Nueva MayoríaDurante el último decenio la sociedad chilena ha experimentado una extensión en el campo de los llamados “derechos seculares”. Como hemos podido apreciar, la cultura reivindicativa en torno a modificar los menguados -pero persistentes- “vestigios autoritarios” se expresa en una “efervescencia ciudadana” contra el sistema binominal promulgado bajo la Constitución de 1980; el cuestionamiento  a las arbitrariedades del sistema crediticio; hasta la inusitada irrupción de “movimientos de género” anclados en nuevas formas de subjetivación. La actual proliferación de demandas se inserta (parcialmente) en el contexto global de una interpelación a los límites de la democracia representativa y la emergencia de “Asambleas Constituyentes” en América Latina. En el caso Chileno, la remoción del actual marco jurídico en materias como la ley de divorcio y una nueva legislación contra el femicidio; la discusión en materias asociadas al aborto terapéutico; las reivindicaciones feministas y la disidencia sexo-género, cuyo “corolario” viene dado por la recién aprobada asociación de vida en pareja (AVP) –revelan una abundancia empírica que corrobora el proceso en curso-.

Lo anterior nos permite constatar que los discursos más sustantivos de la clase política (con la sola excepción del integrismo que profesa la UDI) vienen girando -por la fuerza o la convicción- en una dirección parcialmente reformista en materias de derechos culturales, inclusión social y reformas al sistema de bancarización. El actual despertar crítico -que algunos se apresuraron en denominar el “mayo chileno”- se expresa en una agenda reformista de nuestro paisaje político (extensión de discursos de género, derechos sexuales, reproductivos, la valoración de una educación integral y las reformas laborales etc). Si bien valoramos la extensión de la protesta social en el último decenio, sería aventurado pronosticar la consolidación de un espacio pluralista “espacio pluralista” que restituya un programa de ciudadanía pendiente en virtud de la conocida presión ejercida por los movimientos sociales. En el caso chileno, pese a la inminente tensión entre la movilización social y las dinámicas institucionalizantes de la ex/Concertación, los censores conservadores harán sentir su peso en la línea menos deliberativa.

A modo de una comparación propedéutica, los contrastes con el caso Argentino saltan a la vista. El “pragmatismo” liberalizante de Carlos Menem desencadeno una reacción pública de la sociedad argentina por las consecuencias de una  privatización patrimonial y la nefasta concesión de servicios públicos (fines de los 90’). Nos referimos a las famosas “siete medidas”. Ello se expreso en el cambio de una “metodología de la privatización” a la iniciativa política impulsada por los Kirchner contra las instituciones multilaterales como el BID o el Fondo Monetario Internacional. Cuestión que se tradujo –entre otras medidas- en reponer la centralidad estratégica del Estado a la hora de apoyar el fomento a la producción y el fortalecimiento del mercado interno –con visos de la clásica cuestión nacional. Lo último se puede ilustrar a propósito de la nueva política económica que promueve el Kichnerismo desde el año 2003 en adelante, esta representa una ruptura con las des-regulaciones impuestas por el menemismo. De especial relevancia es la restitución de un aparato productivo-industrial y una drástica revisión de las políticas crediticias del Banco Mundial bajo la “hegemonía de los noventa”. Toda esta resignificación tuvo lugar bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y se ha prolongando –no exento de algunos dilemas- bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

A diferencia de la secuencia de rupturas –caso Argentino- con el denominado “Consenso de Washington”, el modelo chileno ha representado una peculiaridad “tristemente exportable” para la geopolítica latinoamericana. La modernización impuesta a fines de los años 70’ (el famoso schok anti-fiscal) comprendió un experimento “draconianamente exitoso” traducido en la célebre des-responsabilización del Estado en materias sociales, la privatización del conflicto y las acción colectiva; una tecnología de focalizaciones en el campo de la política pública. Todo ello en el trazado de una sociedad de bienes y servicios. Si bien, en la actualidad se admite públicamente la obscena desigualdad en la re-distribución del PIB (el  2% más rico de la población -que recae en 4.000 familias- absorbe el 30 % del ingreso nacional), existe una persistencia en establecer un crecimiento por puntos de empleabilidad que prescinde de ajustes tributarios. En el caso chileno, la “boutique” de los bienes y servicios ha sido un antídoto para lidiar con las aspiraciones socio-estéticas de los “grupos medios” (Neoliberalismo avanzado según CEPAL…). Algunos autores del medio local han llegado a plantear la tesis de un neoliberalismo oligarquizante –dado los temibles niveles de concentración del ingreso nacional-.

Lejos de promover una “democracia radical” debemos recordar que durante los años de pos-dictadura (década del 90’ y primera mitad del 2000’) los antagonismos eran domesticados tras un tratamiento remedial que no interrogaba el diseño institucional de la modernización (las recetas de Boeninguer y otros…) y la consagración de una metodología de focalizaciones en el campo de la política pública (1976-1989). La transición chilena a la democracia busco por distintos métodos acotar el “momento antagónico” y fortalecer la estabilidad institucional dando lugar a una praxiología de los consensos. Ello se expreso en sus primeros mecanismos conciliadores (la terapia gubernamental del Informe Rettig y la venia de Gonzalo Vial…..), sin que tuviera a la base un amplio consenso cultural sobre el  respeto inalienable de los Derechos Humanos. Bajo la dicotomía “consenso-miedos”, como olvidar la invocación de mecanismos discrecionales para detener el procesamiento al hijo de Augusto Pinochet (El bullado caso de los pino-cheques…) a nombre de “razones de Estado” (gobernabilidad neoliberal). Al margen del maridaje espurio entre consenso institucional y cultura de los miedos –traducido en un equilibrio de gobernabilidad-, la década de los 90’ puede ser retratada como “el largo bostezo” del Chile de post-dictadura. Aquí conviene consignar aspectos ubicados en la “larga duración”.

Ahora nuestra encrucijada se relaciona con el estatuto de la demanda social, cuya proliferación movimientista se encuentra afiliada al “progresismo radicalizado”, a saber, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Socialista, MAS, y esta vez el ingreso del actor más postergado en la transición chilena a la democracia; el esperado potencial democrático del Partido Comunista de Chile.

El caso chileno no se mueve necesariamente en una versión neo-populista, a saber, no guarda relación con una politización de la esfera pública, de tipo nacional/popular, al punto de constituir al sujeto-pueblo (populus) mediante un juego de interpelaciones (dicotomización del campo  discursivo en amigo-enemigo) contra el establishment, como fue el caso de la sociedad argentina en los “años dorados” del peronismo (1946-1955), o bien, las frontales denuncia del Presidente Correa ante el Banco Mundial. La construcción de una dicotomía en el espacio público entre un “ellos” y un “nosotros”, es un proceso complejo que ni siquiera alcanzó resultados definitivos bajo el gobierno de la Unidad Popular. En otro marco histórico, una vez que los 40 años de la UP dejaron su huella, difícilmente un  Bacheletismo (con un ímpetu reformista de tres meses) se moverá en una dirección parcialmente similar. Ahora nuestra encrucijada se relaciona con el estatuto de la demanda social, cuya proliferación movimientista se encuentra afiliada al “progresismo radicalizado”, a saber, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Socialista, MAS, y esta vez el ingreso del actor más postergado en la transición chilena a la democracia; el esperado potencial democrático del Partido Comunista de Chile.

Si bien, el péndulo académico coincide en diagnosticar una extensión empírica de los territorios de la ciudadanía -en el caso de las nuevas demandas de orden post/material- ello no garantiza un “scanner único” en torno a la génesis del “movimientismo”, como tampoco, la constitución de un programa de ciudadanía pendiente (o radical). Lo anterior, sin desestimar en lo absoluto el aporte sustantivo del movimiento estudiantil en el periodo 2011-2013. A modo de ilustración, no cabe duda de las diferencias político-conceptuales existentes entre la historiografía del “bajo pueblo” de Gabriel Salazar, respecto de aquella politología cortesana representada por el grupo Expansiva (Joignant, Navia et al) que hizo de soporte del “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet (2006-2010). Nuestra primera referencia, utilizando deliberadamente las categorías de la teoría hegemónica (Laclau, 1993) se puede situar en el contexto de una nueva reforma social que se expresó activamente en movilizaciones desde el año 2011 (año de la inflexión), pero que –en ningún  caso- decanta en una hegemonía post-neoliberal. Resulta indudable mencionar demandas ecológicas como Hidroaysén y Punta de Choros, reivindicaciones populares en el campo de la vivienda social (Andha Chile), marchas de minorías sexuales (MOVILH), denuncias por cobros abusivos en el campo del “reatil”, huelgas continuas de los trabajadores del sector público y –finalmente- el golpe de gracia cristalizado por el movimiento estudiantil como  punto nodal de una pluralidad de reivindicaciones anti statu quo. En el último decenio hemos presenciado un viraje respecto al institucionalismo imperante en los años 90’, un decenio marcado por una concepción doctrinal de los consensos de gobernabilidad que operaron como dique de contención frente a los antagonismos sociales so pretexto de una reversión autoritaria. Sin embargo, la crisis de los consensos (de aquel crudo realismo) no garantiza la restitución de una sociedad civil “subversiva” frente a los nuevos vectores de la dominación.

De un lado, la actual extensión del campo político-institucional en Chile se sirve de una emergente, pero no consolidada, hegemonía de la reforma. Si bien presenciamos la profundización del horizonte “lo político” restituyendo una especie de populismo sui generis, ello también deja al descubierto que nuestra “sociedad civil” aún no goza de “capacidad fractural” sobre el institucionalismo legado en los últimos 20 años. De otro modo, la ampliación de demandas tiende a operar en el marco de la democracia representativa so pena de sedimentar “ambientes deliberativos” que a largo plazo también podrían deteriorar la desgastada representatividad del régimen político chileno.

A tres décadas del fin de la “dictadura modernizante” (Moulian, 2010) nos encontramos ante nuevos procesos liderados por mecanismos de gratificación adscritos al consumo en tanto experiencia cultural. El estallido de otros patrones simbólicos (post-materiales), ha modificado radicalmente los procesos “identitarios” en una especie de validación del imaginario de emprendedores –como nueva metáfora de la sociedad del consumo. Ahora se trata de un “consumidor activo” cuya socialización descansa en las reglas del mercado; ello le da un estatuto más instrumental y menos programático a la demanda social. Esto puede ser la expresión del empirismo ingles que en el caso chileno hizo su aparición mediante la razón experta (1976) y las leyes del monetarismo científico representadas por la Escuela de Chicago. En el Chile actual identificamos la constitución de una ciudadanía empoderada (empowerment) en diversas formas de interpelar materias valóricas, sociales y culturales de la actual institucionalidad –que bien puede ser la culminación de una racionalidad utilitaria gestada a fines de los años 70’. Ello puede representar un atributo de la modernización hegemónica, pero también se explica por la liberalización de los modos de vida: la figura del emprendimiento representa un caso paradigmático a este respecto (PNUD, 2002).

Un somero “scanner sociológico” pone límites insalvables a la tesis de un bacheletismo de la reforma y dejan en evidencia las estrategias performativas de nuestra clase política. Esto en sus rasgos más generales se sitúa bajo el hedonismo estetizante de la modernización post-estatal que tuvo lugar a comienzos de los años 80s. En un libro titulado Modernidad Líquida el conocido sociólogo polaco  Ziygmunt Bauman (2007) ha caracterizado al sujeto globalizado como un ciudadano líquido, profundamente desafectado,  que trasunta el ethos moderno. Un sujeto “glucoso” en sus opciones culturales que no puede ser inscrito en los estereotipos de la organización tradicional, dado que no responde a patrones culturales estables, sino más bien a los símbolos etéreos de una sociedad de bienes y servicios: por  lo tanto, sus patrones de “solidificación” distan mucho de la inclusión que operaba en el marco del “tiempo” industrial. La sociedad actual para Bauman se caracteriza por la “licuofacción”, por identidades nómades que han alterado radicalmente las formas secuenciales de entender ritos clásicos como infancia, juventud y adultez. Por ello nociones como fluidez y volatilidad serían “atributos” del ciudadano post-estatal que establece una reivindicación gestional. En el caso chileno todo ello ha dado lugar a una verdadera “cultura del collage” que obliga a redefinir los marcos normativos de la organización social. El “ciudadano líquido” –parafraseando la conceptualización de Zygmunt Bauman- alude a un “actor ubicuo”, de una movilidad social oscilante, cuyos patrones culturales expresan un malestar difuso con la institucionalidad socio-educacional, al tiempo que mucho más empoderado en la demanda por empleabilidad, eficacia y gestión.

Es decir, la esfera de la ciudadanía, sus modos de afiliación, y formas de acción quedan desplazadas por unas prácticas “afectivas” que no apelan al marco político-institucional en el sentido de cultivar un discurso programático de acuerdos y disensos con la clase política; se trata de un espacio distópico, porque se impone la ausencia de tendencias proyectuales y, en cambio, tienen lugar reivindicaciones de empoderamiento atmosférico (consumidor activo) más bien vinculado a la tecno-imagen y a la crisis de sociabilidad político-institucional. La tesis a este respecto es que se trata de un cúmulo de demandas que no establecen un proceso de articulación que pudiera pensar la política bajo un proyecto hegemónico para los nuevos movimientos sociales. Asumida la tendencia a la diseminación en diversas reivindicaciones signadas por la instrumentalidad queda al descubierto un déficit programático de la acción colectiva. Esta última posibilidad –dado los grados de penetración de una modernización suntuaria- es parte de un diagnostico sociológico que podría comprometer la capacidad hegemónica de un programa genuinamente reformista. En chile, la demanda aparece asociada a una subjetividad crediticia. Lejos de apelar a la tesis del “mayo chileno”, nos encontramos ante una resignficación de la demanda al campo de la gestión y los servicios –especialmente en el caso de los grupos medios-.

Por fin, más allá de la evidencia empírica, no sabemos si predomina un proyecto genuino por modificar las bases estructurales del modelo educacional y restituir un marco regulatorio general, o bien, constatamos una “reivindicación por eficacia” que busca optimizar la gestión, la rentabilidad y los indicadores de logro y transparentar el modelo mercado-educación. Este es el dilema que enfrenta la sociedad chilena; ¿ciudadanía pendiente o republica del consumo? Ello es relevante si nos preguntamos qué ocurrirá en los primeros tres meses con la Nueva Mayoría. Como bien sabemos, la tesis del consenso no puede ser reproducida tal cual luego de los movimientos de ciudadanía que tuvieron lugar el año 2011. En principio  se abre un terreno fértil para instalar una agenda activa que instaure una línea divisoria con la extrema derecha y de paso permita menguar las tensiones que tendrán lugar en el seno de la Nueva Mayoría entre demócratas y censores conservadores. Establecer una dicotomía con el mundo conservador (especialmente aquel que no ha experimentado un proceso des-pinochetización) puede ser el expediente más idóneo para los primeros 3 meses. Pero nuestras dudas van por la persistencia de esa línea divisoria en el tiempo, ¿qué ocurrirá después de los primeros 100 días? Estamos forzados a leer con lupa la nueva coyuntura que se avecina, el Bacheletismo y sus insospechadas terapias de gobernabilidad, pueden invocar “nuevas” y “mejores” razones de Estado para adoptar una vía de consensos aggiornados (2.0) .