Debido a las altas tasas de urbanización y la falta de espacios públicos en Santiago, las áreas verdes son cada vez más importantes como espacios de interacción entre las personas y también con la naturaleza, generando oportunidades para una mayor sociabilidad, recreación y esparcimiento. Esto es de enorme importancia en el caso de familias cuyas viviendas son extremadamente pequeñas, como por ejemplo las zonas de blocks de departamentos.

El tamaño y distribución de plazas, parques y áreas verdes tiene implicancias ecológicas y sociales. Éstas proveen una serie de servicios ambientales importantes para la ciudad, como el control de la temperatura urbana, la captura de carbono, la mejora de la calidad del aire, el control de ruido, el control de inundaciones, entre otros. Desde el punto de vista ecológico, el mayor tamaño de estas áreas permite una mayor diversidad y riqueza de especies vegetales, como también el asentamiento de corredores biológicos que permiten albergar una mayor diversidad de fauna. Si además se favorece la plantación de árboles y arbustos nativos, se promueve la presencia de aves nativas contribuyendo a la conservación de la biodiversidad local.

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Como consecuencia del histórico centralismo político, económico y demográfico del país, y de la ausencia de políticas públicas que respondan a un ordenamiento territorial pensado en favor de la sustentabilidad, y no exclusivamente bajo criterios económicos, el desarrollo urbano de Santiago ha favorecido un modelo de expansión horizontal sobre extensas superficies periféricas densamente pobladas, con repercusiones profundas en la estructura urbana y en las condiciones sociales y económicas de los distintos barrios de la capital, dando lugar a una ciudad fracturada y segregada según deciles y quintiles, en la cual el ingreso y accesibilidad a espacios públicos queda supeditado al nivel socioeconómico de la población, y en la que los grupos más vulnerables (pobres) viven marginados en guetos o periferias, levantado muros reales y mentales; muros infranqueables que impiden no sólo encontrarse, sino incluso verse, imaginarse y pensarse como pares.

Ello queda en evidencia al examinar las cifras, entregadas por el propio Ministerio del Medio Ambiente, respecto a la cantidad de áreas verdes por comuna, las cuales muestran claramente que la población de bajos ingresos dispone de un menor acceso a espacios públicos, ya sea de forma directa o indirecta.

El principal indicador utilizado en Chile para evaluar la disponibilidad de áreas verdes urbanas es la superficie total de áreas verdes dividida por el número de habitantes, teniendo como referencia el valor de 9 metros cuadrados de área verde por habitante propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De las 34 comunas del Gran Santiago sólo ocho superan las cifras recomendados por la OMS, siendo las comunas de mayor ingreso las que poseen mayor superficie de áreas verdes por habitante. Vitacura con (56,2 m2/hab) corresponde al municipio con mayor superficie de áreas verdes per cápita, mientras que el promedio más bajo recae sobre la comuna de El Bosque con (1,8 m2/hab).

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En términos de superficie, las comunas con menor cantidad de hectáreas de áreas verdes corresponden a Independencia (17,4 ha), San Miguel (21,4 ha), Quinta Normal (25,3 ha), Lo Espejo (30,9 ha) y El Bosque (31,0 ha). Todas tienen una mayor concentración de estratos socioeconómicos bajos, a excepción de San Miguel, que tiene mayor presencia de estratos medios. Por su parte, las comunas con mayor cantidad de superficie destinada para áreas verdes se concentran en el sector nororiente de la capital; Vitacura (458,1 ha), Las Condes (221,8 ha) y La Reina (205,1). No obstante en comunas como Recoleta (293,1 ha), Maipú (238,6 ha) y Renca (238,3 ha), aunque predominan los grupos socioeconómicos bajos, se destaca el alto valor de superficie de áreas verdes debido a la presencia de los parques más grandes (Parque Metropolitano y Cerros de Renca).

Son múltiples y variadas las razones que explican el déficit general de áreas verdes observado. No obstante, se pueden señalar como fundamentales las limitaciones existentes en La Ley General de Urbanismo y Construcciones, la cual establece zonas de áreas verdes obligatorias de acuerdo a la superficie y no según la necesidad de áreas verdes por persona. Además, la normativa vigente permite e incentiva la creación de áreas verdes de pequeño tamaño, ya que sólo define la obligación de destinar a áreas verdes un porcentaje del terreno que se urbaniza sin establecer un tamaño mínimo necesario.

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Por su parte, las áreas verdes ya existentes constituyen una fuente de gastos importantes que dificulta su mantenimiento y cuidado, en especial para municipios de menores ingresos donde, en muchos casos, se transforman en una carga imposible de solventar. De acuerdo a La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, cerca del 60% de las áreas verdes existentes en Región Metropolitana se encuentran abandonadas, o se han vuelto sitios eriazos, baldíos o depósitos de basura.

Avances y desafíos

La semana recién pasada, se anunció la creación de cinco nuevos parques; el Parque de la Ciudadanía, en el Estadio Nacional (Ñuñoa),  el Parque la Aguada (San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Santiago y Macul), el Parque Fluvial Renato Poblete (Quinta Normal, Santiago, Renca, Independencia y Cerro Navia), el Parque Juan Pablo II – ex La Cañamera- (Puente Alto) y el Parque La Hondonada, en el sector de Las Viñitas (Cerro Navia), que sumarán un total de 167 hectáreas de áreas verdes a las actuales 2.400 que existen en Santiago. Cuatro de ellos forman parte del programa Legado Bicentenario y se estima que las primeras etapas estarán listas durante este año.

La creación de dichos parques supone un paso importante que permite avanzar hacia una estrategia orientada al mejoramiento y democratización de los espacios urbanos. Para ello es indispensable concretar los proyectos existentes, como también fomentar programas e inversiones, con especial énfasis en los sectores de bajos ingresos, de áreas verdes que consideren dimensiones tanto físicas y espaciales, como sociales y culturales. Es decir, espacios públicos que en su diseño, construcción y gestión permitan generar mayor equidad social mediante mecanismos que aseguren su mantenimiento, seguridad, uso colectivo y libre acceso para todos.

Referencias:

Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2011). Informe del Estado del Medio Ambiente 2011.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005). Espacios Públicos Urbanos, Pobreza y Construcción Social.

Reyes, S. Figueroa, I. (2010).  Distribución, Superficie y Accesibilidad de las Áreas Verdes en Santiago de Chile.