Otra vez nos convoca como tema central en una columna de opinión una tragedia (la anterior fue la del terremoto en Iquique-Arica). Quisiera escribir sobre cosas más positivas, pero el comportamiento permanente de nuestras autoridades nos obligan a emitir sendos puntos de vista que deben tener piedad.

Hasta el momento, el siniestro deja 12 muertos (si la cifra –esperamos que no– no ha aumentado al momento de publicarse esta columna) y más de 800 hectáreas quemadas. Es el saldo de la injusticia social, el de las desigualdades que se expresan de distintas formas, el del abandono histórico con los porteños por parte de las propias autoridades tanto de Valparaíso, pero también –y lo que es peor– el de todos los Gobiernos que han administrado el país.

Es que más allá de las causas que pudo provocar este siniestro, lo que queda quedar en evidencia es lo peor de lo nuestro. Por un lado, el constante cuestionamiento de algunas autoridades sobre si es aceptable que la gente viva en diferentes puntos de esas características geográficas, una interrogante tan inane y sin sentido que llega a dar vergüenza el descaro de planteársela después de ocurrida la tragedia.

Quizás muchísima gente no lo sabe, pero lo que vemos desde el puerto de Valparaíso cuando vamos de turistas es sólo una fachada, acaso sólo el 10% de lo que es la ciudad, su gente y su riqueza.

Lo que parece asombroso es que realicen ese tipo de cuestionamientos y especulaciones, porque significa que no entienden nada sobre cómo funciona el cruel sistema con la gente más desprotegida socialmente, es el resultado del mundo aparte en el que viven nuestros políticos, porque como muy bien le respondió una vecina afectada por el incendio a una periodista de televisión: “nosotros los pobres no elegimos dónde vivir, señorita”.

Por supuesto que nuestra preocupación debe estar centrada en estos momento en juntar mucha ayuda para los damnificados de Valparaíso (tampoco debemos olvidar a nuestros compatriotas del Norte Grande, es decir, que no se ocupe como excusa el incendio para abandonar de nuevo a la gente de Arica-Iquique), pero paralelamente no podemos desviar nuestra atención de la discusión central sobre lo que sucede diariamente en los cerros de Valparaíso; no debemos ni podemos desviar nuestro foco de atención: la ayuda social a la gente vulnerable que habita en la enorme cantidad de cerros del puerto y que muchas veces lo realiza en condiciones precarias y extremas.

Quizás muchísima gente no lo sabe, pero lo que vemos desde el puerto de Valparaíso cuando vamos de turistas es sólo una fachada, acaso sólo el 10% de lo que es la ciudad, su gente y su riqueza. Pareciera entonces que la parte de la que sólo las autoridades se han preocupado para mantener con vida, son las casas de los cerros Concepción y Alegre y algunas de los cerros vecinos. Esto, para extender la calidad de Patrimonio de la Humanidad. Pero se olvidan las autoridades de los 42 cerros restantes.

Muchas de los porteños que habitan en estos cerros no cuentan ni siquiera con las necesidades básicas. En algunos sectores, un camión aljibe reparte semana a semana a cada familia 1.000 litros de agua. ¿Alguien se puede imaginar siquiera poder vivir en esas condiciones, en las que el consumo de agua se encuentra limitado semanalmente? Tampoco en algunas partes existe luz, ni gas. Es decir, el problema de los cerros de Valparaíso no se encuentra supeditado a un daño provocado por un incendio, si no que a una despreocupación constante de las autoridades que mantienen en el completo abandono a los porteños.

Esto se trata de una deuda constante que han tenido los Gobiernos con la gente de menos recursos, de aquellos que tienen menos oportunidades y que finalmente han sido desplazados hacia los cerros traseros de Valparaíso, aquellos que no son visibles a los ojos de los turistas ni del comité evaluador que debe renovar el carácter de Patrimonio de la Humanidad. Nuestro Chile, que aspira con insistencia a convertirse en un país desarrollado, que intenta con vehemencia posicionarse en los mejores lugares de la OCDE, las autoridades de todos los Gobiernos no entregaron soluciones eficientes y permanentes para los que tienen menos.

El incendio de Valparaíso arrasó con la vida de 12 personas, más de 800 hectáreas, miles de casas, pero también dejó nuevamente al descubierto el que se registra –paradójicamente de forma igualitaria– desde Arica a Punta Arenas: el de la desigualdad. Debajo de todas las cenizas está esa desigualdad que ningún Gobierno ha podido ni tampoco ha tenido la voluntad de erradicar definitivamente, porque al final –y si lo pensamos filosóficamente– es el núcleo de la política: “sin pobreza no hay política”.