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El Loa nace en la falda norte del volcán Miño en Ojos del Miño, casi en el límite entre las dos primeras regiones de Chile; recorre cerca de 150 km en un profundo cañón de altura variable, desde su nacimiento hasta el oasis de Chiuchiu. A partir de allí, su curso dobla sensiblemente hacia el oeste para alcanzar, tras un recorrido de 115 km, la localidad de Chacance, donde se reúne por su ribera derecha el río San Salvador, uno de sus principales tributarios junto con el río Salado. En este punto, el Loa sigue su viaje en dirección al norte, hasta llegar al oasis de Quillagua, lugar donde el río prácticamente ha dejado de fluir y su escaso y ocasional escurrimiento posee altos niveles de salinidad y elementos químicos, como  xantato e isopropanol, producto del persistente y continuo aumento en la demanda de agua requerida por las faenas mineras que lo acechan.

Los cerca de 100 habitantes aymaras de Quillagua, que tradicionalmente se dedicaron a la agricultura, ganadería y extracción de camarones, hoy sobreviven de las cosechas que genera una agricultura sumida en una profunda crisis hídrica, que ha puesto en jaque la sobrevivencia de gran parte de las comunidades indígenas que habitan a lo largo del Loa. La constante disminución del caudal de agua tiene como inevitable consecuencia una serie de impactos ambientales que afectan la estructura de ecosistemas que, a causa de condiciones climáticas de temperatura y aridez extrema, son sumamente frágiles ante variaciones de caudal. Esto ha provocado la alteración de una parte fundamental de las distintas comunidades indígenas de la zona, como son su sistema de creencias, basado en la interacción simbólico-ritual entre la cultura de estos pueblos y el medio ambiente o mundo material que los contiene.

Si bien esta crisis hídrica está asociada a un largo período de sequía por disminución de aguas lluvia en la región, su causa fundamental está estrechamente vinculada a las numerosas intervenciones superficiales y subterráneas realizadas en la cuenca del río Loa a lo largo de las últimas tres décadas. Esto último, como resultado de la implementación del Código de Aguas de 1981 y la llamada “Racionalización del río Loa”, nombre con que la dictadura militar denominó el proceso en el cual se reconoce y adjudican derechos particulares de agua en dicha cuenca “con el propósito de utilizar en forma óptima los recursos hídricos del Loa”.

El Código de Aguas de 1981 —que para algunos no deja de ser un código de “riego” ya que no comprende los usos no extractivos o in situ de las aguas, por ejemplo—, posibilitó que personas naturales o jurídicas solicitaran toda el agua de un río sin justificar el uso que se le daría, ni la necesidad del caudal solicitado. Este sistema originó el denominado “mercado de aguas” el cual, si bien fue modificado en 2005 tras 12 años de tramitación parlamentaria, sigue favoreciendo abiertamente la concentración y especulación en torno a los derechos de aprovechamiento de aguas. Basta un solo dato para ejemplificar esto: del 100% de los recursos hídricos utilizables en Chile, Endesa (hoy controlada por la trasnacional italiana Enel) concentra el 80% de los derechos de agua no-consuntivos del país y el 86% de los de la región de Aysén.

Después de 30 años de funcionamiento se hace evidente la necesidad de exigir cambios radicales en la legislación asociada al uso de recursos hídricos en el país. Una legislación que permite la legalidad de una arraigada mala costumbre, donde el sistema trabaja en pos del bolsillo de un reducido monopolio local y el enriquecimiento de unos cuantos capitales extranjeros. En pos de la sequía del progreso un desarrollo insustentable, donde el respeto de los derechos de los pueblos originarios, la gestión sostenible de nuestros recursos naturales y la conservación de la biodiversidad que habita en nuestro país, sucumbe ante un modelo neoliberal basado aun en el consumo indiscriminado y poco inteligente de recursos naturales.