Aire contaminadoEsta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer un informe que revela el negativo impacto que tiene en la salud de la población mundial la contaminación atmosférica. Esto no es novedad para quienes trabajamos las temáticas ambientales y seguimos de cerca la calidad del aire en Chile, pero no por ello las cifras dejan de ser alarmantes y preocupantes. Sólo para el 2012 la OMS ha estimado en cerca de siete millones las personas que en el mundo murieron a causa o por efecto de la exposición prolongada a la contaminación atmosférica, tanto al interior de los hogares como en el exterior, estimación que duplica las cifras dadas a conocer por el mismo organismo en el 2011, que estimó las muertes por exposición a la contaminación del aire en unas 3,3 millones de personas. Esto ha llevado a la OMS a señalar que, hoy por hoy, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud de la población. Agregando que la excesiva contaminación atmosférica es a menudo una consecuencia de políticas que no son sostenibles en sectores como el del transporte, la energía, la gestión de desechos y la industria.

De ello sabemos muy bien chilenas y chilenos, donde las nulas y/o malas decisiones políticas en materia de energía, transporte, ubicación de megafuentes, entre otras, junto con la falta de regulación y normativa ambiental en algunos casos o la tardía respuesta de la autoridad ambiental y de salud en otros, tienen al menos a 10 millones de personas, tanto del norte, del sur y centro del país, viviendo permanentemente expuestos a niveles superiores a la norma de calidad del aire para material particulado fino (PM2,5, 20 microgramos por metro cúbico para concentración promedio anual),  y provocan más de 4 mil muertes prematuras al año asociadas a la exposición crónica, según diagnóstico oficial del Ministerio del Medio Ambiente dado a conocer públicamente el 2012 a través del Informe  del Estado del Medio Ambiente 2011.

Cabe recordar que el material particulado fino es una mezcla de numerosos compuestos orgánicos, inorgánicos y biológicos de la más alta peligrosidad y que por su diminuto tamaño -apenas 2,5 micrones- penetra fácilmente por las vías respiratorias alojándose en los alvéolos pulmonares, provocando graves enfermedades respiratorias y cardiovasculares e incluso la muerte. Es necesario tener presente, además, su origen antropogénico, generándose en los procesos de combustión que abarcan las centrales termoeléctricas, las fundiciones de cobre, el sector industrial, el transporte público y particular, los artefactos de calefacción a leña, entre otros.

Es cierto que en los últimos años se ha avanzado con la dictación de la norma de calidad para material particulado fino –que ya cumple dos años de vigencia- y con las normas de emisión para termoeléctricas, fundiciones, para artefactos a combustión de leña, entre otras. Sin embargo, esto todavía no se traduce en una mejora de la calidad ambiental de las ciudades y comunas. Los ejemplos están a la vista, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Santiago, Coronel, son sólo algunos de los lugares que han estado en el centro de los conflictos socioambientales del último tiempo, debido al impacto en la salud y al medioambiente que provocan los distintos procesos productivos que en ellas operan y los nuevos que se quieren desarrollar en zonas muchas de las cuales ya han sido declaradas saturadas por algún contaminante. Además, es sabido que la norma por sí sola no implica una mejora en la calidad de aire.

Esto pareciera estar recogido en el programa de gobierno de Michelle Bachelet que, para este segundo período, ha identificado como una de sus prioridades en materia ambiental caminar hacia “Ciudad y Territorios Sustentables con Buena Salud y Calidad de Vida”, destacando “la obligación de avanzar en mecanismos para mitigar los efectos crónicos de la contaminación en la salud. Aceleraremos la elaboración y revisión de normas de emisión de aire así como de normas de calidad. Nuestros planes y medidas de prevención y descontaminación, que hoy pueden ser fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, requieren inventarios de emisiones que debemos afinar y actualizar”. Más aún, la actual mandataria, en su paquete de 50 medidas para los primeros cien días, estableció como medida número 32 “uno de los problemas que enfrentan cada vez más ciudades en Chile es la contaminación ambiental. Necesitamos enfrentarla de una vez con planes que efectivamente contribuyan a disminuirla. Para eso, estableceremos planes de descontaminación para las ciudades que presenten las situaciones más críticas”.

Sin embargo, más allá de la firma de los decretos que inician el proceso para el establecimiento primero de una zona saturada o latente por contaminante, todavía no se tiene claridad de cómo se avanzará en tal sentido. Sobre todo si se considera que, una vez dado este paso inicial, para establecer un Plan de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) es necesario cumplir una serie de etapas normadas por ley, garantizando la participación de los diversos actores y sectores en el proceso.

La experiencia del pasado para el establecimiento de planes de descontaminación como los que operan en Santiago, Temuco, o el Gran Concepción, es que éste es un proceso complejo, no exento de polémicas, discusiones y donde los diversos sectores ejercen un fuerte lobby.

La experiencia del pasado para el establecimiento de planes de descontaminación como los que operan en Santiago, Temuco, o el Gran Concepción, es que éste es un proceso complejo, no exento de polémicas, discusiones y donde los diversos sectores ejercen un fuerte lobby. Situación similar se da en los procesos de actualización de éstos Planes, llegando por ejemplo en Santiago a demorar varios años la última puesta al día del Plan, considerando el período desde que se firmo el decreto que iniciaba su actualización hasta que la Contraloría hace la toma razón del mismo y este es publicado en el Diario Oficial para iniciar su implementación. Esto a la larga significa una pérdida de fuerza para el instrumento.

En este camino, sin embargo, consideramos que el informe de la OMS puede ser un impulso para las actuales autoridades ambientales y de salud en el enorme y complejo desafío país que significa mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y con ello, mejorar la salud de la población. En el intertanto, un mecanismo con impacto directo en la salud es la información y la educación de la población. La entrega oportuna de los niveles de contaminación reales (y no el promedio de 24 horas como en la actualidad se hace), por ejemplo, permitirá a la ciudadanía tomar decisiones como la de no hacer ejercicios a la hora de los mayores índices y, por tanto, disminuir el riesgo de exposición a los contaminantes. En los días con episodios críticos la suspensión de clases de educación física en los recintos escolares, no puede ser sólo una recomendación a los colegios, a la luz de los resultados de los estudios, la medida debiera ser la prohibición, pues niñas y niños tienen mayores riesgos de desarrollar enfermedades asociadas a la contaminación del aire. Situación más compleja resulta el cómo enfrentar la contaminación intradomiciliaria, es decir, la que se produce al interior de nuestras casas, pues ella está asociada principalmente a las formas de calefaccionarse y donde las más contaminantes (braseros a carbón o leña, estufas a parafina) son mayormente usadas por los hogares más vulnerables. Aquí el desafío es mayor y la respuesta política no sólo involucra a medioambiente y salud, sino también a vivienda y desarrollo social. Es aquí donde la equidad ambiental, eje central de la política ambiental del programa de Bachelet, tendrá una de sus mayores pruebas.