El fallo del máximo tribunal rechazó los recursos de protección presentados a la Corte de Apelaciones por el municipio del Huasco y trabajadores pesqueros de la zona, revocando la tesis que establecía la ilegalidad de la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ministros.

El voto del recientemente elegido Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, fue a favor de la construcción del gigante termoeléctrico, en conjunto con los ministros Juan Eduardo Fuentes y María Eugenia Sandoval. Por el contrario, los ministros Gloria Ana Chevesich y Harol Brito estuvieron de acuerdo con la paralización del proyecto, considerado por múltiples organizaciones ambientales y ciudadanas como altamente contaminante y nocivo para la vida en la zona.

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El veredicto exigió que el filtro de las chimeneas fuera sometido a un sistema de evaluación ambiental, y solo después de su aprobación, podría entrar en operaciones para posteriormente funcionar la central energética.

De acuerdo al Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambientales (OLCA), para Juan Carlos Labrín, integrante de la Brigada S.O.S Huasco, la medida denota la ausencia de voluntad política de cuidar la salud de lo habitantes y de defender la autoderminación de la población, por sobre los intereses de los grupos económicos. “Si efectivamente existe una tecnología para limpiar el aire que por más de 40 años la CAP viene ensuciando en nuestro territorio, por qué no se le ha exigido a la empresa que la instale, por qué se plantea instalar como monedita de cambio para nuevas emisiones de otro proyecto contaminante, eso es como decir, aprovechemos que estos ya están acostumbrados a morirse de cáncer y a ver morir sus cosechas, ellos sabrán resistir estas fábricas de muerte”, sostuvo.

Las comunidades que se han movilizado en contra de la construcción de la planta no han descartado tomar acciones legales de nivel internacional frente a la decisión de la Suprema. De la voz del abogado Alvaro Toro, establecieron que el rol de fiscalización del pronunciamiento legal que les compete a quienes habitan la zona es de vital importancia, “para que no se cubra al Huasco con un manto de impunidad”, según constató OLCA. Ello, por el incumplimiento de los organismos estatales en exigir a las empresas respetar los compromisos contraídos en las Resoluciones de Calificación Ambiental.

La zona ya tiene por antecedentes los casos ocurridos con Agrosuper y Pascua Lama, donde todas las irregularidades han sido denunciadas por los pobladores que, siendo víctimas de la violación de sus derechos fundamentales, han evidenciado los hechos a la sombra de los cuerpos estatales que, por falta de voluntad, han preferido hacer vista gorda de las problemáticas.