Incendios, terremotos e impuestos

Con ocasión del fuerte terremoto y devastador tsunami del 27/02/10 quedó en evidencia que las máximas autoridades civiles y militares del país no estaban preparadas para tomar las correctas decisiones que correspondían y con ocasión de los 2 terremotos, en Arica, Iquique y Antofagasta, aunque no tan potentes como el anterior, se notó que el gobierno de Bachelet aprendió muy bien la lección ya que sus altos funcionarios impartieron oportuna y adecuadamente las instrucciones de rigor y la ciudadanía tuvo un impecable comportamiento.

Todo Chile ha estado expectante con motivo de los voraces incendios en la parte alta de Valparaíso y los expertos han expresado juicios lapidarios con ocasión de la falta de preparación para abordar las tareas del salvataje de los moradores de casas, muchas de ellas, de auto construcción en terrenos clasificados como bienes nacionales de uso público. Escuchamos por la TV que el alcalde Castro, para aclarar la situación, había dicho que todas ellas habían sido “regularizadas” (sic) por la Dirección de Obras Municipales.

Tal como en Iquique la cárcel de mujeres estaba emplazada en una zona de inundación, según las cartas respectivas elaboradas por el Shoa de la Armada, razón por la cual juiciosamente Gendarmería liberó a las reclusas para que salvaran sus vidas, en las quebradas de Valparaíso se construyeron modestas viviendas sin que, con criterio protector, el municipio ejerciera su rol fiscalizador ya que allí es de alto riesgo vivir. No solo el actual alcalde fue negligente, sino que todos los anteriores actuaron con similar lenidad para no crearse problemas con sus electores.

Ahora bien, ya que nuestro país es uno de los más sísmicos del mundo y los grandes incendios son recurrentes, estimamos que ha llegado la hora de terminar con las espontaneidades dentro del aparato del Estado y en tal sentido proponemos una completa re-ingeniería en las diversas funciones públicas sectoriales aprovechando los nuevos recursos que se allegarán al fisco con la Reforma Tributaria que se está analizando en el Congreso Nacional: así estaremos preparados ante el riesgo latente de catástrofes en las ciudades.

A las autoridades en Chile no le gusta prevenir, posiblemente porque consideran que es malgastar el dinero y todas han tenido una posición refractaria para que exista una verdadera planificación urbana sustentable en nuestras ciudades, ello porque han considerado equivocadamente que el mercado resuelve mejor las decisiones que se adoptan en el ámbito de la explotación del recurso suelo. Cuando nos referimos a las autoridades éstas son las que han ejercido el poder político durante los seis últimos gobiernos, el de facto, los 4 de la Concertación y el de Derecha.

En relación a los incendios del puerto en este espacio no tiene sentido repetir las fundadas críticas formuladas públicamente sobre esta materia por diversos arquitectos, incluyendo al presidente del respectivo colegio, expertos en prevención de riesgos, bomberos, especialistas de la Conaf, etcétera. Todos ellos y otros tantos ya lo dijeron todo.

Tal como los estudiantes pusieron en la agenda el problema que vive la educación en nuestro país, razón por la cual existe el proyecto de Reforma Tributaria, la que no le gusta a los poderosos, con esta urgente legislación tendremos los necesarios fondos para abordar las carencias existentes en el sector que nos preocupa, allegándose losrecursos en el presupuesto para, entre otras cosas, reponer en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con todas sus atribuciones legales, a la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), tal como se aprecia en link 

http://www.defendamoslaciudad.cl/index.php/documentos/item/3942-arquitectos-reflexionan-sobre-la-necesidad-de-reponer-a-la-cormu-corporaci%C3%B3n-de-mejoramiento-urbano

La tragedia de Valparaíso, como también los terremotos del norte, deben motivar al gobierno de Bachelet para que sea el primero en abordar con seriedad y profesionalismo el olvidado asunto del territorio. La presidenta acaba de nominar al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano compuesto por expertos muy competentes y en tal sentido, con una CORMU efectiva y con los presupuestos necesarios, podríamos tener la institucionalidad urbana que nos merecemos como un país que ya tiene US$ 20.000 de ingreso per cápita.

Lamentaríamos que el gobierno no escuche esta razonable propuesta, insistiendo con majadería que el bien público obliga a terminar con la inveterada improvisación que nos caracteriza.