El pasado miércoles, un grupo de trabajadores del diario La Nación, en conjunto con representantes de movimientos sociales, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra del Estado, para detener el proceso de licitación llevado a cabo por el gobierno de Sebastián Piñera.

La acción legal fue encabezada por la presidenta de Sindicato de Trabajadores Número 3 del Área Periodística, Nancy Arancibia, quien aseguró que “la liquidación del diario es una decisión política, no económica. Por supuesto que van a decir que el periódico no se puede sustentar solo, pero ¿cómo podrían hacerlo si lo tienen en liquidación por un año y viven amenazando con el cierre?”.

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La tramitación incluyó una “orden de no innovar” para que los tribunales frenaran la venta de los bienes inmuebles del diario. El recurso fue patrocinado por la ONG LEASUR, que asesoró legalmente a la agrupación de trabajadores. La abogada de la entidad, Isabel Arriagada, declaró para lanaciondetodos.wordpress.com: “la clave jurídica en este caso consiste en acudir a la Constitución para sostener que el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 n°12, tiene tanto una dimensión individual, de quien emite la información, como una colectiva, referida al derecho de toda la ciudadanía de acceder a la información que proporcionan los medios de comunicación en Chile. Así lo confirma, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. El gobierno, cuando decide disolver La Nación, despoja a la ciudadanía de una plataforma democrática y pluralista, en el cual participan diversos actores articuladores de la opinión pública”.

La práctica de despojar a la ciudadanía de medios de comunicación no es algo nuevo. Paradójicamente, con la llegada de la democracia todos los medios que fueron creados para enfrentar la dictadura tuvieron que cerrar debido al deliberado abandono financiero del que fueron víctimas por parte del Estado.

En el camino quedaron revistas que jugaron un rol fundamental en la oposición al régimen de Pinochet, rompiendo el cerco informativo producido por la alta concentración mediática, que se mantiene hasta ahora.  Es más, tanto El Mercurio como La Tercera lograron subsistir gracias a aportes estatales ligados al avisaje, en cambio  medios como Apsi, Análisis y La Época no contaron con ese tipo de patrocinio.

Ello, por la puesta en marcha de la teoría postulada por Eugenio Tironi, que aseveró que “la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional”. Las consecuencias se traducen en una concentración mediática cercana al 90% en la prensa escrita, acompañada por un cuerpo legal que ampara la monopolización de la propiedad e impide que nuevos proyectos mediales surjan con la facilidad que una democracia debería asegurar.

Arancibia, desde ese escenario histórico, explicó el papel que ha jugado La Nación, específicamente desde el retorno de la democracia: “el diario siempre ha cumplido un rol con respecto a los otros medios de comunicación por condición de ser mayoritariamente propiedad del Estado, con un cierto financiamiento que le permitía ser independiente el poder económico”.

“Hay poca consciencia del valor de la información y de la comunicación como un derecho de las personas, que tiene que ver con cómo ejecutan la democracia, con cómo toman sus decisiones”, agregó.

Conferencia de prensa encabezada por Nancy Arancibia.

Conferencia de prensa encabezada por Nancy Arancibia.

La decisión que está tomando el Gobierno, dirigida hacia la privatización, responde a que el Estado abandonó su responsabilidad de mantener un mercado amplio de medios de comunicación. Por lo tanto, se crean climas profundamente antidemocráticos, en tanto el desbalance de influencias se acerca cada vez más a niveles altos.

Ese pluralismo, para Arancibia, se reflejaba en el trabajo realizado en La Nación: “en el diario no existe ningún sesgo de clase, religioso ni comercial”, sostuvo.

Hoy, las proyecciones que tiene la defensa de diario siguen en la incertidumbre. Durante la jornada de ayer, los trabajadores del medio acompañados por representantes de organizaciones y la ciudadanía en general, se agruparon en las afueras del edificio al mediodía, mientras simultáneamente se llevaba a cabo la reunión del directorio en la empresa Claro S.A, donde se abrieron los sobres de aquellos interesados en adquirir la propiedad.