Constitución_a_la_basuraEn los últimos días emergieron dos claves mediáticas que, conjugadas y observadas en perspectiva, pueden dar buena cuenta de las dinámicas actuales que está asumiendo el conflicto político en el contexto inmediatamente posterior al ascenso del conglomerado de la Nueva Mayoría a las posiciones de administración gubernamental y conducción estatal. El primer síntoma, bullado y estruendoso, fue la masiva marcha desplegada a nivel nacional por el movimiento social por la educación. El segundo evento -con mucho menos resonancia mediática que la expresión de fuerza política anteriormente mencionada- fue la presentación de los resultados de la tradicional encuesta Adimark concerniente a la Evaluación de Gobierno durante el pasado mes de abril. Ambas expresiones (por cierto, divergentes en su forma, más no en su equivalencia explicativa) son, evidentemente, dos caras de un mismo movimiento histórico.

La marcha -a diferencia de la evidente condescendencia programática expresada en el discurso de la presidencia de la CUT durante el pasado primero de mayo- demostró nuevamente el grado de madurez que va adquiriendo progresivamente el movimiento social por la educación. La interpelación del segmento estudiantil que, valga recordar, provocó la renuncia anticipada de la designada subsecretaria de educación Claudia Peirano sin poner un solo pie en la calle; hoy continúa vivificando su capacidad impugnadora con miles de adherentes manifestándose a favor de la Educación Gratuita, Pública, y de Calidad. Con ello, el movimiento no sólo logró imprimir “fuerza real” a la ya patente resonancia discursiva que terminó desestabilizando los índices de credibilidad asociados a la administración entrante durante febrero pasado, sino que también, asestó un nuevo golpe al corazón de la “política de la ambigüedad”. Esto último, debido a que la demanda de Fin al Lucro ha logrado ir más allá de sí misma superando sus propios límites enarbolados en el 2011. Hoy, el axioma se ha vuelto políticamente más coherente y consistente. La nueva consigna, que incluye dentro de sí a la anterior, es: Donde hay derechos y democracia no hay mercado.

La encuesta, por su parte, revirtió significativamente los positivos resultados obtenidos en marzo, tanto por el gobierno de la Nueva Mayoría como por las más desacreditadas instituciones del Estado: El Senado y la Cámara de Diputados. Es así como en el tercer mes del año, Adimark señalaba, por ejemplo: que Michelle Bachelet contaba con una desaprobación de sólo un 20%; su Gobierno, bajo el mismo indicador, registraba un loable 22%. Por su parte, el flamante Ministro de Educación alcanzaba un 67% de aprobación (22% más que el último registro de su antecesora, la Ministra Schmidt); mientras que el Senado y la Cámara de Diputados eran aprobados inéditamente con un 40% y 38% respectivamente (sin duda, el dato más significativo de la encuesta de marzo, ya que aumentó en un casi 20% sus registros antecedentes, de 21% y 18% respectivamente). Los resultados de abril, sin duda, algo quieren decir: Bachelet y el Gobierno aumentaron en un 12% su nivel de desaprobación, llegando a los 32% y 34% respectivamente. Por su parte, Eyzaguirre baja su aprobación en un 7%, llegando a un 57%; mientras que el inédito repunte del Senado y la Cámara de Diputados comienzan a retroceder tras una caída de un 7% y 5% respectivamente.

¿Pueden estos indicadores enunciar un nuevo punto de inflexión en el vertiginoso panorama político actual? Tal vez. No obstante, la cuestión central no se juega allí, sino en las causas que han de provocar un eventual aumento en los niveles de reprobación de la gestión gubernamental del gobierno de la Nueva Mayoría en su intento por inyectar legitimidad a un modelo dominado por una pequeña elite que controla los sectores económicos estratégicos de la economía nacional. Es en este terreno donde se juega gran parte de la batalla político-ideológica actual. El dilema no es otro que el siguiente: o el eventual reproche social referido al operar de la Nueva Mayoría es provocado por el temor del gran empresariado y sus sectores de derecha asociados; temor, hoy por hoy, revestido de una aparente defensa de los sectores mesocráticos, cuestión que no es más que una simple falacia (ejemplificada en la igual de falaz autonomía sectorial de la Asociación de Emprendedores respecto del gran empresariado) o, por el contrario, dicha ilegitimidad surge como un derivado de la activación política de un movimiento social que es capaz de impugnar la “política de la ambigüedad”, proyectando hacia el futuro, la necesidad de construir un proyecto país que concretice las profundas transformaciones que Chile requiere y necesita.