Acuerdos entre CUT y CPC pavimentarían el camino de la agenda laboral de Bachelet

No han definido nada en concreto, pero las conversaciones y reuniones sí van por el camino de los acuerdos y el entendimiento mutuo. Así se resume el estado actual de las relaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), un acercamiento que retoma la senda que iniciara Arturo Martínez en 2007, con críticas de por medio.

A mediados de 2013, ambas directivas retomaron contacto con el objetivo de buscar acuerdos que permitan reformas laborales consensuadas, el cual sería presentado a la presidenta Bachelet. La iniciativa surgió tras el llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y precisamente en la sede ubicada en Vitacura se realizó la última reunión de los equipos técnicos de ambas entidades, el pasado 11 de diciembre.

Tras seis meses de trabajo y de reuniones reservadas entre los presidentes de cada organización, el objetivo de llegar a un acuerdo está cerca, pero desde ambas entidades prefieren la cautela. Las confianzas entre Bárbara Figueroa (PC) y Andrés Santa Cruz, desde la llegada de ambos a la CUT y la CPC, respectivamente, ha servido para que algunos hablen incluso de un “nuevo trato”, el que quedaría sellado en caso de lograr acuerdo.

Cuestionamientos desde el mundo laboral

Para Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confusam), estos acercamientos no significan una noticia positiva, pues no ve con buenos ojos la manera en que se está llevando adelante la conducción de la CUT. Por ello, señaló mirar con mucha “suspicacias y más dudas y sospechas”, los posibles acuerdos entre ambos sectores. “Uno tiene claro que siempre hay que conversar con los representantes de los empleadores y del mundo empresarial, qué duda cabe. Pero lo que tenemos claro es que la historia ha sido manifiestamente categórica en demostrar que los empresarios no están dispuestos a ceder respecto de los grandes temas en torno al modelo económico y de relaciones laborales que fue definido en dictadura, y es absolutamente proclive  los intereses de las empresas”, expresó el dirigente.

Aunque los Acuerdos de Voluntades de 2012, el último gran acercamiento entre la CUT y la CPC consideraban grandes temas como la negociación colectiva y la sindicalización, para Maturana, eso no quiere decir que ahora, de cara al segundo gobierno de Bachelet, se avance en términos concretos. “La CPC no tiene intención alguna de avanzar en esto. Me imagino que estarán hablando del multi-RUT, pero el problema es que las relaciones laborales no se sustentan en ese tema. Ahí no se apunta a los temas más de fondo. (…)que difícilmente los empresarios van a ceder en los temas que son importantes para los trabajadores, me refiero a los procesos de negociación colectiva, a la posibilidad de negociación por ramas de la producción, el derecho a huelga real, a la sindicalización obligatoria, etc”, apuntó Maturana.

Por eso, el representante de la Confusam dijo no tener ninguna expectativa respecto de los resultados de los acuerdos, principalmente a la luz de los acuerdos anteriores, que calificó de “frustrantes”.

Maturana criticó fuertemente la “lógica partidista” que impera hoy en la cópula de la Central Unitaria de Trabajadores, y asegura que esta medida busca otorgar tranquilidad al futuro gobierno de Michelle Bachelet en su agenda laboral. “Es claro que esta decisión está muy vinculada a la nueva conducción política de la CUT que hoy es también parte comprometida en los intereses del nuevo gobierno, porque son parte de la Nueva Mayoría, y de hecho su directiva llamó derechamente a votar por ellos. Así es que no es de extrañar y no asombra en lo absoluto lo que está ocurriendo”, finaliza el dirigente de la salud.

Kremerman también refuta acuerdos CUT-CPC

El economista de la Fundación SOL, Marco Kremerman, señaló que el historial de acuerdos previos “resultan insuficientes a la hora de los análisis y no van en la línea de lo que el país requiere país en relación a la nivelación mínima de los derechos colectivos, principalmente”.

Kremerman explica que el actual marco normativo laboral, ideado en dictadura, provocó importantes retrocesos en la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente, además de coartar casi por completo el derecho a huelga, en específico en aspectos como la posibilidad de reemplazar a trabajadores en paro. Por ello, el economista plantea que los acuerdos, como está la situación ahora, no pueden generar cambios de importancia.

“El capital le sacó la mugre al trabajo por más de 3 o 4 décadas, el Plan Laboral del 79 no tuvo ninguna modificación en aspectos sustantivos respecto de los derechos colectivos, entonces aquí no se trata de un acuerdo ‘ganar-ganar’, aquí se trata de que uno de los lados ganó y derrotó completamente al mundo de los trabajadores y acá, en esta pasada, los que tienen que ganar son los trabajadores y los empresarios van a tener que perder, a tener que restar poder”, comenta Kremerman.

Para el economista, los acercamientos entre el empresariado y los sindicalistas se enmarcan en un gran acuerdo político en el que la administración de Bachelet será directamente beneficiada. “Hay que ser claros, el empresariado y la elite chilena están dispuestos a entregar más dinero para hacer ciertas reformas, específicamente en la tributaria, pero no están abiertos a cambiar el eje central del modelo, para que los trabajadores tengan más poder”, señala Kremerma.

“Si la CUT plantea que el fin al reemplazo y la negociación colectiva por ramas de la producción son los puntos centrales de la discusión, ahí el debate se tornaría más interesante. Porque también hay otros sindicatos que no están dentro de la CUT, como por ejemplo el caso de los portuarios que hoy día están en paro, donde hay discusiones incluso mayores. (…)Si solo se discuten pequeños cambios, o cómo se fija el salario mínimo, nuevamente vamos a tener un mundo del trabajo algo mejor pero, en términos de poder, no va a haber ninguna diferencia con lo que hemos tenido desde el año 79”, finaliza el economista.