cobre educaciónLas movilizaciones estudiantiles, La Polar, los ajustes unilaterales de comisiones y otros escándalos empresariales, la expansión acelerada de las redes sociales, la creciente inseguridad de los sectores medios, la persistencia de focos duros de pobreza e indigencia, han puesto sobre el tapete la desigualdad, discriminación y abusos que caracterizan a la sociedad chilena. Se ha instalado la percepción de que es necesario un cambio en el “modelo” y, para algunos, un cambio “de modelo”. Se cuestiona a las AFP y a las ISAPRES y la capacidad y voluntad del Estado para regularlas y proteger los intereses de los ciudadanos.

Todos los aspirantes a la Presidencia de la República han enfatizado la importancia de contar con una educación de calidad, desde el prekinder hasta la universidad -incluida la técnico-profesional y la capacitacióncomo condición para avanzar en la reducción de las desigualdades. Pero acceso y calidad no garantizan equidad; lo que hace la diferencia es el compromiso de garantizar acceso gratuito y calidad.

Esta es una tarea a la que hay que convocar a todos los chilenos, sin exclusiones. Es un tema país que debe abordarse con una perspectiva de largo plazo, lo que exige construir acuerdos amplios sobre institucionalidad, objetivos, cobertura, contenidos, procesos, etapas y financiamiento.

La mayoría de los jóvenes que hoy cursan o egresan de la enseñanza media no cuentan con los conocimientos mínimos para desempeñarse en el mundo del trabajo y en la universidad, ni con la formación valórica y cívica requerida para ser un buen ciudadano. Estas deficiencias están presentes en la educación pública y privada, pero las disparidades se amplían a medida que el ingreso de las familias de los educandos es menor.

Así, la educación, en vez de colaborar a disminuir las desigualdades se ha convertido en una fuente de mayor desigualdad. Urge, por tanto, convocar al país a la gran tarea de implementar un rediseño y renovación integral de su sistema educacional y de capacitación. Desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos han planteado la necesidad de abordar una reforma integral del sistema, pero no han logrado avanzar en esa dirección y se han tenido que conformar con sacar adelante iniciativas específicas, que deberían ser parte de dicha reforma, pero que al no haber acuerdo sobre ésta pueden terminar obstaculizándola en vez de facilitándola. No es realista suponer que un gobierno, cuyo mandato está limitado a cuatro años, va a estar dispuesto a incurrir en los costos que una iniciativa como esta trae consigo sin poder participar de los beneficios, que en su gran mayoría se percibirán a futuro.

Intentar seguir avanzando por partes ha dejado de ser una opción viable. El país está exigiendo que sus líderes sean capaces de levantar la vista y abordar los grandes temas que frenan su desarrollo y le impiden avanzar en igualdad y equidad, entre ellos, sin duda el más importante, la mala calidad e inequidad de la educación pública en todos sus niveles.

El desafío del próximo gobierno en este ámbito es asumir el liderazgo, proponer el camino a recorrer, lograr la adhesión mayoritaria e iniciar la marcha. La meta debiera ser: posicionarnos, en un plazo de diez años, entre los veinte países con mejor educación del mundo.

 

Reforma de la educación: Algunas ideas

El objetivo de la reforma es dotar a Chile de un sistema educacional y de capacitación -educación continua de excelencia, abierto al mundo, la empresa y demás actores relevantes. Un sistema educacional que promueva valores universales, como la responsabilidad, el trabajo bien hecho, la libertad, la tolerancia, la honestidad, el respeto a los demás. Un sistema educacional que en todos sus niveles, desde pre-kinder hasta la educación superior, incluidos los institutos técnico-profesionales, forme personas libres, solidarias, conscientes de sus derechos pero también de sus obligaciones y capaces de perseguir sus sueños y hacerlos realidad, que creen valor para la sociedad y para sí mismas.

Al gobierno le corresponde garantizar el derecho de todos a acceder y beneficiarse de una educación pública de calidad, integradora y equitativa. La provisión de servicios de educación debiera poder canalizarse vía prestadores públicos o privados sin fines de lucro. Quienes, en aras de la libertad de enseñanza o de otras consideraciones, prefieran educarse en planteles privados, deberían poder hacerlo. Si estos planteles recurren al Estado para financiarse deberían organizarse como fundaciones, sin fines de lucro, no discriminar en el acceso, no contemplar copago, satisfacer las exigencias mínimas -calidad, contenidos, infraestructura que sus congéneres públicos deben cumplir, y someterse a la evaluación y escrutinio de las instituciones públicas pertinentes.

Existe consenso acerca de que la calidad de la educación depende fuertemente de la calidad de los profesores y de la capacidad de gestión de los administradores de los diversos tipos de establecimientos educacionales. Es indispensable contar con profesores expertos en la o las materias que enseñan, capaces de guiar y entusiasmar a sus educandos, estimulando su imaginación y capacidad de pensar. Ello supone disponer de suficientes profesores, motivados y bien formados, en todos los ámbitos del conocimiento. Profesionales de excelencia, seguros de sí mismos, abiertos al cambio y orientados al logro de resultados. Organizar a un grupo de profesionales de primera línea y lograr conformar un buen equipo de trabajo, que facilite la formación integral del educando es una condición esencial para el desarrollo exitoso del proyecto educativo. Esta es responsabilidad del respectivo director o administrador del proyecto.

Como lo muestran diferentes estudios, la dotación actual de profesores es insuficiente y de baja calidad. Lo mismo es válido para la mayoría de los actuales administradores. Uno de los desafíos centrales de la reforma pasa por la transición desde una situación como la actual a la que se requiere para alcanzar el objetivo. El profesor del futuro, en buena medida, como consecuencia de los atributos ya señalados, debería ser bien remunerado. Lo mismo se requiere para los directivos. La expectativa, por ejemplo, de que la remuneración de un profesor de matemáticas sea equivalente y evolucione como la de un ingeniero civil graduado, de una universidad de primera clase, constituiría un poderoso incentivo para que jóvenes interesados y con facilidad para el tema decidan estudiar pedagogía en matemáticas y para que las universidades revisen y actualicen los contenidos y modo en que hoy abordan esa formación. Este mismo ejercicio puede repetirse para las diferentes carreras, considerando prioridades, referentes de los mercados y otros indicadores.

Un incentivo de esta naturaleza es también una buena ayuda para convencer a profesores en ejercicio a tomar cursos de perfeccionamiento que les permitan acceder al nuevo régimen de remuneraciones. Aquellos profesores que, por distintas razones, decidan no perfeccionarse deberían acceder a un plan de retiro que, sumado a la pensión por jubilación, les garantice mantener o mejorar la calidad de vida de que gozan en la actualidad.

Otro gran desafío, estrechamente vinculado o parte de la reforma integral de la educación, es el diseño y puesta en marcha de un sistema de educación continua que permita a profesionales, trabajadores y otros interesados mantener o fortalecer sus competencias y adquirir los conocimientos para desarrollar otras. La única forma de sostener una alta tasa de crecimiento de la economía es aumentando persistentemente la productividad del trabajo y ello depende de la calidad de la educación y de la capacitación.
En el mundo de hoy el conocimiento y la tecnología evolucionan aceleradamente y obligan a un esfuerzo permanente de capacitación. Satisfacer esta necesidad vía una amplia red de capacitadores (universidades, institutos técnico-profesionales, consultores) e incentivos a la demanda, es una condición necesaria para mantenernos competitivos, conservar y crear empleos productivos y aumentar las remuneraciones.

El sistema de capacitación vigente no cumple su papel y es necesario rediseñarlo por completo. La oferta de calidad es escasa y en lo grueso no responde a las necesidades de las empresas y el mercado.

 

Aprovechemos las utilidades extraordinarias del cobre para independizarnos del cobre

Una reforma integral del sistema educacional y de capacitación, no sólo exige liderazgo, visión y disciplina; requiere también de una fuente de financiamiento propia y suficiente. Se estima que una reforma como la aquí esbozada costaría del orden de de los US$ 12.000 millones, que se desembolsarían en un lapso de diez años.

Un proyecto de esta importancia y sensibilidad no debiera administrarse en el MINEDUC o alguna de sus dependencias. Estas instancias tienden a ser presas de la coyuntura y sirven los intereses del gobierno de turno. En todo caso, tendrían que participar, en calidad de usuarios, de la implementación de la Gran Reforma. El responsable del diseño y la puesta en marcha de la reforma debería ser el Fondo para la Reforma Integral de la Educación y la Capacitación (FORE), institución creada al efecto y cuyo ámbito de acción estaría definido por el Acuerdo Nacional por una Educación Pública Gratuita y de Calidad. El FORE tendría un Consejo Directivo presidido por el Ministro de Educación e integrado por representantes de todos los actores que respaldan y concurrieron al Acuerdo. El diseño de detalle y la implementación del Acuerdo estarían a cargo de la Secretaría Técnica, que reportaría al Consejo.

La forma más eficiente de financiar la reforma es captar para el Estado parte de la renta económica que están generando las compañías privadas de la gran minería del cobre y el oro. Como se plantea en el informe “Las Utilidades Extraordinarias del Cobre no están siendo Repartidas Equitativamente”, entre los inversionistas y el país las utilidades extraordinarias que genere la gran minería privada, es social y privadamente eficiente.

La forma más eficiente de financiar la reforma es captar para el Estado parte de la renta económica que están generando las compañías privadas de la gran minería del cobre y el oro. Como se plantea en el informe “Las Utilidades Extraordinarias del Cobre no están siendo Repartidas Equitativamente” (2), entre los inversionistas y el país las utilidades extraordinarias que genere la gran minería privada, es social y privadamente eficiente. Aún más, la meta de posicionarse, en diez años, entre los top 20 en educación, supone que en ese período el país transitará de una economía sustentada en el cobre a una sustentada en el conocimiento.

En el informe “Evolución y Perspectivas del Precio del Cobre” (3), se entregan los antecedentes que permiten sostener que el precio se mantendrá, en promedio, en torno a los US$ 350 centavos por libra, precio al cual las empresas continuarán generando cuantiosas utilidades extraordinarias. Si se acepta la propuesta de aplicar una sobretasa del 50% a las utilidades extraordinarias de las empresas mencionadas, y se decide destinar el 50% de lo recaudado por la sobretasa a financiar la reforma, los US$ 12.000 millones que se necesitan se hubieren completado en menos de seis años, considerando como referente la recaudación que habría generado la sobretasa, de haberse aplicado el año 2010.

Tenemos la gran oportunidad de transformarnos en una sociedad desarrollada, cuyo principal activo lo constituyan ciudadanos libres, competentes y solidarios. Por mucho tiempo fuimos dependientes del cobre. En diez años, gracias al cobre, podríamos terminar con esa dependencia.

(1) Economista. Ex Presidente Ejecutivo de Codelco-Chile. Miembro del Directorio CED.

(2) Ver, en edición de fecha 12.02.2014 de www.asuntospublicos.cl Informe N°1.111

(3) Ver, en edición de fecha 19.02.2014 de www.asuntospublicos.cl Informe N°1.112

Fuente: www.asuntospublicos.cl