Entregan carta a Bachelet con demandas para el respeto de pueblos originarios

La misiva exige a la próxima mandataria actuar de acuerdo a sus últimas declaraciones respecto al tema, en donde manifestó su arrepentimiento por invocar la Ley Antiterrorista durante su primer gobierno, además de identificar errores políticos y judiciales contra el pueblo mapuche en general.

En octubre de 2013, a Bachelet se le preguntó en el debate ARCHI sobre cómo enfrentaría en un nuevo período este conflicto, y qué evaluación hacía de su administración anterior en la materia: “Lo que yo dije en relación a las comunidades mapuches es que fue un error aplicar la Ley Antiterrorista. El asesinato del matrimonio Luchsinger es una cosa tremenda, horrible y la condeno muy fuertemente, pero creer que los conflictos que el Estado tiene con el mundo mapuche se resuelven con más Ley Antiterrorista es un profundo error”, declaró entonces.

El texto, de aproximadamente cuatro páginas de extensión, expresa la preocupación de la Comisión frente a la brutal «acción represiva, policial y jurídica a la que se exponen ciudadanos indefensos como son niños y niñas, mujeres y hombres ancianos, jóvenes comuneros mapuche, cuyas vidas están siendo sesgadas y marcadas por una situación que el Estado chileno, a nuestro juicio, no solo ha mal enfrentado, sino que ha agudizado la negación de los derechos que les asisten como pueblo».

Manuel Andrade, miembro de la Comisión y coordinador de sus labores, enfatizó en la insistencia de la organización por buscar la paz en la región: «queremos señalarles con mucha firmeza la preocupación que esta Comisión tiene acerca de el resguardo de los derechos humanos de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche».

«Hay una serie de propuestas que se le hacen a la Presidenta electa que ya se habían hecho en junio de año pasado al gobierno de Piñera, en el sentido de establecer ciertas condiciones mínimas para poder concretar la justicia y la paz en la Región de la Araucanía en este mal llamado conflicto mapuche», sostuvo Andrade.

Dentro de los elementos causantes de la tensión que reina en la zona sur, la carta detalla el sistema policial que se instaló en el lugar. La «alarmante presencia policial civil y uniformada«, sumada a distintos tipo de armamento y mayor dotación de equipamiento tanto terrestre como aéreo, figuran entre los factores más importantes que grafican la extrema militarización de la región.

Dichas prácticas policiales vulneran y desconocen los derechos básicos de los pobladores, quienes son víctimas del acoso, la violencia, la vigilancia permanente y el control de rutas. Además, sufren allanamientos durante la noche o la madrugada, en donde sin razón ni orden judicial alguna, efectivos de la policía arrestan a miembros de las familias, sean estos ancianos o incluso menores de edad. Ejemplo de ello fue la reciente detención por parte de Fuerzas Especiales de nueve niños durante un operativo, entre los cuales se encontraba un pequeño de tan solo 3 años de edad. El hecho tuvo lugar el 13 de diciembre recién pasado en Traillaco, Panguipulli, lugar en el que posteriormente las fuerzas de orden pasaron un bulldozer sobre la ruca mapuche, destruyéndola por completo.

A su vez, el documento denuncia «asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; persecución, encarcelamiento y viciados juicios, montajes judiciales, faltas al debido proceso, aplicación de artículo contemplado en la Ley Antiterrorista que permite testigos sin rostros y nula posibilidad de defensa».

Sergio Grez, historiador de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión, destacó el desafío que esto significa para el gobierno de Bachelet: «tiene una segunda oportunidad, la primera la desaprovechó completamente, del mismo modo como hicieron los gobiernos anteriores de la Concertación y el actual gobierno de Sebastián Piñera, de poner término a una injusticia más que secular y de establecer las bases para una paz, que no sea el fruto de la imposición de la violencia, como ha sido históricamente en contra de ese pueblo, sino que sea fruto de la justicia».

¿Cuáles son las expectativas reales de que este escenario de violencia y brutalidad cambie en una nueva administración de la otrora Concertación? Los datos históricos hacen todo, menos otorgar confianza.

 El legado de sangre mapuche que dejó el anterior gobierno de Bachelet así lo confirma. Durante dicha administración, cuatro comuneros mapuche fueron asesinados por Carabineros de Chile, actos en donde se impuso la impunidad por sobre la justicia. Los abatidos fueron: Matias Catrileo (22), Jaime Mendoza Collío (24), ambos baleados por la espalda en la toma de fundos privados; Juan Lorenzo Collihuin Catril (71), acribillado en un operativo policial motivado por un supuesto robo de animales; y Johnny Cariqueo (22), a quien se le negó atención médica luego de quejarse por fuerte dolores atribuidos a una dura golpiza por parte de Carabineros.

«Nosotros estamos atentos. Vamos a observar  y vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano de petición, porque nos parece que es la única actitud correcta que puede rendir frutos en la perspectiva de la justicia y de la paz que tiene que ser el fruto de la justicia», declaró Grez.

A continuación, aspectos de la propuesta para abrir un camino de diálogo por parte de la Comisión, que «nos acerque a la paz y a la justicia», en pos de enfrentar la temática:

 1.- Libertad sin condiciones de las y los presos políticos mapuche y de quienes, sin serlo, se encuentran presos por solidarizar con sus demandas.

2.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos.

 3.- Creación de una instancia de diálogo permanente entre el Estado chileno y los representantes de las diferentes comunidades, determinados por el pueblo mapuche.

 4.- Pleno respeto del Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por Chile, a fin de que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.

 5.- Reconocimiento de la autodeterminación, formas de representación y autogobierno para el pueblo mapuche.

6.- Exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista, establecida por la dictadura militar.

 7.- Retiro inmediato de la dotación policial y de las brigadas policiales especiales.

Según informó la agrupación, a la carta adhieren el Premio Nobel Alternativo de la Paz, Martín Almada, el activista y Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.

Además, se adjuntó una copia del escrito destinada al futuro Ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien en su calidad de Gobernador de la Provincia de Arauco durante el gobierno de Lagos, invocó la Ley Antiterrorista para enfrentar ciertas problemáticas; otra copia se dejó para disposición del próximo Ministro de Justicia, José Antonio Gómez.