La deuda socio-ambiental de las nuevas izquierdas latinoamericanas

“La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”  Art. 71.- Constitución política del Ecuador.

El desfile de mandatarios latinoamericanos por la pasarela de nuestro cambio de mando presidencial -algunos alcanzan el grado de rockstars, por su exposición mediática y el fanatismo de sus seguidores- nos lleva a darle una mirada con nuestro particular sesgo ambientalista a lo que está pasando en nuestra tan diversa América Latina.

Y es que –recordemos- buena parte de los gobiernos emblemáticos actuales han surgido de procesos políticos en los que las problemáticas socio-ambientales y territoriales han sido centrales, como la “guerra del agua”, con gran protagonismo indígena, en Bolivia (2000), las luchas indígenas y el proceso constituyente en Ecuador (2006-08), la recuperación –por iniciativa popular- del agua como bien público (gestión exclusivamente estatal) en Uruguay (2004), el rechazo indígena a la minería en el Perú o las demandas de soberanía sobre los recursos naturales en Venezuela y en todos nuestros países.

En algunos casos el discurso oficial ha estado centrado en la defensa de la naturaleza, como ha sido el del Gobierno boliviano de Evo Morales en las negociaciones de cambio climático en las Naciones Unidas, donde sus posturas “pachamamistas” y de defensa del Buen Vivir como paradigma social lo llevaron a quedar prácticamente aislado, acompañado sólo por las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

En el caso del Ecuador, cuya constitución política es la primera en reconocer explícitamente derechos a la naturaleza, el presidente Rafael Correa expresó su apuesta por la sustentabilidad en la decisión –mantenida durante varios años- de dejar bajo tierra las reservas de petróleo en el parque Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), exigiendo al mundo desarrollado –principal responsable del cambio climático- una compensación económica por las emisiones de carbono evitadas.

Unos más, otros menos, estos y otros gobernantes del nuevo progresismo latinoamericano, accedieron al poder abrazando, junto con los valores tradicionales de la izquierda –igualdad y justicia social, soberanía nacional y propiedad estatal sobre los recursos estratégicos-, los valores de la sustentabilidad y la justicia ambiental –protección del medio ambiente y la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas, respeto a la soberanía de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre sus territorios-, y por esto gozaron del respaldo generalizado del mundo ambientalista y, por cierto, de los pueblos indígenas.

Pero con el transcurso del tiempo, marcado en América Latina por las urgencias y presiones asociadas a las necesidades sociales de primer orden, así como por la incidencia de poderosos intereses multinacionales, el ambientalismo de los gobiernos progresistas fue perdiendo terreno ante un desarrollismo cada vez más clásico.

Este giro, que en el caso de Humala en Perú es claramente hacia la derecha -opta no sólo por el modelo extractivista, sino por la subordinación a intereses privados-, se ha expresado en diversos conflictos que han enfrentado a los gobiernos con grupos ambientalistas y comunidades indígenas.

Correa tomó la decisión de explotar el petróleo del Yasuni-ITT con el argumento de que ahí hay “… decenas de miles de millones de dólares que el pueblo ecuatoriano necesita con urgencia.”

En el caso boliviano, el conflicto “emblemático” ha sido el derivado de la decisión gubernamental de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), con los argumentos de la geopolítica y la integración física del país.

En un caso distinto de los nuevos liderazgos latinoamericanos, el gobierno uruguayo de Pepe Mujica, tan aplaudido mundialmente por su austeridad personal y el impulso y aprobación –en un país eminentemente laico y donde la iglesia no tiene peso político- de leyes vanguardistas en materias de diversidad sexual (matrimonio homosexual), reproducción (legalización del aborto) y drogas (legalización de la marihuana), ha generado las condiciones para la expansión de la industria forestal (plantaciones de pinos y eucaliptos y plantas de celulosa), el monocultivo de soja (mayormente transgénica) y la mega-minería. Todas estas actividades económicas, aparte de su enorme impacto ambiental, son –como bien sabemos en Chile- intensamente concentradoras de riqueza.

Estos y otros conflictos han provocado el alejamiento gradual –a veces, brusco- de los movimientos socio-ambientales de los gobiernos, los que no han ahorrado epítetos –y hasta acciones legales- en contra de ellas.

Para Correa, “hemos estado negociando con el ecologismo infantil, que aupado en las sombras ahora aparece, pero que ha estado manejando estos procesos” … “los que nunca han ganado media elección querían prohibir, impedir que este país aproveche sus recursos naturales no renovables”. Similar actitud ha tenido Evo Morales, que se ha referido al ambientalismo como “una nueva forma de colonialismo”, y Pepe Mujica se ha referido como “terrorismo ambiental” a las alertas ambientalistas en contra de la mega-minería, que califica de “fantasiosas”.

Lamentablemente, estos gobiernos de izquierda no han sabido distinguir dentro del ambientalismo entre quienes –desde la derecha- mediante la mercantilización y privatización del ambiente y la naturaleza, efectivamente representan posturas colonialistas que afectan la soberanía nacional y, aun más, de las comunidades; y aquellos que –desde la izquierda- demandamos el respeto a estas soberanías y a los derechos de los pueblos y comunidades. También lamentamos que, sobre todo en la zona andina, los gobiernos estén cayendo en el conservador argumento de la necesidad urgente de “hacer caja”, de la manera más rápida y fácil, a partir de la explotación masiva de recursos naturales y la expansión de la frontera agrícola, para asegurar las necesidades básicas de la población.

Bien podría ser que estos conflictos fueran excepcionales y seguramente en su visualización y evaluación pública internacional ha primado la capacidad comunicacional ya sea de los gobiernos o de las organizaciones ambientalistas. Pero, con todo, es importante notar que estos gobiernos tampoco han sido capaces de expresar con claridad cuál es el modelo alternativo de sociedad al que aspiran; cómo se expresa en términos concretos y cómo se distingue de un modelo desarrollista tradicional, la opción del respeto a la naturaleza, la Pachamama, y el Buen Vivir, más allá de los artículos en la Constitución y las frases para la galería global.

Quienes luchamos por la justicia ambiental apoyamos firmemente los procesos de descolonización y ejercicio de soberanía impulsados por las nuevas izquierdas en América Latina, pero estamos convencidos de que los nuevos modelos de sociedad deben estar fundados en la sustentabilidad en todas sus dimensiones, incluyendo el respeto a la soberanía territorial y la diversidad cultural de los pueblos y comunidades.

Y, consistentemente, creemos que la transición hacia estos sistemas de vida, que genéricamente podríamos llamar -como los ancestros andinos- el Buen Vivir, puede y debe realizarse bajo estos mismos valores de justicia social y ambiental y de respeto a los derechos de la naturaleza, a la que pertenecemos.