Por cuarto año consecutivo, una serie de organizaciones no gubernamentales aunaron esfuerzos para elaborar un informe que indaga en la situación de los Derechos Humanos en Chile. Las entidades participantes fueron el Observatorio Ciudadano, Asociación Chilena pro Naciones Unidas (Achnu), Asociación de Inmigrantes por la Integración de Latinoamérica y el Caribe (APILA), Corporación Humanas, Fundación Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Fundación Terram y el Movimiento por la Diversidad Sexual.

La principal conclusión a la que llegaron los redactores del documento es que Chile no ha mostrado un progreso significativo en materia de respeto a los Derechos Humanos, tomando en cuenta los diversos acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado, así también como la gran cantidad de recomendaciones que distintos organismos internacionales le han hecho llegar al país respecto del tema.

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El Estado chileno reprime brutalmente al pueblo mapuche.

Por otra parte, se valoró el posicionamiento que tuvo en la agenda pública la demanda por una nueva Carta Fundamental: “Constatamos como un logro relevante la consciencia instalada en la sociedad para generar un nuevo pacto social mediante una Constitución emanada desde la Asamblea Constituyente, que permita el desarrollo y realización de estos derechos”, reza el documento.

Los derechos civiles y políticos de la ciudadanía avanzan con lentitud. Si bien durante el gobierno de turno se aprobaron ciertas reformas que significan una mayor participación (elección directa de Consejeros Regionales y Ley de Primarias), el entramado legislativo heredado de la dictadura de Pinochet sigue siendo un obstáculo para que dichos derechos sean ejercidos de forma más plena. La participación política, en este caso, se traduce en la poca influencia que el voto de las personas tiene en las decisiones de los representantes. Ello, consecuencia del sistema binominal, la ley de partidos y lo quorums supra mayoritarios vigentes para realizar transformaciones de mayor profundidad.

El derecho a la información, considerado en base a acuerdos internacionales como un derecho humano, está sumamente restringido por la legislación que rige hoy al país. La impresionante concentración de la propiedad de los medios de comunicación masivo atenta directamente contra el pluralismo y la diversidad de discursos en la esfera pública, así como la constante criminalización de las plataformas que no poseen licencia de funcionamiento y el cierre de medios públicos, como La Nación.

De igual manera, el derecho a manifestación está limitado por las leyes dictatoriales. Las frecuentes denuncias por extrema violencia policial, maltrato y hasta secuestros, sumado a las distintas iniciativas legales para reprimir la protesta social (Ley Hinzpeter), dan cuenta de un problema complejo que evidencia la poca contemplación en el resguardo de derechos humanos y la capacidad de resolución de problemas respetando los marcos de la democracia.

La ley "antiencapuchados" fue impulsada para reprimir marchas estudiantiles.

La ley “antiencapuchados” fue impulsada para reprimir marchas estudiantiles.

Así, suman y siguen las aristas en donde la normativa jurídica chilena mantiene a sus ciudadanos desprotegidos y vulnerables ante cualquier violación de sus derechos fundamentales. Los sectores más pobres de la población no cuentan con un resguardo apropiado, las grupos minoritarios, étnicos, sexuales o religiosos, tampoco.

Los derechos del niños, niñas y adolescentes no están siendo garantizados el Estado. Existe casi nula participación de este grupo etario en la toma de decisiones, ya que no son considerados como agentes válidos para emitir cualquier discurso incidente en las políticas nacionales.

Las movilizaciones sociales han jugado un rol fundamental para evidenciar estas falencias en el Estado chileno. La ciudadanía en su conjunto, desde la trinchera del descontento y la indignación, pero también desde la soberanía popular y la voluntad de cambio, ha sido capaz de posicionarse como un actor crucial al momento de cuestionar a realidad legislativa y administrativa del país, y hoy, más que nunca, toma cartas para emprender un rol preponderante en las reformas y transformaciones que vienen. El 2014 será un año donde avanzar en materia de Derechos Humanos es imprescindible.