Lo de Adolfo Suárez fue en verdad la crónica de una muerte anunciada que hubiera podido contar el gran Gabriel García Márquez. Pasado el esperpento de un hijo que da una rueda de prensa para anunciar el estado terminal de su padre, y el de unos médicos que convocan a los medios para comunicar que el ilustre enfermo ha muerto; sufridos estoicamente los lamentos y las elegías por tan destacada pérdida; anotados los duelos y reverencias de demasiados vivos de pasado discutible, escribí unas letras que pretendían ser mi punto y final sobre el político que –como Pablo de Tarso– cayó del caballo de la Falange camino de un Damasco cualquiera. Y lo hice con la intención de pasar página y dejar de una buena vez en paz la memoria de Adolfo Suárez, sirviéndome de unas palabras más que acertadas del periodista José María Calleja.  Con él afirmé, –harto de tanto cínico, de tanto hipócrita, de tanto traidor [al prócer], de tanto canalla que ahora explica que  Suárez, al que en su momento apuñaló, fue e hizo tantas y cuantas cosas gloriosas–, que “La transición de la dictadura a la democracia no fue del Rey y de Suárez, fue del PCE, de los sindicatos de clase y de la izquierda, que querían las libertades en medio de tanta sangre ultraderechista, en medio de la sangre etarra. Es impagable [sostiene Calleja y un servidor también] que alguien que fue secretario general del Movimiento franquista, Suárez, pensara que había que ir a las libertades con los comunistas legalizados. Es más impagable aún que el PCE, que venía de la cárcel, del exilio, de la clandestinidad, de los fusilamientos, no aplicara ni un átomo de revancha contra quienes les fusilaron, les encarcelaron, les persiguieron con saña”.

La Transición no fue una obra de ingeniería política realizada por unos virtuosos politólogos reunidos en un laboratorio social estéril como un quirófano, sino que fue un pacto que se hizo, por unos y por otros, en medio de grandes tensiones y lo mejor que se pudo. Como todas las transiciones… el resultado obedeció a la correlación de fuerzas existente.

Pero no pudo ser. El punto final que pretendía dejar atrás con estas líneas lo imposibilitó el cardenal arzobispo de Madrid [supuestamente jubilado] Antonio M. Rouco Varela cuando leyó su homilía en el funeral de Suárez. En un pasaje en el que hablaba –paradojas de la vida– de la concordia [entre españoles], el caballero alertó a la concurrencia frente a hechos que “pueden causar” –así, en presente–, una [nueva] guerra civil. El PSOE consideró indignantes esas palabras, mientras el PP les restó importancia. El lehendakari vasco Urkullu le acusó en las redes sociales de “desdeñar la democracia” con sus palabras, mientras que el Gobierno catalán recordó al cardenal que la guerra civil terminó hace muchos años.

Concretamente, setenta y cinco. Pero está claro que hay para quien el tiempo no pasa y mantiene ese espíritu guerracivilista que niega a sus adversarios [más bien enemigos] el pan y la sal de la convivencia en paz y justicia. Pero no son éstos los que motivan estas cuartillas. Es de la indignación socialista sobre la que hoy escribo.

No sorprende que la derecha española mantenga estos [y otros] amarres nacionalcatólicos que nos retrotraen a ominosas décadas pasadas. Tampoco  las palabras de un agrio jerarca eclesiástico que no hubiera desentonado en las mazmorras de la Santa Inquisición y que se cuece en su propio caldo de odio. Lo que resulta irritante –aunque lamentablemente llueve sobre mojado– es que el Partido Socialista se sumara una vez más a un acto litúrgico confesional católico, un funeral de Estado, esta vez por el eterno descanso de Suárez. Esto es, acompañando a la Corona y a un gobierno entre beato y clerical que olvidan que son autoridades de un Estado constitucionalmente aconfesional.

¿Debemos encontrar las razones de estas adherencias del partido que fundara Pablo Iglesias en la Transición democrática que pilotó Adolfo Suárez? ¿Se trata de uno más de los lodos de aquellos polvos que no se barrieron bien en su día?

La Transición no fue una obra de ingeniería política realizada por unos virtuosos politólogos reunidos en un laboratorio social estéril como un quirófano, sino que fue un pacto que se hizo, por unos y por otros, en medio de grandes tensiones y lo mejor que se pudo. Como todas las transiciones, como todas las recuperaciones de la democracia, el resultado obedeció a la correlación de fuerzas existente. Salió de la mejor manera que podía salir, y permitió que España avanzara por caminos de convivencia inimaginables unos años antes. Decía Iñaki Gabilondo hace unos días, él que fue actor destacado de la época, que “hicimos lo mejor que pudimos de la mejor manera que supimos”.

Coincido. La izquierda política española y los nacionalismos periféricos, perseguidos ambos con saña por el general Franco y los suyos, hicieron de la necesidad virtud y colaboraron, unos más que otros, a sellar el pacto constitucional. La derecha franquista se comió algunos sapos a cambio de que ese mismo pacto la incluyera, ante los ojos del mundo, entre las fuerzas democráticas de Europa sin tener que responder a demasiadas preguntas ni auditar su currículum. Se hizo, pues, insisto, la transición que se pudo. A fecha de hoy, con todo, particularmente los jóvenes actuales se sorprenden de algunos de los pactos alcanzados.

¿Es posible, casi cuarenta años después, ?convertida España en una potencia modesta en el escenario mundial, aunque miembro de peso en el selecto club que es la Unión Europea?, enmendar algunos de los más importantes errores cometidos o alguna de las insuficiencias detectadas? Seguro que sí.

Sin duda, uno de los graves errores fue no establecer una nítida y completa separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Esa es una concesión a la derecha y al Vaticano que convendría revertir cuanto antes. Un Estado moderno, avanzado y de alta calidad democrática no puede permitirse obediencias ni servidumbres a otro poder que no sea el terrenal y democráticamente elegido.

Los socialistas en particular y la izquierda en general debieran reflexionar a propósito de cómo dar un golpe de timón a las relaciones del Estado con las confesiones religiosas y, específicamente, con la católica.

Es por eso que resulta tan importante alterar sustancialmente el marco de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. Y si algún partido político ha de ser relevante en esa misión es el socialista. Éste dice ahora, desde la oposición, que denunciará el Concordato de 1979, claramente lesivo para los intereses generales de la ciudadanía, particularmente la no católica, que encaja solo a martillazos en el texto constitucional. Lamentablemente, el Partido Socialista tiene en éste y en otros terrenos poca credibilidad, y promete cuando es oposición muchas de las cosas de las que se olvida cuando es gobierno. Sin embargo, ya sabemos que nunca es tarde si la dicha es buena. Convendría, claro, que comenzarán los socialistas a dar señales inequívocas de que no va a ser así la próxima vez que accedan al gobierno central. Además, muy probablemente llegarán al gobierno en coalición con uno o varias fuerzas políticas porque la era del bipartidismo tocó a su fin en España. Es cosa de que, por ejemplo, vayan cambiando protocolos de respuesta ante el Vaticano y ante la Conferencia Episcopal autóctona.

En agosto de 2011, cuando el Papa Ratzinger visitó en España, fuimos muchos los que nos escandalizamos al ver a ministros de un gobierno de progreso en los actos litúrgicos del jefe del Estado Vaticano en Madrid. En aquel entonces escribí: ¿Qué hace el Gobierno de España, con Zapatero al frente, qué van a hacer tantos ministros de un gobierno socialista en la concentración católica? ¿Es tan difícil entender que un señor o señora que es ministro socialista tendría que dejar aparcada su militancia religiosa mientras ocupe un cargo en el gobierno de un país aconfesional? ¿Es tan difícil entender que están contribuyendo a la mezcla de límites entre Iglesia y Estado? ¿ No se  dan cuenta que nos ofenden a quienes –creyentes o no–, estamos en contra de la confusión entre una y otro?

Los socialistas en particular y la izquierda en general debieran reflexionar a propósito de cómo dar un golpe de timón a las relaciones del Estado con las confesiones religiosas y, específicamente, con la católica. La derecha no va a hacerlo porque es vocacionalmente confesional, porque se aviene estupendamente con el ultraconservadurismo rancio de los Rouco Varela y compañía, y porque aprovecha su influencia para el adoctrinamiento y el control social. Si quisieran tener memoria, los socialistas sacarían cuentas de cómo los obispos y el PP en comandita les agitaban las calles durante los mandatos de Felipe González y de Zapatero y les acusaban de todo lo que se les antojaba que podía erosionar su labor de gobierno.

No obstante, como vimos en el funeral de Estado por Suárez, a la menor ocasión cuadros políticos socialistas se meten en actos litúrgicos o festejos religiosos del culto católico. Es verdad que la mayoría lo hace más por miedo a ofender a su electorado moderado que por convicciones de la fe, pero deberían valorar que los tiempos han cambiado. La juventud está afortunadamente cada vez más lejos de la Iglesia, y la masa electoral socialista ha menguado dramáticamente en paralelo con los estragos de la crisis económica. Sería bueno para sus intereses electorales que no dejaran de lado a aquellos de sus electores que preferirían una separación nítida entre las creencias religiosas y la gestión de la cosa pública.

Quizá convendría que pensaran que lo que algunos esperan del Papa Francisco todavía no se ha notado en España, si es que llega a notarse algún día; que Rouco Varela es uno, pero que hay muchos jerarcas y subjerarcas tan reaccionarios y cargados de odio como él; y, finalmente, que la Teoría de los Juegos dice que cuando personas racionales se enfrentan a los que están irracionalmente decididos a la destrucción si no consiguen sus objetivos, son estos últimos los que prevalecen. Me temo que de esto último hablaba Rouco Varela en su homilía en el funeral de Adolfo Suárez.