Los niños y niñas en Chile no cuentan con una legislación adecuada para la protección de sus derechos. ¿La razón? Las políticas de infancia están basadas en la visión de sociedad que predominaba en los 50, de la familia tradicional, lo que dejaba a los niños y niñas fuera de esos parámetros en las cárceles y hogares especiales para ellos. Un diseño institucional que de acuerdo a Osvaldo Torres, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central e importante investigador en la materia, sigue predominando hasta la actualidad.

Día Internacional del Niño

El académico Osavaldo Torres cuenta con una extensa carrera en la investigación respecto de las políticas de infancia en Chile.

Para el académico que formó parte de ACHNU (Asociación Chilena pro Naciones Unidas), la deuda en la materia está graficada en un hecho muy concreto: “no se ha formulado un instrumento autónomo, como lo tienen todos los países de América latina, que son los famosos Defensores de la Niñez, con presupuesto propio, con personal profesional capaz de defender y de representar a los niños cuando sus derechos entran en conflicto con los del propio Estado”.

En entrevista con ElDesconcierto.cl, Torres repasó los conflictos actuales que rodean a la niñez, y destacó la importancia de politizar el debate: “Al final, la amplia mayoría tiene una aproximación de la bondad, desde la filantropía, o desde la caridad con la situación que viven los niños. Eso le hace un flaco favor a la idea de que tenemos un pleno cumplimiento de sus derechos, porque todavía no se considera en su dimensión política lo que implica respetarlos, que implica la reforma legislativa, la reforma a la institucionalidad en función de los niños, la creación de órganos autónomos que realmente puedan defenderlos, entre otras cosas”, señaló.

-¿Cómo se analizan las políticas de infancia a nivel nacional considerando este hecho tan icónico de que el Día Internacional del Niño se celebre hoy, sea el oficial, pero el mercado cambió la fecha para agosto y también su sentido dejándolo en algo puramente comercial?

– Efectivamente, el día comercial del niño, que es en agosto, ha adquirido mucha mayor relevancia que el día en que la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, por qué se produce eso, probablemente porque, al menos en Chile, la fuerza que tiene la empresa hace que la lógica respecto de la venta de artículos se asocie a un nicho específico que son los niños, y por esa vía relegan el día del niño al de un niño consumidor. Es decir, que los padres están obligados a consumir. De alguna manera, el niño consumidor es como una persona que decide lo que le pueden comprar ese día, y en qué cosa lo pueden gratificar a él, y de alguna manera se releva un poder de decisión que en otros ámbitos, otros niños no tienen. Por un lado, el niño popular que viene de una familia que tiene escaso poder de consumo, no sólo no pasa un buen día del niño, sino que además tampoco lo dejan decidir respecto a lo que puede satisfacer sus necesidades de diversión, sino que también los niños que están privados de libertad, o que viven en hogares residenciales, tampoco lo tienen. Mientras que al día que se reconoce como el Día Internacional del Niño, que recuerda el día que se firmó la convención, los gobiernos y mercados no le ponen la fuerza suficiente, quizás por lo mismo, porque no se ve al niño como un sujeto con plenos derechos. Y como en Chile hay una deuda notable respecto de una legislación que pueda proteger los derechos que la convención reconoce, pasa desapercibido.

– Uno de los casos emblemáticos que afectan a los niños en Chile es el de los niños mapuche, que están constantemente siendo allanados e incluso han resultado heridos en sus comunidades por el actuar de Carabineros, ¿Cómo se ve esta desprotección de los niños en este caso específico de niños de una nación que viven un conflicto aparte con el Estado?

“Esto lleva a reflexionar sobre la incapacidad del Estado de Chile de dotarse de los mecanismos institucionales autónomos que sean capaces de defender los derechos de todos los niños y niñas chilenos, y en particular los niños de origen mapuche”.

– Tal como dices, acá hay un problema que es del grado de reconocimiento que el Estado de Chile le hace en particular al pueblo mapuche, y ahí hay un tema no menor de que el reconocimiento constitucional, no sólo a la cultura sino que también de su propia representación dentro del Estado de Chile, no existe. Hay dos importantes informes de los relatores especiales de pueblos originarios, que han visitado el país, en distintas oportunidades. Una de ellas fue el año pasado, donde el relator expresa su preocupación por la falta de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y a su vez por el tipo de intervención que el Estado de Chile hace en el territorio mapuche, utilizando una violencia desmedida, lo que no protege los derechos de los niños. Incluso hay una queja del relator por el uso de la Ley Antiterrorista en los territorios mapuche. Entonces, hay por un lado un tema de que el Estado chileno todavía no es capaz de asumir el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios,  en el plano pleno que lo exige el Convenio 169 de la OIT, y por el otro lado, en el Comité de Derechos del Niño, que es el encargado ante Naciones Unidas de monitorear el cumplimiento de los derechos, desde el año 1997 viene expresando su preocupación porque el Estado no reconoce los derechos específicos de los niños mapuche, respecto del acceso a su lengua materna y de las condiciones de violencia policial en las que se tienen que desarrollar y crecer.

Y tal es así, que incluso UNICEF, en la oficina de acá, tiene un programa que debe llevar unos 10 años, en donde intentan capacitar a las fuerzas policiales respecto de las características específicas que tiene el pueblo mapuche, y el tratamiento que deberían tener con los niños en un zona que está en conflicto. Esto lleva a reflexionar sobre la incapacidad del Estado de Chile de dotarse de los mecanismos institucionales autónomos que sean capaces de defender los derechos de todos los niños y niñas chilenos, y en particular los de origen mapuche.

– A nivel nacional nos encontramos que en lo educacional, existe una prueba como el SIMCE, y resulta que tenemos un menor fallecido en medio de la prueba de educación física, que es una de las pruebas, y que son todas cuestionadas por el nivel de presión que ejercen sobre los niños, ¿eso también vulnera algunos de los derechos del niño contemplados en la convención?

“Como efecto de rebote de esta prueba, que no vulnera los derechos del niño, sí termina por vulnerar el derecho a una educación de calidad en tanto no es un instrumento útil para el cumplimiento de ese deber”.

– Desde la perspectiva en que está codificada la convención, no vulnera los derechos. El punto sí es que ahí hay dos temas en debate. Uno, si la aplicación del instrumento de medición de la calidad ayuda o no a mejorar un derecho que es el derecho a una educación de calidad. Y, en ese rango, la experiencia indica que el SIMCE no es un buen instrumento para mejorar la calidad de la educación. Porque, por una parte, no está comprobado de que efectivamente mida calidad de la educación porque los colegios, como respuesta a esa medición, lo que hacen es entrenar a los estudiantes para responder la prueba SIMCE en vez de mejorar los métodos pedagógicos que permitan un alcance de mejores estándares. Y segundo, la medición impacta negativamente en la calidad de la educación, como también está comprobado, porque ayuda a segmentar aún más los colegios que aceptan a niños que tienen buen rendimiento respecto de aquellos que tienen un rendimiento deficitario. Entonces, como efecto de rebote de esta prueba, que no vulnera los derechos del niño, sí termina por vulnerar el derecho a una educación de calidad, en tanto no es un instrumento útil para el cumplimiento de ese deber.

– Precisamente sobre este cambio de la niñez, hay un estudio internacional que postula que los niños han perdido resistencia física en los últimos 30 años, es decir que corren más lento que los niños de antes, en ese sentido ¿cómo impactan las políticas de alimentación sana que se impulsan hace años con la aplicación de kioskos saludables y otras medidas similares?

– El tema de la obesidad infantil, en el que Chile tiene un indicador que es preocupante, te puedes dar cuenta del retraso que hay en la formulación y reconocimiento de nuevos derechos para los niños. Porque cuando se hizo la convención en el año 89, que es básicamente una pensada y elaborada por funcionarios internacionales de países desarrollados, lo que ellos están pensando es en la desnutrición infantil más que en la obesidad infantil. Se pensó más en un niño que no tiene acceso a una atención de salud de sobrevivencia, o no tiene acceso a ni siquiera a una enseñanza primaria. Mientras que, al menos en el Chile de hoy, los temas son otros. No es la cobertura de la educación, sino que es la calidad de la educación que está recibiendo ese niño. No es la sobrevivencia infantil, aunque en algunas comunas de la Novena Región,  particularmente son del pueblo mapuche, los indicadores están bastante por debajo de la media nacional, pero no son los temas más determinantes. En tanto -en este caso el problema de la obesidad- se asocia a la necesidad de regular los mercados de la alimentación de los niños porque la comida chatarra, efectivamente, no solo puede ser más barata, sino que también está más alcance de los padres y de los propios niños. Mientras el mercado queda desregulado para poder vender cualquier porquería a los niños, el derecho del niño no se puede hacer efectivo porque no hay control estatal sobre eso. Entonces, en esa complejidad, una campaña por comer sano es positiva.  Pero mientras el Estado no se haga cargo de la protección de la salud en esta dimensión, no sirve de nada porque tiene la responsabilidad de proteger a los niños de una comida que termina siendo un veneno.

– Uno de los casos que reflejan cómo opera el mercado en la actualidad es el ejemplo de Kidzania, que cuenta con una lógica cuestionable de cómo se relacionan los niños con su futuro ¿cómo se explica esta conducta también por parte de los padres, que son los que los llevan a estos lugares en los que está todo comercializado?

“Sería bueno tener un Kidzania de la formación cívica, de cómo los niños pueden aprender a convivir sin hacerse bulling entre ellos, y como pueden convivir aprendiendo a que no sean abusados por pedófilos, como pueden aprender a participar y a tomar decisiones en su familia, en su colegio, y en la sociedad”.

– Kidzania es algo así como la torre de Paulmann para los niños.Chile se compró la idea de la torre Paulmann, con todo lo que eso significó de sobrepasar los planos reguladores y el impacto de las mediciones medioambientales. En definitiva, expresar que el mercado es más poderoso que toda ley de regulación urbana, y que como el mismo Paulmann lo señaló, que la decisión empresarial es en sí misma buena para el país, porque son ellos los que hacen grande a Chile. Con esa filosofía, uno puede decir que Kidzania es la analogía a nivel del mundo de los niños. Es decir, pueden montar lo que es el funcionamiento del libre mercado, y enseñarles a los niños cómo operar en ello, porque en definitiva los padres de aquellos niños están convencidos de que la mejor sociedad es la del libre mercado. Entonces, siendo bondadoso, uno podría decir que ellos están en su libertad a llevar a sus niños a aquella diversión de mercado.

Lo que quizás sea preocupante en la política de mercado de Kidzania es que se introdujo la necesidad de amarrarlo a los colegios para que ellos sean quienes envíen a los estudiantes, y eso implica que la educación que se está entregando es para que los niños operen en una sociedad de mercado, cuando se supone que la educación debería preocuparse de que los niños aprendan a vivir en sociedad. Entonces sería bueno tener un Kidzania de la formación cívica, de cómo los niños pueden aprender a convivir sin hacerse bulling entre ellos, y como pueden convivir aprendiendo a que no sean abusados por pedófilos, como pueden aprender a participar y a tomar decisiones en su familia, en su colegio, y en la sociedad. Entonces, si el Estado estuviera preocupado de eso, podría digamos también invertir en juegos de ese tipo.