ballena-delfín-caza-580x360La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ordenó a Japón que revoque los permisos de caza de ballenas en la Antártica, ya que no se ajustan a los “fines científicos” exigidos por la legislación internacional.

“Por 12 votos a 4, la Corte decidió que Japón tendrá que revocar cualquier permiso o licencia relacionado con Jarpa II y evitar pedir otros permisos en el contexto de ese programa”, declaró el presidente de la CIJ, Peter Tomka.

La sentencia fue decidida luego que los jueces estimaran que los permisos concedidos a Japón desde 1987 “no se ajustan a las provisiones contenidas en el artículo VIII” de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW).

Dicho convenio únicamente permite la caza de ballenas en el caso de que persiga fines científicos o de que sea para la subsistencia de la población aborigen. “En la concepción del programa han tenido que ver consideraciones financieras, más que criterios puramente científicos”, declaró Tomka durante la audiencia en el Palacio de la Paz de La Haya.

El juez apuntó a “la falta de transparencia” del sistema de cuotas japonesas, que según estimó “no son razonables”, e hizo valer el reducido número de publicaciones científicas en el marco del programa de investigación japonés JARPA II. “Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones y licencias concedidos en el marco de JARPA II y abstenerse de otorgar cualquier nuevo permiso en virtud de este programa”, ordenó.

“Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones y licencias concedidos en el marco de JARPA II y abstenerse de otorgar cualquier nuevo permiso en virtud de este programa”.

Por su parte Koji Tsuruoka, jefe de la delegación nipona ante la CIJ, respondió rápidamente afirmando que respetará la decisión vinculante e inapelable del órgano judicial supremo de Naciones Unidas, manifestando no obstante su “profunda decepción” argumentando que su programa de caza de ballenas perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos.

Con su veredicto, la Corte le dio la razón a Australia, quien recurrió a ella en mayo de 2010 afirmando que Japón practicaba la caza ballenera con objetivos comerciales, pretextando un programa de investigación científica.

Para las autoridades australianas, Japón transgrede específicamente su obligación de cumplir el mandato de la moratoria total de la caza con fines comerciales que entró en vigor en 1986. Durante las audiencias orales, que se celebraron entre junio y julio de 2013, Australia también criticó que el programa de investigación japonés tenga un carácter indefinido, basándose tan sólo en “el control de los cambios en el ecosistema antártico”.

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Satisfacción de grupos ambientalistas

Patrick Ramage, director del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW, por su sigla en inglés) celebró el fallo de la CIJ, e instó a “Japón, Noruega e Islandia, los tres países que aún cazan ballenas con propósitos comerciales, a aceptar que ello no puede ocurrir en el siglo XXI y a que cumplan la sentencia de hoy”.

Por su parte Claire Bass, de la Sociedad Mundial por la Protección de los Animales (WSPA) declaró que “esta decisión envía un mensaje claro a los gobiernos de todo el mundo: la explotación de animales no se va a tolerar más, y los animales tienen que ser protegidos al más alto nivel”. Uno de los ejemplos emblemáticos al respecto es la matanza anual de miles de delfines para comercializar su carne y traficar ejemplares vivos para cautiverio que se realiza en Cove, Japón.