Desde la segunda mitad de la década pasada el mundo ha estado marcado por la protesta social. La prensa internacional  ha contextualizado cada levantamiento civil como un fenómeno mundial que a menudo ha sido descrito como la revolución del 99% (en SpainRevolution: “Somos la mayoría, somos el 99%), haciendo referencia a todas las personas que no detentan poder político ni económico, y por lo tanto ven sus vidas arrastradas por las decisiones de cúpulas de poder fáctico y político : el 1% de la sociedad.

En Chile el diagnóstico es similar. En 2011 el movimiento estudiantil se alzó con carácter transversal y ciudadano, junto a otras demandas que mediante la protesta y la movilización fueron abarcando mayor espacio en la esfera pública. En ese sentido, las marchas contra la discriminación homosexual, contra Hidroaysén, por la legalización de marihuana, entre otras, se consolidaron como expresiones ciudadanas válidas para instalar un discurso de cambio, un discurso político.

Movimiento Indignados en España

Movimiento Indignados en España

Pero más allá de la protesta y de lo que ésta significa, ¿existen otros canales de participación democrática que permitan a los pobladores y trabajadores instalar sus ideas en el debate público? En una democracia robusta, como algunos catalogan a la chilena, dichos canales debiesen existir. Pero no.

Vamos a la génesis del problema…

Hacia el año 1949, el sociólogo inglés Thomas H. Marshall describió el concepto de “ciudadanía”  como una condición que asegura que cada cual sea tratado como miembro de una comunidad, en tanto se le otorgan una serie de derechos cívicos, políticos y sociales. Según el autor, este sentimiento de pertenencia a una sociedad política disminuiría los altos grados de exclusión de las clases obreras.

¿Qué factor común tienen las movilizaciones a nivel mundial?

De acuerdo a la cobertura mediática, los ciudadanos están insatisfechos con los canales institucionales democráticos. Ejemplo de ello es que las manifestaciones no son solo en contra de ciertas disposiciones oficiales, sino que además piden la salida de un gobierno -como ocurre en España con el presidente Mariano Rajoy y sus políticas de recorte en el gasto público-, o, en el caso local, la renovación total de la Constitución del dictador. En sí, los alzamientos civiles son contra el modelo.

Actualmente, la definición de Marshall parece no dar el ancho. Pese a que las personas compartan derechos comunes, muchos de ellos se sienten excluidos de esta comunidad. Mujeres, jóvenes, pueblos originarios, minorías religiosas, sexuales y un largo etcétera salen a las calles para decir que pese a ser ciudadanos, se ven marginados no por su condición socioeconómica, sino por su identidad sociocultural.

Marcha de Pueblos Originarios en Chile

Marcha de Pueblos Originarios en Chile

¿Se siente efectivamente representada la gente por los gobiernos que elige? Esa respuesta no nos corresponde, pero sin duda, dado los hechos alrededor del mundo, existe una clara diferencia de sintonía.

En Chile, la tensión que existe entre las movilizaciones sociales y los gobiernos no es retratada en la prensa tradicional. Esto, a razón de la concentración de los medios y la corriente histórico-política a la que representan.  En ese sentido, no se dan las condiciones necesarias para que los medios de comunicación sean dinamizadores de la opinión pública, y mucho menos un canal de participación disponible para el ciudadano común.

Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? La principal culpable de esta situación se llama democracia liberal. Es más, el concepto de ciudadanía propuesto por Marshall se da en este sistema político que, con el fin de la guerra fría, se masificó, instauró y globalizó.

Chantal Mouffe, filósofa y politóloga belga, explica que este tipo de organización sociopolítica está basada en los consensos. Es decir, niega la dimensión antagónica que según la autora es constitutiva de lo político e instaló en el sentido común que la violencia y la hostilidad son practicas propias de los enemigos de la democracia.

Su argumento se basa en que para la determinación del antagonismo se pasa de categorías políticas a categorías morales. De este modo ya no se habla de proyectos políticos que pongan en cuestión la configuración de la sociedad en torno a las relaciones de poder, sino del bien y del mal, de lo que es correcto o negativo para “el bien común”.

Lo que no se reconoce es que, al fin y al cabo, este juego del bien común significa solamente el posicionamiento de una idea hegemónica por sobre otra. Particularmente en Chile, desde el movimiento estudiantil de 2011 hemos escuchado a las autoridades de gobierno apelando a “ir más allá de las izquierdas y las derechas”, y combatir en conjunto contra encapuchados que son “enemigos de la democracia”.

Entonces, ¿qué pasa con los proyectos políticos y formas de ver la vida que quedan fuera del bloque del poder? ¿De qué forma canalizamos los antagonismos históricos de manera que las contradicciones no terminen en conflictos violentos y traumáticos? Para Mouffe, la solución radica en promover una esfera pública de lucha, en donde los proyectos sociopolíticos se enfrenten y de esa manera, los excluidos sean considerados interlocutores válidos para generar discursos políticos.

El papel que juegan los medios de comunicación en este ámbito es de suma importancia, pues es a través ellos que los diversos discursos políticos logran posicionarse en el centro del debate. En ese sentido, es necesario un cambio profundo en la ley de medios chilena, que otorgue la posibilidad a las comunidades de levantar sus propios periódicos, que tengan el derecho de gestionar radios locales y comunitarias, para así entender a cada habitante del país como un sujeto político movilizado, que participa y se hace cargo.