ley antiterroristaJosé Antonio Ñirripil hoy ya es mayor de edad, pero no lo era cuando fue acusado por un incendio en el “Fundo Brasil” ubicado en Vilncún, hecho ocurrido el 11 de septiembre en 2009. El comunero, que enfrentó otras causas similares, se mantuvo en huelga de hambre en 2010 junto con otros presos políticos mapuche, lo que logró la modificación de la Ley Antiterrorista, con la promesa legislativa que no sería aplicada a menores de edad.

Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, el joven fue condenado por incendio simple sin invocar la ley pero haciendo uso de ella en el proceso judicial, específicamente de uno de sus artículos más polémicos, el que permite a los testigos hacer uso de la delación compensada.

Es por ello que durante la jornada de este lunes, se desarrollaron en la Corte Suprema los alegatos correspondientes a la solicitud de anulación del juicio contra Ñirripil, dado que la única prueba que usó el Tribunal Oral de Temuco para la sentencia se basó en un testimonio amparado en una legislación que es altamente cuestionada por organismos internacionales, ya que viola el derecho al debido proceso de los imputados.

Así lo explicó el coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva. “El principal cuestionamiento a la ley antiterrorista está en los procedimientos para la generación de pruebas que son reñidos con el debido proceso. En este caso se dice ‘no se está usando la ley antiterrorista’, pero es claro que se está aplicando. Quizá no se le está condenando por esos delitos, pero sí se le están utilizando subterfugios legales procedimentales que están bajo el alero de la ley antiterrorista para condenar a una persona que al momento de los hechos era menor de edad. O sea, toda reforma legal que se lleva a cabo para no aplicar esta ley contra menores de edad, se va por el piso en este caso”, expresó

Los resultados de los alegatos para anular el juicio contra José Antonio Ñirripil se conocerían en al menos un plazo de 20 días.

Infancia marcada por la violencia estatal

El conflicto por la recuperación de tierras ancestrales tiene enfrentado al Estado de Chile con varias comunidades mapuche en el Bío Bío y la Araucanía, donde la política de los sucesivos gobiernos ha sido clara: represión y militarización del conflicto. La consecuencia de dicha respuesta ha dejado varias víctimas fatales, entre las que destacan la muerte de Matías Catrileo el 3 de enero de 2008 y la del comunero Jaime Mendoza Collio, en agosto de 2009.

Luis García-HuidobroEs en este contexto en el que han crecido muchos de los jóvenes que hoy están siendo procesados, y que de acuerdo con el sacerdote jesuita Luis García-Huidobro, un conocido defensor de la causa mapuche, tiene una antigua y triste tradición de violencia en la zona. “Todos estos jóvenes que hoy están movilizados por sus tierras, sean mayores o menores de edad, fueron niños que crecieron con la represión durante el gobierno de Ricado Lagos y el de Michelle Bachelet. Eran los niños que aparecían en los informes de esos años que hizo el Sename, los de UNICEF, los típicos informes sicológicos a los niños de las escuelitas en que los niños de 4° o 5° básico dibujaban peleas entre los pacos y el mapuche. Son ellos, en eso estaba durante esos gobiernos, y hoy día están enfrentando la cárcel”, comentó.

Según García Huidobro, que actualmente es parte de la Misión Mapuche Jesuita en Tirúa, esta situación también la vivieron los padres de estos jóvenes, quienes sufrieron la Contrarreforma Agraria de Pinochet, que entregó los fundos a la actuales forestales Minínco y Arauco, y que durante los años 70 fueron escenario de ocupación militar, represión y tortura para los comuneros.

“Que digan que no van a aplicar la ley antiterrorista no me parece ningún aporte a la discusión, porque de hecho no se está invocando en la mayoría de las causas, pero se están utilizando los testigos secretos, para el caso da lo mismo”

Dicho diagnóstico es compartido por Hernando Silva, del Observatorio Ciudadano. “Hay una situación de violencia que se viene repitiendo históricamente. La famosa espiral de violencia, que le llaman. Entonces hay un caldo de cultivo para la violencia producto del actuar policial, con niños que crecen viendo la violencia y en otro caso incluso el peso de la maquinaria judicial, como ahora con José Antonio, y varios otros. Ellos viven la violencia física a través de los allanamientos, y también la simbólica con los procesos judiciales, y la violencia material que significa el encarcelamiento”, analizó.

Silva cuestiona además el foco del conflicto y asegura que de haber dirigidos los esfuerzos estatales en responder las demandas de fondo del movimiento mapuche, el Estado habría destinado casi la misma cantidad de recursos en comprar las tierras en vez de enjuiciar y reprimir militarizando la zona de conflicto.

Cuestionan promesa de campaña de Bachelet

allanamiento_mapuchesUno de los pocos aspectos que contempló el programa de gobierno de la presidenta electa en materia indígena fue la no aplicación de la Ley Antiterrorista (más detalles acá). El coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, manifestó su incredulidad respecto a la promesa y planteó que no es un ámbito que le competa directamente al ejecutivo. “Más que una promesa, es un ámbito legal. Una reforma legislativa mediante la cual se prometió no usa más la ley antiterrorista a menores de edad. Y esta reforma legal está siendo desconocida por parte de la institucionalidad, ya que igual se están utilizando procedimientos de esta ley a personas que eran menores cuando se le imputaron los hechos. Ahora, que la presidenta Michelle Bachelet diga que no va a aplicar la ley antiterrorista, no es la primera vez que lo hace. En 2007 también manifestó lo mismo. Y en el 2008 comenzó un proceso de aplicación de la ley antiterrorista, que son los juicios que se están llevando a cabo”, comentó.

Por su parte, el sacerdote jesuita Luis García Huidobro también fustigó las reales implicancias de esta promesa, pues la normativa sigue siendo utilizada por los tribunales de garantía. “Que digan que no van a aplicar la ley antiterrorista no me parece ningún aporte a la discusión, porque de hecho no se está invocando en la mayoría de las causas, pero se están utilizando los testigos secretos, para el caso da lo mismo. Yo preferiría sinceramente que ellos invocaran la ley antiterrorista cosa que la atención internacional se volcara sobre estos hechos”, finalizó.