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Foto: PUC

Las nuevas autoridades han señalado que se emprenderá el proceso de desmunicipalización del sistema escolar. Un anuncio que devela un proceso que contiene un sin número de complejidades.

A priori, resulta evidente que el nuevo sistema debería hacerse responsable de la articulación del sistema educacional, vinculando al gobierno central, a las regiones y a las comunidades locales. Tendría también que abordar el sentido y la gestión pedagógica, la administración, financiamiento y obviamente un proceso de transición desde el actual sistema al nuevo sistema desmunicipalizado. Este último asunto es muy relevante pues constituye un punto de partida clave para el futuro sistema. Ya sabemos en Chile, que los proyectos maximalistas no se sostienen en su base sin atender la capacidad instalada y los aprendizajes alcanzados en ciertas materias. La innovación debería contemplar sustentabilidad y viabilidad, sobre todo cuando se aborda un ámbito en extremo complejo como es el de la educación.

Por lo mismo, resultaría pertinente que la desmunicipalización fuese un proceso abordado con el conjunto de los actores protagónicos y vinculados, potenciando la capacidad instalada en los municipios, en los equipos ministeriales, en saberes académicos, en nuestra memoria pedagógica, en las experiencias de comunidades locales, así como evidencia internacional.

Transferir la educación municipalizada a una gestión distinta, atendiendo los resultados del actual sistema de educación pública, parece coherente y razonable, también lo es la intención de mantener un carácter “descentralizado”, asignando en esta oportunidad un rol distinto al Estado; pasando desde una lógica del Estado que solo subsidia, a una lógica que lo comprende como protagónico.

Atrás podrían quedar los criterios fundantes del modelo del Estado subsidiario en la educación, manifestados en la “Directiva Presidencial de Educación de 1979”, documento que señala, entre otras materias, que la educación secundaria y terciaria serán pagadas, que mediante las subvenciones se propicia la participación privada, que se excluye la posibilidad de construir “curriculum alternativos”, y que para descentralizar la educación, se procederá a su municipalización. La actual gestión municipal se propició desde ese marco, donde el Estado tiene que dejar que funcione la “libertad de enseñanza”, posibilitando para ello la creación de establecimientos educacionales particulares con subvención del Estado, en una clara distorsión que iguala la libertad de enseñanza con la libertad para emprender negocios lucrativos con la educación de nuestros jóvenes y niños; imaginario que retrató muy bien el ex Ministro de Educación de la dictadura, Alfredo Prieto, en su libro “La Modernización Educacional” (1983).

Así, los municipios partieron desde sus inicios condenados a tener un rol menor dentro del “mercado de la educación”, lo que se reflejó en un financiamiento precario y sin la preparación adecuada para atender el ámbito pedagógico. Por otra parte, los particulares subvencionados crecieron sin restricciones, provocando sobre oferta sobre todo en las grandes urbes, y sin regulación, lo que les permitió implementar una política selectiva de estudiantes (y familias), generando en la práctica, la instalación de ghettos educacionales, según la condición social, económica y cultural de los estudiantes y sus familias. A ello se agregan malas decisiones municipales, y posteriormente la instalación del financiamiento compartido y el co-pago, profundizando la segregación social en las escuelas chilenas.

A pesar de que esos criterios se constituyeron en dictadura, en la década de los noventa y últimos años se mantuvieron, sea por convencimiento e interés, para no entorpecer la “gobernabilidad” de la transición, o bien porque se careció de la fuerza política y legislativa para generar cambios. Con ello se profundizó la crisis de la educación pública.

La desmunicipalización puede convertirse en una circunstancia importante para entrar a reconfigurar esos criterios centrales, y por consiguiente, para impulsar medidas que vayan en la dirección de recuperar la educación pública chilena. Una de ellas es la necesidad de regular el crecimiento inorgánico de nuevas ofertas de educación particular subvencionada, y así contribuir a congelar la baja permanente de la matrícula pública, lo que implicaría además un respiro inmediato para contrarrestar el desfinanciamiento del conjunto de los establecimientos públicos en zonas geográficas con exceso de esa oferta particular. También generar un nuevo marco regulatorio para los existentes, que posibilite la eliminación del lucro y que propicie la constitución de estándares públicos para su funcionamiento, otorgando de ese modo la opción a que postulen a fondos fiscales. Otro aspecto relevante es la anunciada eliminación del financiamiento compartido, quedando en duda por cierto, el cómo ocurrirá, e identificando los plazos y momentos en que ocurrirá aquello. Esa medida ayudará a propiciar la integración social y cultural en sus aulas; un estándar público básico.

También es significativo el proceso de transferencia de los profesores al nuevo empleador. ¿Se conservarán los derechos y el estatuto laboral y profesional? ¿Qué pasará con aquellos docentes que tienen otras asignaciones municipales? ¿Y los asistentes de la educación, conservarán los derechos adquiridos?

Otra arista a despejar la constituye la transferencia de la propiedad de los bienes muebles e inmuebles de los municipios a los nuevos organismos de administración de la educación pública. ¿Se realizará vía indemnización? ¿Se mantendrán o incrementarán las inversiones en el sector educativo que actualmente se transfieren a los municipios? ¿Tendremos una transición por zonas geográficas o de qué otro modo? ¿Cuánto durará la transición? ¿Se realizará en el periodo gubernamental actual, o necesariamente se tendrá que proyectar al próximo periodo gubernamental? ¿Se mantendrán las actuales políticas de financiamiento o se crearán nuevos fondos especiales para transitar al nuevo sistema de educación pública?  ¿Se destinará un esfuerzo adicional para apoyar a los municipios a fin de que sigan gestionando la educación pública mientras se instala el nuevo sistema? Son muchas las interrogantes a dilucidar.

Mientras se edifica el nuevo sistema, asoma la urgencia de revalorizar la educación pública; ahí será relevante una gran campaña nacional, además de los incentivos, y apoyos especiales y directos que ayuden a mantener e incrementar la actual matrícula de los establecimientos municipales.

Además de atender los elementos para una exitosa transición, se requiere pensar y configurar una serie de lineamientos que le otorguen un nuevo sentido y funcionalidad al nuevo sistema nacional que se creará.

Son varios los criterios a considerar para aquello. Por lo pronto se requiere un nuevo sistema que asegure y propicie integración, inclusión, transparencia, pertinencia y excelencia pedagógica, gratuidad, compromiso con la democracia y derechos humanos, pluralismo y laicismo, participación, respeto a la diversidad, entre otros elementos importantes a la hora de construir sentido y proyección.

Finalmente, el proceso de constitución de un nuevo sistema de educación pública, no solo debe basarse en un exhaustivo diagnóstico de las debilidades y fortalezas de lo actual, sino que por sobre todo, de la comprensión acerca del rol que deben jugar los actores vinculados. En las definiciones del futuro sistema, ¿qué rol desarrollarán los municipios y sus autoridades?  ¿Los profesores?  ¿Los estudiantes?  ¿Los asistentes de la educación? ¿Equipos directivos y técnicos? ¿Las universidades públicas? ¿Los representantes políticos?, ¿Las organizaciones sociales?

¿Se debe propiciar un espacio real y efectivo para incorporar esas visiones al proceso de constitución del nuevo sistema de educación pública?

Nuestra historia republicana ofrece varias situaciones de rediseño de nuestras estructuras, y de sentido y funciones públicas. En educación, podemos atraer la experiencia propiciaba por Valentín Letelier y otros pensadores de la época; el  Congreso Nacional de Enseñanza Pública de 1902, donde participaron profesores, políticos e intelectuales. Desde allí se plantearon programas de estudio, el sistema educativo, y un nuevo rol estatal manifestado en la Ley sobre la instrucción primaria obligatoria de la época. Luego, en 1912 se realizó el Congreso Nacional de Enseñanza Secundaria, y más tarde la Asamblea de Directoras y Rectores de Establecimientos de Educación Secundaria (1929), y en el caso de la educación universitaria, la relevante “Primera Asamblea General de la Unión de Universidades Latinoamericanas”, realizada en la Universidad de Chile, en el año 1953, encuentro que delineó para toda América Latina las relaciones entre la formación liceana y la universitaria, entre otras materias relevantes.

En la etapa actual, y en atención al alcance de las reformas, sería muy significativo que como país hagamos un esfuerzo por propiciar una participación real y efectiva de los actores vinculados, más allá de los costos o los plazos. En modalidad de Cabildo, Asamblea, Congreso, o Parlamento por la Educación Pública, entre otras posibles, que convoque y contenga las voces de diversos actores vinculados, presentes en el territorio nacional, posibilitando la reflexión, debate, convergencia e intercambio de experiencias y recomendaciones.

Ese sello participativo y republicano puede convertirse en una potente señal de que estamos transitando a un nuevo ciclo de la educación chilena.