Somos agricultores, crianceros, pobladores, iglesias, comunidades diaguitas que hace más de 15 años hemos denunciado la inviabilidad de hacer megaminería en la naciente de nuestras cuencas, enfrentándonos a las autoridades, a la empresa, a la justicia, a los medios de comunicación, para demostrar con conocimiento que este proyecto es inviable en el lugar donde se encuentra, y que los temores que desde el inicio hemos tenido, hoy son una realidad. Hoy, existen daños irreparables en nuestro tejido social, hemos demostrado ante todos los organismos existentes que Pascua Lama  ha vulnerado groseramente todas las condiciones y acuerdos para su funcionamiento.

La solidez de nuestros argumentos ha posibilitado,  entre otras cosas, que el Pleno de la Cámara de Diputados aconseje la revocación del permiso ambiental del proyecto Pascua Lama, que el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordene rehacer un proceso de sanción viciado donde Barrick trabajó en conjunto con la Superintendencia de Medioambiente para no perder sus permisos ambientales.  Además tenemos en curso una demanda por daño ambiental irreparable a Glaciares y hemos logrado que los inversionistas demanden en Estados Unidos y en Canadá a la empresa por no haber informado la inviabilidad de este proyecto.  Hemos demostrado que el extractivismo sobre estos ecosistemas frágiles es incompatible con la vida.
Sabemos cómo opera la empresa para lograr sus objetivos, ya en el 2005 hizo un acuerdo de muy similares características con los empresarios de la Junta de Vigilancia de las aguas, entonces repartió 60 millones de dólares para la directiva de la junta, y el quiebre entre los agricultores permitió que se aprobara el proyecto. Ahora quieren quebrar a las comunidades diaguitas, pero no lo van a lograr, porque más allá de lo que diga la  CONADI, en este Valle, todas y todos los que amamos el territorio, somos diaguitas, y desde la fuerza profunda que nos enseñó a mirar la naturaleza como un bien común y no como una mercancía, reiteraremos una y otra vez que el agua no se vende, que la vida se defiende. En este mismo sentido, denunciamos que CONADI ha bloqueado la inscripción de nuevas comunidades diaguitas, cuando sabe que éstas están integradas por habitantes del territorio que no queremos la mega minería en la cabecera de nuestras cuencas.
Nos preocupa que este acuerdo surja justo luego de las declaraciones de la Ministra de Minería instando a la empresa a trabajar con las comunidades, y exigimos que la Ministra explicite si se refería a dar luz verde a las empresas para que compren voluntades y pretendan fragilizar aún más el tejido social que defiende los bienes comunes. Creemos que todo es parte de la misma estrategia comunicacional y comunitaria de la empresa para viabilizar este nocivo proyecto en nuestro territorio.
Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económica que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios. Nosotros reiteramos, la VIDA, NUESTRA VIDA, NO TIENE PRECIO.
Es un grupo muy reducido de dirigentes quienes firmaron un acuerdo inconsulto y secreto con Lorenzo Soto para ser representados y negociar con Barrick, bajo supuestos estándares internacionales, buscando entregar dinero a las comunidades para mitigar los daños ambientales. No existe la cantidad de dinero que recupere el sistema glaciar, las vegas y los bofedales afectados. Se ha demostrado a través de estudios y diagnósticos por parte de todos los organismos que han sancionado a la empresa que este proyecto es inviable con nuestra vocación agrícola y la subsistencia de nuestras comunidades. No queremos plata,  queremos continuar sosteniendo la fertilidad de nuestro Valle.
Queremos ser enfáticos que invalidamos todo acto de negociación de comunidades que no representan a los más de 70.000 habitantes que podemos ser afectados por este proyecto. Creemos que la única compensación por el daño que ha hecho es que se revoque la resolución de calificación ambiental y cierren definitivamente Pascua Lama. Eso es lo que exigiremos en la marcha del próximo sábado 7 de Junio a realizarse en Vallenar.

 

Asamblea por el Agua del Guasco Alto – Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida – Unidos por el Agua- Comunidad Diaguita Los Tambos – Comunidad Diaguita Patay Co – Consejo  de Defensa del Valle del Huasco – Iglesia Presbiteriana, Chigüinto – Iglesia Católica, Alto del Carmen. –  Pastoral Salvaguarda de la Creación, Provincia de Huasco – Asociación pequeños Agricultores de San Félix, AGE – Pajareteros Alto del Carmen –  Junta de Vecinos Piedras Juntas, San Félix, Alto del Carmen –  Creando Valle –  Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA.