Trabajadores del Estado a honorarios son tres veces más que hace nueve años

En casi una década, la cantidad de funcionarios a honorarios en el Estado se triplicó. Así lo arrojan los datos emanados de la misma Dirección de Presupuesto (Dipres), cifras oficiales que revelaron que de los 11.694 funcionarios bajo esta condición que había hace nueve años, hoy los trabajadores que boletean, suman al primer semestre de este año un total de 30.858.

Esto significa que un 12% del personal en el aparato público están en dicha condición contractual, dejando al resto con un 34% como empleados de planta, un 52% bajo la modalidad de contrata y el 2% restante contratado bajo el Código del Trabajo.  Las cifras arrojaron además que el total de estos trabajadores, excluyendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, suman en total 249.278 personas, equivalente al 10% de la fuerza laboral activa.

A esto se suma además que, según datos de la ANEF, un 57,5% del total son mujeres, y en la modalidad de trabajo a contrata, ellas desempeñan un 61,9% de dichas labores, porcentaje similar al que se exhibe en las que trabajan a honorarios. Esto se agrava aún más cuando se observan cifras de un estudio del Sernam y la ANEF, el cual concluye que las funcionarias perciben sueldos un 30% menor al de sus compañeros de labores, una brecha cercana al promedio a nivel nacional.

Dichos datos surgen en medio de la negociación entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en la búsqueda de un reajuste del 8,8%.

El Estado como empleador

La precarización laboral en el sector público ha sido fuente de preocupación de los dirigentes hace años. Sin embargo, claramente los acuerdos a los que han llegado con los últimos dos gobiernos no se han cumplido, y la cantidad de trabajadores a contrata y a honorarios crece exponencialmente, situación que refleja que el Estado, como empleador, no está dando el ejemplo, pues cabe recordar que dichos funcionarios no cuentan con derechos previsionales, laborales, maternales ni menos sindicales.

Según comentó Paul Laulié, secretario técnico de la ANEF y dirigente nacional del SERNAC, en 2003 el Congreso firmó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda en el cual se establecieron criterios para que gran parte de los trabajadores a honorarios pasaran gradualmente a contrata, situación que explicaría que la mayoría de los funcionarios públicos hoy esté bajo dicha modalidad. Sin embargo, cuestionó las políticas de contratación de las últimas administraciones, en especial del actual gobierno, señalando que detrás de dichas acciones se busca jibarizar al Estado.

“Acá el tema no son las buenas o malas intenciones, es respecto de la visión de Estado, de la función que se cumple y el rol de los funcionarios públicos en la administración. Las últimas administraciones, y sobre todo la última, tienen una visión del Estado que es de jibarizarlo, externalizarlo y entregar recursos a privados para que cumplan las funciones del Estado, y eso significa menos empleo y empleos precarios, de menor calidad. Eso no tiene que ver con la voluntad de cada uno de los interlocutores, tiene que ver con que hay cambio de paradigma respecto de la función del Estado”, analiza Paul.

Ante esto, el miembro de la ANEF señaló que un cambio en la legislación laboral es urgente, así como también que se respete el Estatuto Administrativo, el cual señala que ninguna repartición pública debe contar con más del 20% de sus funcionarios bajo la modalidad de honorarios. No obstante, señala que dichos cambios deben venir acompañados con  un nueva Constitución. “Cuando hoy día se ha planteado por parte de la ciudadanía la necesidad de una nueva Constitución, entendemos que una nueva Constitución no es solamente una carta de navegación del país en cuanto a las reglas para toda la ciudadanía, sino que también en el rol del Estado, en su tamaño y cómo entiende a los funcionarios públicos, porque somos nosotros los que ejecutamos las políticas públicas, los que damos la cara a la ciudadanía todos los días”, finaliza Paul.

Las promesas sin cumplir

Para el diputado Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, las últimas administraciones no han sabido cumplir con los funcionarios públicos. “Ahí hay una deuda pendiente con los empleados públicos, hay muchas otras, pero una de ellas es la estabilidad laboral. Ha habido promesas de todos los gobiernos y no hemos sido capaces de cumplirlas, así que ojalá en el futuro podamos darle la tranquilidad a los trabajadores del sector público otorgándoles la estabilidad que se merecen”, señala el diputado PPD.

Según comentó el diputado por el distrito 27, las responsabilidades de que hoy no se esté dando cumplimiento al Estatuto Administrativo recaen en cada uno de los anteriores gobiernos, y enfatizó que las consecuencias de que el aparato estatal no dé el ejemplo repercuten en las conductas abusivas que también se detectan en el mundo privado. “Si el Estado no es capaz de cumplir con esto, muchas veces nos cuesta a nosotros pedirle al sector privado que cumpla la ley. Esto está en el estatuto administrativo pero siempre se buscan subterfugios para esquivar la ley pero en el estatuto está claro. Conozco personalmente gente que ha trabajado durante 20 años en el sector público y cuando les ha tocado irse no les han dado ni las gracias. Eso no puede seguir sucediendo y nosotros tenemos que buscar una solución”, aseguró Jimenez.

No obstante, el diputado PPD aclara que toda solución debe realizarse de manera gradual, ya que  traspasar  de un día para otro a los trabajadores a honorarios hacia una condición más beneficiosa, significaría un gran costo para el Estado. “Yo entiendo que no todos pueden pasar de un día para otro de ser a honorarios a contrata, o de contrata a planta, porque es un costo tremendo para el Estado. Pero si hay un compromiso, esto se tiene que ir haciendo gradualmente y es la gran deuda que tenemos con el sector público”, comentó Tucapel Jiménez.