Post-dictadura y criminalización del sujeto popular. La des-popularización de las militancias

Tras la pálida experiencia de la transición chilena a la democracia padecimos el reflujo del movimiento social (años 90’). La doctrina de los consensos suscrita por Edgardo Boeninger fue el testamento de nuestra elite política para reivindicar ante la ‘comunidad internacional’ un tránsito pacífico a la democracia procedimental. Las certificaciones de gobernabilidad exhibidas en materias de ‘estabilidad institucional’ se asemejan, cual modelo exportable, a la presentación chilena en la expo-Sevilla de 1992 (Iceberg mediante). Todo este proceso, de evaporación de los antagonismos, pavimento el camino para levantar la “vitrina pública” de una sociedad sosegada, reconciliada, estable, sin perjuicio que pocos años antes el ‘movimiento de calle’ había gozado de un protagonismo esencial en politizar los espacios públicos que sirvieron en la lucha de desgaste contra la dictadura militar.

Existe una diversidad de diagnósticos que se han interrogado en estos años por la extinción del movimientismo durante los años 90’. En concreto, qué paso con el vigor de aquella protesta social que enfrentaba sin temores al terrorismo de Estado y que a poco andar se hizo parte (por omisión) del ‘largo bostezo’ de los años 90’. No debemos perder de vista que el institucionalismo imperante se tradujo en una sobredosis de consenso. De otro modo ¿cómo fue posible, que de una década a otra, la protesta social perdiera su fuerza vital en los espacios públicos? Por lo general, hay un lugar común donde una serie de politólogos (¡cortesanos o no!) depositan sus explicaciones sobre la crisis de la acción colectiva. Ello tiene que ver, por un lado, con las estrategias políticas implementados desde los sectores de centro-izquierda de la Concertación para desarticular-invilibilizar-auscultar los movimientos de resistencias que denunciaban tenazmente los conciliábulos políticos del periodo de pos-dictadura, pues ponían en entredicho la ansiada “estabilidad institucional”. Los organismos de inteligencia de la época, trabajaron sin escrúpulos ideológicos, con la ventaja que proveía la experiencia de conocer de primera fuente el movimiento popular en la lucha reciente contra la dictadura, de tal manera, que un plan de descomposición de estos movimientos era una cuestión de tiempo; la escena política de la transición erradicaba al sujeto popular. Algo similar a la penalización de una figura delictiva donde sus acciones ya no caben en los ethos de la acción política heroica.

El institucionalismo radical de la transición chilena fue favorecido por enfoques universales que tienden a la des-ideologización y des-politización de la actividad militante. Se trata de una ideología centro-centro que pretende ocultar la división entre izquierdas y derechas. Por de pronto, las culturas militantes de izquierda, en particular el mundo concertacionista, pierde sustancia política y se suma a prácticas orientadas al orden procedimental. La figura del militante experimenta esta metamorfosis radical del imaginario de “La Voluntad” (sacrificio y heroísmo) hacia el imaginario de la “instrumentalidad”, funcional a las tecnologías de la gobernabilidad neoliberal. Ello fue caldo de cultivo para una metamorfosis que va desde los intelectuales orgánicos, herederos de utopías seculares de la social-democracia, a los politólogos corporativos, los famosos “tecnopolos” (Joignant, Navia, Otonne, etc). Estas transformaciones globales vinieron a corroer el lenguaje político de los ‘movimientos de calle’ que persistían con sus narrativas de transformación, lo que provocaba que sus acciones políticas –dadas las terapias de gobernabilidad- fueran tras los nuevos protocolos de la modernización pos-estatal.

Sin embargo, hay un aspecto en las mutaciones de la cultura militante de izquierda que no ha sido analizado en toda su radicalidad. Hemos sido testigos fúnebres de como los partidos de izquierda cultivaron en la década de los 90’ un mecanismo de desmovilización de sus militancias en los sectores poblacionales. De este modo, la ‘subjetividad popular’ comienza a perder el vigor político de antaño en los partidos de izquierda. Hacemos mención a la figura de un actor relevante en las ‘tomas de terreno’ en los años 50’ y 60’, pero también en la organización social como frente de lucha en la dictadura de los años 80’. Esta crisis inducida de la acción colectiva afecto a las militancias de izquierda y fue capitalizada con desenfado por el eje neo-conservador (UDI) para penetrar a los sectores poblacionales con el discurso populista de la prebenda. De tal modo, presenciamos un movimiento de abandono de la “subjetividad política”, que no siendo habitante del lugar, forjo un trabajo social y político significativo con los pobladores en la década de los 80’. Pero nuestra atención se centra en aquella militancia poblacional que sin moverse del espacio, más bien se desmoviliza por dentro del mismo.

De algún modo, en este caso, no hay desmovilización militante sino más bien mutación militante. Las ilustraciones son bastante gráficas en la cultura militante de izquierda (concertacionista): cuando esta subjetividad política ingresa masivamente a la administración pública, en particular a la nueva versión de los municipios con prestaciones a grupos vulnerables, como centros dinámicos de recursos cuyos instrumentos (flexibles) buscan conciliar la gestión privada con el interés público. Aquí se comienza a desarrollar una labor socio-funcional que paulatinamente modifica las relaciones con los pobladores. En nuestra lectura, el nuevo trato ya no se concibe por el convencimiento de un proyecto político de trasformación social, pues de aquí en más queda reducida a una relación procedimental basada en la asistencia y la entrega de servicios focalizados.

En tal sentido, la penetración de los sectores gremialistas en las poblaciones durante la década de los 90’ contaba para sí, con un escenario para ellos no pensado. Su discursividad evangelizadora anclada en el subsidio, la caridad y la asistencia logra concitar la adhesión del mundo poblacional. La extrema derecha, paradojalmente, asume un trabajo social fuera de la institucionalidad y sin mayores dilemas suscribe a concepciones populistas que se ubican antojadizamente como un contrapoder. Las narrativas de la derecha neoliberal, se encarnan en una gran parte de los sectores poblaciones con su renombrado slogan de los 90’: hay que atender los problemas concretos de la gente.

Las mutaciones sufridas por la cultura militante de izquierda (…La Concertación), aparecían como irreversibles y su subordinación al aparato institucional se hizo una práctica recurrente. Los vocabularios de la modernización, sus gravámenes ideológicos, sitúan a la coalición del arcoíris en el mismo imaginario de las narrativas neo-conservadores de comienzos de los años 80’. De alguna manera, los militantes de izquierda en la función institucional se disputan la adhesión de los pobladores, utilizando estrategias de cooptación similares a la derecha, a saber, asistencia social, subsidio y servicios. Este escenario sin distinciones políticas para relacionarse con el mundo poblacional, va gradualmente precarizando al sujeto popular como un actor político irrelevante y lo reduce a una figura socialmente desvalida; un sujeto de riesgo.

Es por eso que la explosión de los movimientos sociales en los espacios públicos a partir del 2006 (en particular las demandas estudiantiles), fueron anexadas en gran parte por los analistas políticos, como expresiones de malestar de la llamada “clase media”. Esto rápidamente se puede entender como la ausencia de la subjetividad poblacional, que más bien, debe leerse como el resultado de espacios criminalizados y dominados por los carteles del narcotráfico. Aquí tuvo lugar una operación discursiva donde el sujeto popular queda asociado a las figuras delictivas de la lumpenización, a saber, el riesgo, la exclusión, el rapto, la PDI desmantelando bandas, etc.

Nosotros interpretamos la ausencia de los movimientos de pobladores en los nuevos antagonismos sociales como la pérdida de “poder constituyente” del sujeto-poblador. Pensamos que esta tragedia es parte de una vertebración de procesos sociales que se desencadenan en la puesta en marcha de la estabilidad institucional; des-politización, des-ideologización y desmovilización/mutación militante. La articulación de estos hechos configura una tendencia a la des-popularización de la subjetividad política poblacional que deja de ser el “reducto ideológico” de las orgánicas internas de los partidos de izquierda.

A pesar del vigor que actualmente ha adquirido la disidencia de calle y su impronta para reconfigurar el debate público-privado, más allá del tibio reformismo encarnado por la Nueva Mayoría, la ausencia del poblador sigue siendo un tema pendiente para una acción política genuina que pueda restituir un horizonte de transformaciones radicales. Frente al riesgo de un empantanamiento en un “neoliberalismo corregido” -librado al campo de las reformas graduales- solo nos queda replicar la iniciativa política, ¡lucha hegemónica¡

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Freddy Urbano es Magíster en Sociología por la Universidad de Lovaina.

Mauro Salazar es investigador asociado a la Universidad ARCIS.