Infiltrado en Dipolcar: CAM pide revisar condenas por uso de testigos protegidos

En un comunicado público, la Coordinadora Arauco Malleco se refirió a las declaraciones del joven de 23 años que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuche para entregar información a la Dipolcar de Carabineros de Chile.

Además de asegurar que no se trata de un hecho hablado, la CAM aseguró que el rol de Castro Antipán es sólo una arista de una » estrategia mayor en donde están involucrados el Ministerio del Interior, Ministerio Público y las policías, la cual se viene aplicando desde hace años».

La organización recordó que pese a las declaraciones del supuesto infiltrado, nunca se condenó a ningún mapuche. Muy por el contrario, el único condenado fue Castro Antipán, luego de reconocer su participación en el caso «Turbus» y «Peaje Quino», ocurridos en el 2009. «Además, por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, treinta comuneros mapuche han sido encarcelados y posteriormente liberados entre el año 2009 a la fecha», recalcaron.

El caso Elgueta-Jorquera

Sin embargo, desde la CAM aseguraron que es muy diferente la situación ocurrida con el testigo protegido N°26 en el caso Elgueta-Jorquera en Cañete, quien se transformó en una de las pruebas más contundentes para condenar a Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche a 8 años de cárcel, mientras que Héctor Llaitul cumple una condena de 14 años de presidio.

«Nos referimos al comunero Elcides Pilquiman, quien bajo el mismo modus operandi del Ministerio Publico y la policía, fue primero presionado en calidad de imputado, a partir de una causa pendiente por delito común, para luego reclutarlo como informante y finalmente, utilizarlo como ‘testigo secreto'», señalaron.

La CAM aseguró que, además de las instituciones del Estado, los Tribunales de Justicia también tienen responsabilidad ante estos hechos por dar validez a los testigos protegidos, «transformándoles en el gran mecanismo para lograr condenas efectivas».

Además, recordaron las observaciones del relator especial de la ONU, Ben Emmerson, quien señaló que el uso de la legislación antiterrorista debería cesar, pues «se ha aplicado en forma desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no”.

Por último, Emmerson llamó a revisar las condenas de quienes resultados declarados culpables producto del testimonio de testigos protegidos.