Algo de lo que aprendimos en la anterior administración eran los “conflictos de interés”, que según el ex presidente Piñera et al, sólo podían concretarse una vez un funcionario del Estado tuviera intereses económicos relacionados a la toma de decisiones que los funcionarios deban tomar. Argumento usado por el ex Diputado Giovanni Calderon, cuando se le cuestionó su reunión con una alta funcionaria de Barrick, justamente cuando él presidía una comisión investigadora en contra del accionar del Gobierno en el nefasto proyecto Pascua Lama.

Ahora, existe un cuestionamiento que también es considerado conflicto de interés: el ético. De hecho es el que usó básicamente la ex Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, cuando rechazó presidir el Consejo de Ministros porque había sido parte de la consultora que desarrolló el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Punta Alcalde de Endesa, del que no fue parte del equipo técnico, pero sí estaba a cargo del trabajo con las comunidades.

Cabe recordar que no sólo ex diputados o ex ministros han sido cuestionados por sus cercanas relaciones a los proyectos de inversión, también ha sido cuestionado el accionar del ex director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro, debido a que permitió el trámite del proyecto Andina 244 de la Estatal Codelco, aun conociendo la opinión del Seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso, que decía que el proyecto no podía ser evaluado por la falta de antecedentes. Toro era ex empleado de la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental.

Cristián FranzLa nueva administración estatal no aprendió ninguna de las dos causas de cuestionamiento, porque a poco andar designó en el cargo de Superintendente del Medio Ambiente a Cristian Franz Thorud, abogado de la Universidad de Chile, con amplios estudios de postgrado, pero que no podrá desarrollar su trabajo como superintendente de manera normal, por los múltiples conflictos de interés, tanto éticos cómo económicos, que tendrá en su futuro, porque su empresa ha trabajado con la mayoría de los violadores de la legislación ambiental. Por mencionar los más ilustres: Barrick Gold, Agrosúper, Codelco, Antofagasta Mineral, Collahuasi, Río Tinto, Enap, Xstrata Copper,  y el gremio de las eléctricas, Empresas Eléctricas Ag.

La Superintendencia de Medio Ambiente no ha tenido la fortaleza para defender a los ciudadanos que se esperaba y ha terminado su primer año siendo además fuertemente cuestionada, al punto de decretar ilegal su accionar por el Tribunal Ambiental, por adecuar la forma de sancionar para permitir el desarrollo del proyecto Pascua Lama a la luz de los numerosos incumplimientos ambientales. Entonces ¿qué podemos pensar de una institución si el nuevo Superintendente tiene además negocios con la firma dueña del proyecto? El gato cuidando la carnicería, diría mi abuela.