La mentira como virus letal de la democracia

Hace demasiado tiempo que la mentira se pasea a pecho descubierto por nuestra geografía. Los mentirosos se cuentan por cientos, y los hay de todos los tipos y colores que imaginarse pueda. Principales y segundones de la política, de la empresa, de los medios de comunicación, y aún de la judicatura y hasta de la Casa Real. Mienten ministros y banqueros, duques e infantas, periodistas y publicistas, juristas y militares.

A primera vista pareciera que no hay reacciones de rechazo por parte de la ciudadanía. Quizá no las vemos como respuestas contundentes, vigorosas; pero a poco que prestemos atención, constaremos que la mentira continuada está haciendo estragos en una sociedad que acusa una fatiga evidente ocasionada por la crisis que se hizo carne allá en el 2007 y que parece que diga lo que diga el gobierno, lo recite o lo cante no va a acabar nunca.

En el escenario de la España del momento se constata una tríada perversa: crisis, corrupción y carencia de liderazgo. Y entre los vértices de ese triángulo vicioso, la mentira lubrica el funcionamiento que las ha convertido en un laberinto sin salida a la vista. Es por ello que la mentira se ha convertido en un potente y letal virus que amenaza el sistema democrático, tal y como lo articulamos desde la segunda mitad de los años setenta.

Que la crisis y la forma en la que se está gestionando no deja de generar dolor y lágrimas a miles, millones de personas, es una evidencia: no hay más que consultar los datos de empleo, la encuesta de población activa, los cotizantes a la seguridad social, los desahucios ejecutados o el incremento de jóvenes que emigran al extranjero. El Partido Popular jura y perjura que vamos bien, pero pocos le creen. Para ver cómo anda la corrupción, no hay más que sintonizar la radio por la mañana; eso sí, en una emisora que no sea una agencia de publicidad gubernamental. Para comprobar que se carece de liderazgo es suficiente constatar que desde el presidente Rajoy hacía abajo los responsables políticos oscilan entre el silencio o la desaparición y el la culpa es del otro. Con su proverbial falta de solvencia política e intelectual, el presidente Rajoy ha dicho que él no hace sino aquello a lo que la realidad lo obliga. El capitán del barco dejó el timón a la fuerza de las olas.

Ante este panorama tan poco esperanzador, la respuesta de una buena parte la ciudadanía presenta dos rasgos bien diferentes: la radicalización y el aislamiento. Los primeros maldicen y censuran, pero no necesariamente deciden asumir un papel más activo en la marcha de la cosa pública. Los segundos, simplemente, se aíslan, se dan de baja como ciudadanos efectivos, y engrosan el creciente contingente de los abstencionistas.

Una sociedad democrática es, como sabemos, aquella en la que los ciudadanos gozan de un amplio abanico de libertades, tanto en su vida privada como pública, y pueden hacer uso de ellas al amparo de las garantías legales que le proporciona el Estado de Derecho. No obstante, conviene no engañarse: la existencia de un sistema de libertades y de un Estado de Derecho no configura necesariamente un Estado Democrático. Es en este sentido que hace unos meses F. X. Ruiz Collantes sostenía, en un artículo de la revista Gobernanza, que el Estado Democrático necesita, además de libertades y seguridad jurídica, que los ciudadanos ejerzan de manera efectiva el poder, “un poder que se dirime en torno a mayorías y a minorías, pues dentro del conjunto de los ciudadanos hay diferencias, oposiciones, intereses contrapuestos y conflictos”.

Es por lo tanto imprescindible para la buena salud del Estado Democrático que los ciudadanos participen en la gestión y en el control de la realidad política que, lo quieran o no, lo crean o no, les afecta de lleno incluso en las cuestiones más nimias de su vida privada. Y si no lo hacemos, si no somos capaces de asegurar la existencia y la calidad del sistema democrático, más temprano que tarde llegará el llanto y el crujir de dientes .

Desde la obligación de ser madre contra la voluntad de la mujer a la implantación de una seguridad ciudadana basada en la inseguridad de la vigencia de los derechos individuales. Desde el abandono gubernamental de los dependientes más vulnerables en aras de la economía feroz a la violación de los derechos humanos básicos de los inmigrantes que llegan a nuestras playas. Esos, corregidos y aumentados, son los frutos que estamos recogiendo de la deriva autoritaria, neofranquista, del Gobierno español y de la falta de contundencia de la respuesta ciudadana.

Ha de quedar claro, por supuesto, que esa contundencia no pasa por la algarada ni por el motín. Ha de pasar por el ejercicio de los derechos consignados en el actual ordenamiento jurídico. Entre esos derechos que permiten en una democracia representativa dirimir los interese contrapuestos y los conflictos de la sociedad está el derecho a votar. Y hay que ejercerlo por pura responsabilidad pública. Pronto habrá elecciones, en este caso al Parlamento europeo, tan devaluado el pobre. Veremos qué ocurre.

Ojalá fuéramos capaces de calibrar realmente su importancia actual y, todavía mejor, de comprender su enorme potencialidad futura. Ojalá conviniéramos en la bondad de participar para elegir a los mejores; para relegar a los mentirosos, a los embaucadores, a los que han hecho del engaño su modus vivendi. Si así fuera, luego resultaría más fácil ejercer el deseado y necesario control democrático sobre la actuación de nuestros representantes en aquellas instancias para las que los elegimos. Eso favorecería la calidad de nuestro sistema democrático y, por definición, la de nuestra propia vida personal.