Hace tiempo que Europa no es lo que fue. Parece, además, que demasiados europeos no están convencidos de las grandes y contrastadas bondades de esa confederación de estados que conocemos como la Unión Europea. Falta saber si son mayoría los ciudadanos que prefieren preservar sus particularidades nacionales en detrimento del fortalecimiento del conjunto. Una opción suicida, en mi opinión, a medio plazo. Europa ha de decidir, y pronto, si quiere ser un actor político y económico protagonista, o si prefiere limitarse a ser un actor secundario del próximo futuro del planeta.

Fronteras y banderas, lenguas e idiosincrasias, historia y memorias separan a los europeos actuales, es verdad. Pero lo que más nos separa es la ideología. Las diferencias de modelo, la controversia de qué Europa queremos, puede dar al traste con el espacio ?comparativamente, claro? más habitable del mundo, todavía el más igualitario, el más justo y el más libre de todo el planeta.

En última instancia, si fuéramos capaces de ver un poco más allá de la punta de nuestra pobre nariz quizá nos diéramos cuenta de dos cosas. La primera es que, en síntesis sintetizada, en el Occidente actual conviven dos grandes proyectos de organización social y política: el que habla de ciudadanos y tiene como objetivo estratégico generar y mantener consensos básicos de convivencia a partir de una red de solidaridad social propiciada por la capacidad redistributiva del Estado; y el que habla de individuos que deben generar autónomamente los recursos para sufragar sus necesidades, ya sean educativas, sanitarias o incluso de seguridad personal.

El segundo descubrimiento que podríamos hacer, principalmente quienes nos adscribimos al primero de los grupos que acabamos de referir, es que si viajáramos un poco, si levantáramos la vista y prestáramos atención a cómo de dura es la vida en la mayor parte del planeta, estaríamos en condiciones de aquilatar mucho mejor cuánto valor tiene lo que fuimos capaces de construir, y que peligro más grande corremos si no reaccionamos ante los que pretenden una sociedad de individuos en la que reinen sin control alguno el capital y los dogmas del mercado.

Hace tiempo que economistas laureados que hoy son poco menos que bolcheviques colectivistas para la corriente híper liberal dominante ?hablo de premios Nobel como Amartya Sen, Joseph Stiglitz o Paul Krugman? nos han alertado sobre la necesidad una democracia económica que aminore, que reduzca, que minimice las desigualdades. Y no solo eso. Particularmente los dos últimos claman en el desierto cuando afirman que ?en la economía global, fundamentalmente en la europea? vamos, justamente, en la dirección contraria a la que debiéramos ir.

Krugman ha escrito en torno a cómo las políticas económicas que él llama defectuosas, sustentadas en teorías e ideologías que considera viciadas, han elevado exponencialmente la desigualdad en las dos orillas atlánticas. Su admirado colega francés Thomas Piketty ha escrito recientemente, homenajeando a Karl Marx, El capital en el siglo XXI. Y concluye en él que el capitalismo es un gran sistema en términos de su capacidad para crear riqueza pero que, contrariamente a una idea muy extendida, no corrige automáticamente los aumentos en la desigualdad. Del prolijo y concienzudo estudio de Piketty se concluye que los recuerdos de los llamados años gloriosos, ?también conocidos como la edad de oro del capitalismo, los que van de la finalización de la II Guerra Mundial a 1975?, no debieran engañarnos por más tiempo. Para el economista francés ?que ha generado un consenso insospechado hace tan solo unos meses entre buena parte de sus colegas? aquellas tres décadas fueron coyunturales para el sistema. El descenso de la desigualdad se debió a una combinación de eventos singulares y extraordinarios: a la voluntad política de introducir un sistema impositivo muy progresivo; a la destrucción de capital causada por la guerra, y a unas décadas de crecimiento económico excepcional.

Tal y como van las cosas, Piketty entiende que sin potentes políticas impositivas suficientemente efectivas se producirá un aumento de la desigualdad que podría retrotraernos a escenarios sociales y políticos propios del capitalismo descritos en la novela realista del siglo XIX. Se hace necesario, como proponía Stiglitz, un nuevo contrato social para el siglo XXI que garantice que los beneficios de cualquier crecimiento que se produzca se repartirán equitativamente. El problema, por lo tanto, no es económico, es político. La duda del Nobel norteamericano es simple: ¿serán capaces Europa, los EUA y Japón de poner coto a los buscadores de rentas y a sus actividades en defensa de sus propios y estrechos intereses, que inevitablemente perjudican a la economía en su conjunto?

Ulrich Beck ha escrito hace tiempo a propósito de la posible brasilización de Occidente como resultado perverso de la utopía neoliberal. El sociólogo alemán advierte en torno a las preocupantes coincidencias entre cómo se está conformando el trabajo remunerado en el llamado Primer Mundo y cómo es el del Tercer Mundo. Particularmente en la Unión Europea se avanza a velocidad de vértigo en la degradación y en la vulnerabilidad de los asalariados, entre los que crece la discontinuidad, la precariedad, los bajos salarios y la extrema movilidad. Eso provoca que la estructura social, antes sólida, se resquebraje y se asemeje cada vez más a la de los países del sur, en tanto que el trabajo y la calidad de vida de los ciudadanos se caracterizan por la más lacerante inseguridad.

Hay más motivos de alarma. Si atendemos a lo que la CEPAL llamó la Década perdida de América Latina, la de los años ochenta del siglo XX, convendremos que ?salvando las distancias que son muchas, comenzando por las geográficas y las temporales? cuanto menos los países del sur de la Unión Europea están dando peligrosos pasos hacia una latinoamericanización de su realidad social.

Desde principios de los años ochenta, América Latina hubo de afrontar un incremento del volumen de la deuda exterior más allá de los niveles de solvencia, entre otras razones por las consecuencias de las políticas económicas de las Dictaduras de Seguridad Nacional. Esto, junto al incremento del precio del petróleo, deterioró la capacidad de crecimiento y, lógicamente, provocó el incumplimiento de los compromisos financieros. Eso originó, a su vez, que la Banca internacional suspendiera las líneas de préstamo a los países latinoamericanos, por lo que los acreedores pusieron en marcha operaciones de rescate y exigieron duros programas de ajuste, generalmente bajo la batuta del FMI. La solución fácil y generalizada fue recortar el gasto fiscal: la inversión pública y el gasto corriente, en especial el de carácter social. La contracción del gasto y de la inversión pública, junto con el descenso de la privada, provocó primero la desaceleración del ritmo de crecimiento económico y, más tarde, la recesión.

Eso influyó negativamente la creación de empleo, lo que perjudicó el consumo. Además, aún con la reducción del gasto público, los estados no consiguieron hacer frente al pago de la Deuda. El Plan Brady afrontó el drama a dos bandas: apoyando a los acreedores pero exigiendo una reducción de la distancia entre el valor nominal de los títulos y su valor real. Paralelamente, exigiendo a los deudores la adopción de reformas estructurales que hicieran más competitivas sus economías.

La década de los noventa supuso un nuevo clima de estabilidad y crecimiento, lo que significó una sensible mejora de las cifras macroeconómicas, si bien con unos perversos efectos sociales que se concretaron en un incremento de las cifras absolutas de población latinoamericana por bajo de la línea de pobreza. Los latinoamericanos pobres de los años finales del siglo pasado no eran mayoritariamente desempleados, sino trabajadores con empleos inestables, mal remunerados, principalmente urbanos, asentados en los cinturones de miseria de las grandes ciudades y poco visibles para aquellos sectores que se adaptaron a la nueva realidad.

¿Encontramos suficientes coincidencias con el escenario en el que vivimos? Las mejoras macroeconómicas no se compadecen con el deterioro social. Se prioriza a la gran banca, se persigue la competitividad y la reducción del déficit a como dé lugar, y no se repara en la destrucción del tejido productivo, en los recortes en derechos consagrados; se informaliza cada vez más el empleo, y los trabajadores son cada día más frágiles, vulnerables e indefensos. Bancos y grandes empresas han recobrado cotas de beneficio y las rentas salariales siguen cayendo a un pozo sin fondo. Además, los desempleados, los sin trabajo, constituyen ya varios ejércitos de reserva. Eso por no hablar del calvario de la juventud, que en países como España han llevado a hablar de una generación perdida.

No es esta la Europa que muchos queremos. No es ni parecida a la que necesitamos. Y sin embargo, son muchos, demasiados, los europeos que no calibran adecuadamente el nivel de riesgo que estamos corriendo. Veremos qué pasa en las próximas elecciones al Parlamento europeo, pero asusta pensar que una parte del electorado vote bien por los que nos han conducido a donde estamos o lo haga por populismos ultraderechistas que tienen como objetivo único y declarado romper Europa en pedazos. Otros, menos proactivos, se refugiarán en la abstención creyendo inocentemente que con su actitud castigan duramente a los políticos.

Mientras tanto, esa Unión Europea que ha sido y sigue siendo ?todavía? admiración de quienes desde fuera la observan, se tambalea y corre el riego de derrumbarse y atraparnos a todos bajo sus escombros.

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Joan de Alcázar es académico del Departament d’Història Contemporània Universitat de València