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Fotografía: Fernando Ruiz

Asistimos, a propósito del incendio en Valparaíso, a una discusión sobre el concepto de lo público. Se trata de una disputa que gira sobre todo entorno a definir qué actores impondrán la definición que regirá en el futuro ¿Lo público es el Estado en acción o son también los ciudadanos y ciudadanas en acción? ¿Lo público son intereses públicos definidos por quien sustenta el poder político y económico? Nuestra posición es que lo público son los intereses comunes definidos por los ciudadanos y ciudadanas en su acción colectiva, a veces de forma más explícita, colaborativa y organizada, y otras de forma más cotidiana.

Son las personas, los sujetos, quienes le dan forma al interés público en su convivencia. Ahora bien, la manera en que ello se expresa siempre está contextualizada históricamente. Es a personas con nombre y apellido y fecha de nacimiento a quienes les toca enfrentar contextos distintos a los de sus antepasados para hacer valer sus intereses en la escena pública. La disputa justamente se trata de aquello: nuevas generaciones, nuevas definiciones.

La ciudad entonces, como espacio público, como interés público, ha adquirido modos de desarrollo guiados por criterios de mercado de quienes gobiernan lo público en las ciudades. Con cada modificación de los planos reguladores las grandes inmobiliarias avanzan cuadra tras cuadra. Permítanme sospechar que los apetitos ya se han abierto sobre los cerros de Valparaíso.

Este proceso marca y divide las ciudades e invisibiliza a los habitantes de los territorios que han tenido otros motivos para asentarse en ellos: familias que originalmente son de esos lugares y que han insistido en permanecer allí, familias extendidas y vecinos que tienen una dinámica de convivencia y colaboración barrial, personas que han migrado buscando nuevas formas de vivir, etcétera.

La capacidad de articulación de una planificación que haga valer el interés de todos ha estado ausente, la capacidad de ejercer poder sobre el uso de los instrumentos de planificación, la asignación de recursos y sus destinos ha estado lejos de las manos de los habitantes de las ciudades de Chile. Así se cimienta otro rasgo de la desigualdad.

Terremotos, maremotos y hoy incendios, nos recuerdan de forma trágica que vivimos en sociedad. Nos recuerdan que necesitamos contar los unos con los otros y nos recuerdan que la pobreza no porque sea invisible ha dejado de existir y que tiene de precariedad material cuanto tiene de des-poder.

La desigualdad en Chile se observa en las catástrofes, tanto en cuánto y cómo afecta a unos y a otros, como en la canalización de la reconstrucción de las viviendas y ciudades. Ya se ha denunciado lo que ha ocurrido en pueblos costeros con los terrenos a propósito de los maremotos.

Hoy con el incendio en Valparaíso, se intenta poner en el centro de la crítica y la solución, la palabra planificación. Se la intenta imponer como rostro del paradigma de la buena ciudad, sin embargo esta palabra solo hace referencia a la necesidad del diseño de un orden y no a qué orden se construirá, por lo tanto se abre nuevamente el debate sobre lo público.

La ciudad como espacio público por supuesto debe contar con medidas de seguridad, con accesos expeditos, con espacios y servicios públicos homogéneamente distribuidos cuidados y financiados; pero sobre todo la ciudad debe contar con las personas que la habitan, no con cualquier persona, sino con aquellas que la habitaron antes de la catástrofe. Ellas deben decidir en esa nueva planificación cómo quieren vivir, cuál es el nuevo orden que tendrán sus casas, sus calles, sus espacios públicos y nadie debe ser obligado a salir de allí, pues así se expresó lo público antes de la catástrofe, cotidianamente dándole vida a los cerros de Valparaíso.