La institucionalidad actual se ha cimentado para proteger a quienes manejan el poder. Las pruebas son muchas y están a la vista. Pero la realidad que se presenta a la ciudadanía es manipulada para que crea que hay unos pocos malos que quieren perjudicar a la gran mayoría que desea vivir en paz. De pronto, esos “malos” reciben la ayuda de algunos ingenuos -jueces de la República, por ejemplo. El caso más reciente es la reacción del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, que repudió el dictamen que condenó al machi Celestino Córdova a 18 años de cárcel por su participación en el incendio que terminó con la vida de los esposos Vivian Mackay y Werner Luchsinger. Un caso que conmocionó no sólo a la zona de la Araucanía, sino a todo el país. Y, luego, el respaldo del presidente Piñera, ante la respuesta que dio a su ministro el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

¿Qué ingredientes tenía este caso? Sin duda, la brutalidad del hecho. Pero también la participación de grupos mapuches que reivindican la posesión de sus tierras ancestrales. Y, al mismo tiempo, repudian a quienes hoy gozan de la propiedad de esos territorios. Las víctimas eran cercanas al poder económico. Eso explica, posiblemente, la reacción del Ejecutivo, en frases tan categóricas como las expresadas por el Jefe del Estado: “Al igual como el presidente de la Corte Suprema tiene derecho a defender a sus jueces, este Presidente (de la Republica) tiene derecho también a defender a la víctimas y a todos los compatriotas que quieren y merecen vivir en paz” Con tales palabras contestaba a otras del juez Muñoz: “No está a la altura de una autoridad emitir comentarios descalificatorios de lo que puede ser la función judicial, por cuanto los jueces miran con respeto, como lo hacen todos los chilenos, a todas las autoridades, entre ellos al señor ministro del Interior y al señor presidente de la República”.

Pueden resultar extrañas estas diferencias de opinión. Podrían justificarse, tal vez, en la búsqueda de un camino adecuado para la justicia y la tranquilidad de los chilenos. Sin embargo, no es así. Sin duda Muñoz tiene razón. Resulta inaceptable que el Ejecutivo se inmiscuya en un campo que le corresponde a otro poder del Estado. Sobre todo que la tranquilidad de los chilenos depende, en gran medida de cómo se combate realmente a la delincuencia. Y eso no le corresponde sólo a los jueces. Además, hay que recordar que buena parte de la campaña del actual mandatario se basó en la oferta de terminar con una “delincuencia desbordada”. Los resultados obtenidos durante su administración son poco alentadores. Incluso la cifra de delitos aumentó.

Pero al igual como la intromisión del Gobierno es cuestionable, también lo es el actuar de la Justicia en otros casos que podrían igualmente ser emblemáticos. Por ejemplo, la participación de Martín Larraín (24) en la muerte de Hernán Canales (39), la noche del 18 de septiembre de 2013. Pese a lo que afirma su padre, el senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, en ese proceso se han producido vicios graves. Su hijo conducía ebrio el vehículo que atropelló a Canales y no le prestó ayuda. La alcoholemia se efectuó 24 horas más tarde. Se realizó una autopsia que, después se supo, fue trucada. Al cadáver de Canales ni siquiera se le practicaron los exámenes de rigor. Los acompañantes de Martín esa noche, Sofía Gaete y Sebastián Edwards se encuentran procesados por obstrucción a la justicia, ya que mintieron reiteradamente para proteger a su amigo. Hoy el caso está abierto y Martín Larraín se encuentra en libertad. ¿Qué dice el Juez Muñoz al respecto? ¿O que dice el Gobierno?

Se trata de situaciones en que el poder opera siempre ocultando verdades que puedan perjudicarlo. Si se denuncia a los “malos”, lo hace sin decir que aquellos delinquen en una sociedad en que la concentración económica es brutal. Y si el delincuente es uno de los suyos, el hecho es acallado o manipulado. Como dice el politólogo islandés Petur Gudjonsson: “El paisaje económico hace que el individuo se sienta cada vez más sometido a la presión del dinero, que está más concentrado en unos pocos. Siente impotencia frente a esta situación y termina pensando que lo mejor es obedecer y seguir las reglas del juego. Como se siente tratado como un objeto, pronto trata a los demás y a sí mismo como tal”. Insisto en que este panorama no es local. Es cuestión de mirar el escenario mundial y escudriñar cómo nos presentan los medios de comunicación lo que ocurre en Siria, en Ucrania, en Venezuela o en Argentina. Al régimen sirio se lo condena pese a que enfrenta una rebelión armada desde afuera. En Ucrania condenarán a Rusia por tratar de intervenir, actitud que es tan condenable allí como en el territorio sirio. En Venezuela, el gobierno de Maduro es execrado, pese a que el proceso que se vive es muy similar al que engendró la dictadura en Chile.

Pareciera que la Guerra Fría no ha terminado. Pero sólo es una ilusión. La antigua izquierda está hecha jirones y la nueva es un engendro extraño que pretende ubicarse en algún lugar del centro de este mundo neo.