carolina-echeverria-moya-582x3301El reciente emplazamiento público a la futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, a propósito del pasado de su padre como violador de los derechos humanos, uno de los tantos perpetradores de crímenes de lesa humanidad que hoy no ha sido alcanzado por la justicia, hace evidente una vez más que el pasado no es cosa archivada y que sus alcances son más amplios y vigentes que lo que muchos desearían.

El caso de la subsecretaria abre una arista específica de las controversias morales que  nuestra sociedad debe enfrentar producto del terror estatal ejercido por las fuerzas armadas en complicidad con civiles durante la dictadura, cual es si los hijos e hijas de torturadores y personas que abiertamente colaboraron con el régimen, y que aspiran a intervenir en la vida pública pueden permanecer en silencio ante los comportamientos pasados de sus padres, más aún cuando éstos constituyen crímenes.

Ante estos dilemas generalmente se escucha que los hijos no deben pagar las culpas de sus padres, y eso es correcto, dado que la culpa es intransferible (aunque al parecer en el campo de los compromisos económicos, las deudas suelen ser heredables…), pero la realidad es que no pueden evitar cargar con las consecuencias que las acciones pasadas de sus padres tienen en sus propias vidas en el presente. Qué se le va a hacer, los nombres y los apellidos son los que son, y no puede evitarse que cuando alguien lleva el apellido Krassnoff por ejemplo, una parte de la ciudadanía reaccione con estupor, lo que no significa que automáticamente la persona identificada con ese apellido deba ser descalificada, rechazada o estigmatizada de antemano, el problema sobreviene cuando quien porta el apellido y que por demás tiene aspiraciones de intervenir en la arena pública, no tiene nada que decir sobre lo que ese apellido representa, más aún cuando forma parte de una coalición que se ha enorgullecido de su constante condena a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, lo que presenta como uno de los pilares de su adn político.

Nadie pide que como en algún caso radical en Argentina, una hija de torturador haya renegado públicamente de su apellido cuando supo que las tiernas manos que cada noche la arropaban antes de dormir, eran las mismas que horas antes martirizaban a los perseguidos por la dictadura.

Es comprensible que si el tema es complejo a nivel público y colectivo, también lo sea a nivel privado y personal. Hay varios ejemplos de aquel trance (cuando lo es, otras veces como se ha visto, los herederos optan por la lealtad ciega hacia sus padres, negando el pasado y reivindicando sus acciones), algo de ello se aprecia en la novela Bucarest 187 de Patricia Verdugo, la decepción hacia los suyos y el desarraigo que sobreviene. Si Carolina Echeverría no aspirara a ocupar un cargo público, tal vez nadie le confrontaría, o quizás tarde o temprano sus hijos lo harían, el caso alemán es elocuente al respecto, hijos y nietos preguntando a sus padres, madres abuelos y abuelas sobre el pasado, y aunque haya recambio de generaciones alguien tiene que responder porque no puede evitarse que las preguntas sean hechas. He ahí el problema, no es la culpa lo que apremia sino la responsabilidad, la capacidad de enfrentar una interrogante, de responder y tener una posición o punto de vista, aunque sea una experiencia que sirva para enfrentar el cuestionamiento en vez de ignorarlo, desdeñarlo o hacer como si “aquí no ha pasado nada” (deporte nacional promovido por varios sectores durante los últimos 20 años).  No sabemos porqué la aludida no se pronuncia, ¿acaso piensa que se trata de un asunto privado?, ya no lo es, nunca lo fue, las acciones de su padre nunca fueron privadas (hace rato se desestimó la versión de los crímenes como “excesos personales”). Callar sólo contribuye a eludir la responsabilidad que le cabe, no por los crímenes, sino por su apreciación sobre esos hechos que le tocan a ella, y a miles de chilenos y chilenas.