Sin embargo, la escasez del bien natural dista de ser consecuencia solamente de meses cálidos y falta de lluvias. Es la usurpación, la desregulación y la negación de justicia las que tienen a la mayoría de la población campesina de algunas regiones del país con problemáticas de salud y producción gravísimas.

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El Código de Aguas chileno, publicado durante la dictadura militar en 1981, es considerado uno de los más liberales del mundo. Una de sus principales características es su impronta mercantilista, donde se define al recurso hídrico como un bien de mercado, transable, en que la concentración de la propiedad no está regulada.

Respecto de este tema, la propuesta programática de Michelle Bachelet, como ocurre con tantas otras cosas, no pone énfasis en la necesidad de recuperar el agua como recurso de uso público, donde sea concebido como un derecho humano irrenunciable y no esté sujeto a la especulación y a los vaivenes del mercado.

En un escueto párrafo de la página 32, se limita a describir este derecho sin la profundidad adecuada: “La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales”.

Ahora bien, el carácter público del líquido ya está establecido por el Código de Aguas, pero es el régimen de propiedad privada que rige a este derecho el que impide que dicho uso público sea efectivo. Las aguas forman parte de un mercado irregular donde el Estado tiene nula participación y, por ende, los grupos de poder que se empeñan en la concentración del mismo actúan bajo completa impunidad, en perjuicio de comunidades enteras que ven afectadas sus vidas desde muchas aristas: no tienen agua para los riegos de sus cultivos, tampoco para cocinar y, a veces, ni siquiera para beber.

La administración de este bien de importancia vital, también según el programa de la Nueva Mayoría, quedará en manos del Poder legislativo: “Se delegará en el legislador la regulación del procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a los particulares sobre las aguas, sin prejuicio reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas para asegurar la disponibilidad, calidad, seguridad  y continuidad del recurso hídrico para todas las personas”.

Además, una de las promesas a cumplir durante los primeros 100 días de gobierno, es el nombramiento de un Delegado Presidencial de Recursos Hídricos, “con dedicación exclusiva, a fin de identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país”.

Marcha por el agua

Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA), aclaró su análisis respecto al programa de la Nueva Mayoría en una columna escrita a fines del año pasado: “el programa de Bachelet tiene por finalidad continuar administrando el “recurso hídrico” bajo la égida del código de aguas de la Dictadura, sus propuestas en materia de normativa así lo confirman, no asumen responsabilidad alguna en materia de sobre-otorgamientos de derechos de agua, nada dicen acerca del agua como bien público, su desmemoria es absoluta, ya que bajo su administración la Dirección General de Aguas concedió más derechos de aprovechamiento que el agua realmente disponible en todos los ríos del país, tampoco existe juicio crítico en torno a los políticos de su sector que han lucrado con el agua, y perseguido a los que luchan por recuperarla”.

No existen cuestionamientos en la hoja de ruta del próximo gobierno sobre el carácter político-ideológico que actúa como matriz del Código de Aguas. Todas las propuestas giran en torno a un eje de revisión, más que de cambio sustancial al modelo hídrico nacional, impuesto como muchas otras cosas a punta de pistola.

La lucha por la recuperación de este recurso se extiende a lo largo de casi todo el país, enfrentando en distintos niveles a las comunidades organizadas contra los gigantes de la mega minería, la agroindustria, los proyectos energéticos hidroélectricos y las forestales. A su vez, el costo del elemento en Chile es el más alto de América Latina, incluso cuando en algunas circunstancias la calidad del bien es cuestionable desde el punto de vista sanitario.

¿Cómo se avanza entonces si no se hace un diagnóstico crítico del actual modelo de administración y protección del agua? El programa de Bachelet no profundiza en medidas orientadas a la transformación de las normas legales, las prácticas y el uso que se le da al líquido, dejando a merced de especuladores la crisis que se avecina de forma impostergable.

Uno de los factores fundamentales para empezar a empedrar un camino firme hacia la recuperación del agua es entender este recurso como un derecho humano. Por ello, es imprescindible que la próxima Constitución lo estipule de esa manera. “Este derecho debe ser garantizado por el Estado a todos sus habitantes y comunidades a través de sus instituciones, su normativa y reglamentos respectivos y pertinentes”, explica el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz.