este año abre una posibilidad y una oportunidad de revincular la política, los tiempos políticos, y la demanda ciudadana que hay que aprovechar: llamamos a todos los candidatos a debatir y pronunciarse sobre este tema en términos concretos y queremos comprometerlos en este empeño. Hagamos de este año electoral y de las elecciones ya sea a través de fórmulas como marcar el voto o emplazamientos a los candidatos o cualquiera otra, un verdadero referéndum simbólico sobre el tema constitucional; convirtámoslo en el eje programático principal de la campaña. Y, por supuesto, mantengamos esta cuestión vigente más allá de las mismas elecciones, cualesquiera sean sus resultados, y convirtámoslo en exigencia histórica para las nuevas autoridades.