La Constitución de 1980: una constitución tramposa

(Texto del libro Plebiscito para una nueva Constitución, de Ediciones El Desconcierto. Leído durante el encuentro ciudadano del pasado 20 de julio de 2013).

Es necesario identificar correctamente el problema.

Al promulgar la reforma constitucional de 2005, el Presidente Ricardo Lagos dijo que desde entonces la Constitución pasaba a ser “un piso institucional compartido”. Esta pretensión fracasó: hoy estamos de nuevo discutiendo no sobre reformas constitucionales, sino sobre nueva constitución. No es responsable hablar de nueva constitución sin tener una explicación para ese fracaso.

El problema constitucional es que las reglas constitucionales vigentes, y que la Ley 20.050 no modificó, encierran una trampa. Esta trampa fue algo explícitamente buscado por quienes redactaron la Constitución de 1980. En palabras de su ideólogo principal, Jaime Guzmán, la finalidad de esas reglas constitucionales era que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Es decir, se trataba de manipular las reglas para que solo la derecha pudiera ganar, para que ella ganara incluso cuando perdiera. Es la metáfora utilizada por el propio Guzmán lo que identifica el problema: un juego tramposo.

Las trampas a las que me refiero son un conjunto de “cerrojos”, es decir dispositivos que impiden a un gobierno hacer algo distinto de lo que la derecha anhela. Esos cerrojos han desempeñado la función que tenían y algunos de ellos se han ido quemando con el tiempo y el uso. Eso explica que desde 1989 haya habido algo que en términos constitucionales puede parecer “progreso”. Así, por ejemplo, los senadores designados fueron cruciales para evitar que la Concertación tuviera, durante los años noventa, mayoría en ambas cámaras. Pero con el correr de los años, la Concertación quedaba cada vez más en posición de designar senadores afines, por lo que el cerrojo dejó de cumplir su fin y de hecho amenazaba en convertirse en lo contrario. Entonces la derecha concurrió con sus votos a eliminar los senadores designados, en 2005.

Otros cerrojos se habían quemado y eliminado antes: el infame artículo octavo fue eliminado en 1989. La reforma de 2005 fracasó porque eliminó cerrojos que ya se habían quemado y dejó en pie los que estaban todavía vivos. Esos cerrojos son los que hoy impiden solucionar el problema constitucional, porque ellos son el problema constitucional.

Conviene identificarlos claramente. Se trata del sistema electoral binominal, de los quórums superiores a la mayoría para la aprobación de la ley y de la competencia preventiva del Tribunal Constitucional. A estas tres trampas o “cerrojos” es necesario agregar uno adicional, un “meta” cerrojo (es decir, un cerrojo que protege los cerrojos): los quórums de reforma constitucional, que actualmente son de 60 o 66 por ciento de los diputados y senadores en ejercicio. Este es un quórum exagerado (bajo la constitución de 1925 el quórum de reforma constitucional era de mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio).

El problema constitucional es la existencia de instituciones fundadas en y que contienen una trampa, que implica que lo que se manifiesta en las elecciones es políticamente indiferente: porque no importa mucho quién gane y quién pierda, porque una mayoría parlamentaria no puede hacer reformas considerables sin la aprobación de la derecha, y porque si llega a lograrlo serán invalidadas por el Tribunal Constitucional (“un poder fáctico”, como dijo el senador Camilo Escalona, cuando entendía el problema constitucional). Y todo esto, cubierto por el meta-cerrojo de quórums exagerados de reforma constitucional.

Una nueva constitución es una constitución sin trampas. No el reemplazo de una trampa de derecha por una trampa de izquierda, sino una constitución sin trampas, en la que ganar sea ganar y perder sea perder.

Las instituciones políticas son estables cuando corresponden al grado de desarrollo político de un pueblo. La pregunta hoy es: ¿es compatible el grado actual de desarrollo político del pueblo chileno con una institucionalidad tramposa? Instituciones tramposas pueden someter al pueblo por la fuerza durante 17 años primero y por otros 20 o más después, si el trauma es suficientemente grande.

2005 fue el año en que la pérdida de la inocencia constitucional comenzó, y con ella un aumento progresivo del desajuste entre el desarrollo político del pueblo chileno y la institucionalidad tramposa. Por su parte, 2011 fue el año en que se hizo políticamente explícito que los términos fundamentales de la vida común son los que quiso Pinochet o sus partidarios.

Esto explica varias cosas: en primer lugar, la llamada “crisis de legitimidad”. El desprestigio de las instituciones representativas se explica porque son ellas las que reflejan la futilidad a la que queda reducida la política dadas las trampas constitucionales. Es irrelevante que el pueblo se manifieste, por ejemplo, por el fin de la educación provista con fines de lucro, porque no corresponde al pueblo, a través de la agencia política, decidir sobre eso: corresponde a los herederos de Pinochet, que siempre tendrán su veto disponible para evitar esa reforma. Pero entonces la política institucional (en el Parlamento, etc.) es un remedo, nada realmente importante se juega en ella.

La otra dimensión de lo ocurrido durante 2011 es el juicio con el que ha debido cargar quien representa especialmente la decisión de aceptar las trampas: la Concertación. Ella se transformó en el símbolo de lo que en 2011 fue rechazado: la disposición a aceptar las trampas con la finalidad de asegurar estabilidad. Por eso lo que en su momento fue una demostración de seriedad y responsabilidad política, aquello de lo cual hasta 2011 la Concertación estaba orgullosa –la ampliación de la matrícula de la educación superior gracias al crédito con aval del Estado y el acuerdo que hoy se ridiculiza llamándolo “de las manitos alzadas” son dos ejemplos evidentes– es hoy visto como demostración de que la Concertación traicionó el espíritu del 5 de octubre.

No importa ahora si este juicio contra la Concertación es justo o injusto. Lo que importa puede quizás ser expresado gráficamente con una metáfora física: afuera de las instituciones tramposas se está acumulando presión política, porque ellas están cumpliendo el fin para el cual fueron creadas. Esto implica que esa presión no puede manifestarse institucionalmente, y queda entonces fuera de las formas institucionales (“en la calle”), produciendo el efecto que el agua produce cuando fluye constantemente alrededor de algo: erosión. Mientras mayor la demanda por “cambiar el modelo”, mayor la presión, mayor la neutralización y mayor la erosión.

Esto aparece como pueda aparecer: como baja de la participación electoral, como descrédito de las instituciones que representan la política institucional (los partidos políticos, el Parlamento), como crítica genérica a la “clase política”, etc.

La pregunta, entonces, no es si la institucionalidad tramposa en algún momento va a ceder. La pregunta es cuándo, y en qué condiciones. Y qué es lo que se va a llevar por delante.

Porque no cabe duda de que las instituciones pueden neutralizar la agencia política del pueblo por algunas décadas, hasta que el pueblo haya alcanzado un grado de desarrollo político suficiente. Entonces, como enseña la experiencia (especialmente la latinoamericana), pasará lo que tenga que pasar para que esa correlación sea restablecida. “El problema constitucional tendrá que solucionarse por las buenas o por las malas”. Esto no debe ser interpretado como una amenaza, sino como un diagnóstico sombrío.

¿Cómo solucionar el problema?

Como ustedes saben, recientemente se ha dado a conocer un acuerdo logrado con Renovación Nacional para modificar el sistema electoral en la Cámara de Diputados, aunque manteniendo ese sistema para la elección del Senado. El senador demócrata cristiano que más ha defendido ese acuerdo ante la opinión pública ha lamentado esto último, diciendo que “38 senadores se mantengan con el binominal no me gusta, pero si nos poníamos maximalistas no había acuerdo”. Esto es un reconocimiento explícito de la operación de los cerrojos constitucionales: no es posible eliminar el sistema binominal a través de las reglas del capítulo XV de la Constitución.

Quien quiera entender lo que esto significa, que lo entienda. El mismo senador decía que el fracaso de la vía institucional daría “la razón [a quienes] dicen que es imposible hacer cambios dentro de la institucionalidad”. Y esto es lo que ha quedado demostrado.

Espero que el punto pueda ser bien entendido: no se trata de abogar por la acción “rupturista”, sino de entender nuestra situación sin dejar que nuestros deseos nos engañen: si la “cancha” constriñe a los jugadores de modo que solo un equipo puede ganar, es claro que para el otro no es posible ganar jugando en ella.

El desafío de nuestra hora, por eso, es buscar creativa e imaginativamente formas no ilegales de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizarla.

Hay que continuar construyendo la presión pública por una nueva constitución, de modo que lo que hoy parece “maximalista” devenga realista. Se trata de crear un movimiento político suficientemente fuerte para solucionar el problema constitucional.

Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, una campaña que es hermana de esta, la de #marcatuvoto. Ella se aprovecha de reglas que existen para evitar el cohecho, y las usa para expresar una voluntad constituyente. Y aquí es importante tener claro el norte. La magnitud política que buscamos lograr tiene por finalidad permitir que el pueblo, neutralizado por las trampas actualmente vigentes, pueda pronunciarse. Para eso es necesario un plebiscito constitucional.