Osvaldo Torres: «Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores para que los niños no trabajen»

¿Cuáles son las políticas de protección que hacen falta en Chile para poder resguardar socialmente a la infancia, considerando que se estima que unos 249 mil niños y jóvenes entre 5 y 17 años trabajan en el país?

Hay dos temas respecto de lo que planteas. Uno es el tema de la protección social asociada directamente a los niños trabajadores y otra es la política de protección social en general a la niñez. Y agregaría un tercer aspecto, que es la política laboral que existe en Chile. Partiendo por la última, lo que es imprescindible para disminuir la cantidad de niños y niñas trabajadoras, a mi juicio hay una necesidad de mejorar las condiciones que tienen los trabajadores formales. Es decir, un mercado laboral con mayores garantías para los trabajadores en el plano de la negociación colectiva, del derecho a huelga y mejorar el salario mínimo, dan mejores condiciones para que los jefes y jefas de hogar puedan generar la política de protección al interior de las propias familias, evitando así que los niños salgan al ámbito laboral para buscar un complemento al ingreso familiar. Entonces, si me dices cuál es la mejor forma de enfrentar la protección para los niños trabajadores, diría que es mejorando las condiciones de sus padres, lo que pasa por una mejora de las leyes laborales.

La segunda cuestión es que las políticas de protección social a la niñez está hoy día en discusión con la formación del Consejo Nacional de la Infancia, que estableció Bachelet en las primeras semanas de su gobierno, y que la encabeza Estela Ortíz. Dentro del diseño de ese consejo hay cuestiones bastante importantes como la derogaciones de la Ley de Menores y la generación de una ley que garantice los derechos de los niños y niñas del país, y que también tiene como propósito generar un cambio en la institucionalidad que atiende los temas de niños y adolescentes, lo que implicaría una gran reforma y terminar con el Sename como un organismo de contención de la pobreza, y transformarlo en una institucionalidad de promoción y protección de los derechos de los niños. Además, tiene el propósito de promover la figura de un Protector de la Niñez, de carácter autónomo que pueda llamar la atención a organismos públicos cuando se cometan atropellos y vulneración a sus derechos.

Esas dos cuestiones generan un marco más apropiado para posteriormente entender que se deben aplicar políticas especializadas a la niñez trabajadora. Ahora, en este tema hay un debate importante porque hay gente que se propone la erradicación del trabajo infantil, y hay quienes nos proponemos la disminución del trabajo infantil y su protección. Es decir, hay aspectos culturales que existen tanto en Chile como en otros países de América Latina que hacen que los niños colaboren con los trabajos familiares, tanto en el sector rural como otras actividades urbanas, como en el pequeño comercio, en algunos locales establecidos administrados por sus familias, donde los niños de una u otra manera, son socializados por sus padres en la valoración del trabajo como parte importante de la vidas de las personas, y que en estricto rigor no sería explotación laboral infantil, sino que un trabajo. Algo así como el niño en EE.UU que reparte el diario en bicicleta. Acá hay otras modalidades de trabajo que no necesariamente son explotación laboral de los niños.

Eso que tiene que ver más con un tema de cómo los niños desde pequeños pueden aportar en el surgimiento del núcleo familiar, tiene más relación con ese trabajo que se hace después de la escuela. Sin embargo, hay muchos niños que se dedican a trabajar y desertan de la educación, ¿cómo se puede generar la distinción necesaria para que el Estado pueda proteger en especial a los niños que ya no están participando del sistema escolar?

Es importante la distinción entre el trabajo infantil y la explotación infantil. El trabajo, cuando se desarrolla sin el abandono de la escuela, puede ser una contribución importante para la formación de la vida de los mismos niños, con independencia del sector social de dónde provengan. Otra cosa es el niño que, abandonando la escuela, busca los recursos para subsistir o para poder alimentarse, así como los que no entregan el dinero a sus familias para poder comprarse sus propias zapatillas o diversión. Eso se da cuando las familias no están en condición de abastecer monetariamente los espacios de diversión. Hay un tercer perfil también que se hizo en un estudio, y que es el trabajo de las niñas al interior de los hogares, haciéndose cargo de sus hermanos menores. Ese es un trabajo que está invisibilizado y debe estar alcanzando las 100 mil niñas, y que las encadena a un trabajo discriminatorio respecto del género, que las perjudica en su rendimiento escolar.

Otros de los casos dramáticos que se da es que en lugares de alto riesgo social, se produce una deserción escolar para trabajar en el narcotráfico, en este papel de “soldaditos”, como se les conoce, y ahí es donde quizás se nota más el abandono del Estado, porque el combate de estos temas es militarizado y punitivo penalmente, además de un entorno de constante violencia, ¿Qué políticas pueden ayudar para que el Estado pueda rescatar a esos niños?

El tema de los niños y el tráfico de drogas es bien grave, aunque no sean muchos casos. Haciendo esa salvedad, como dices, acá estamos en presencia de un problema que es a la vez de deserción escolar pero también algo social. Durante mucho tiempo han existido ensayos de políticas para la reducción de la deserción y programas para retener a los niños en las escuelas, pero las experiencias han tenido a mi juicio dos características. Lo primero es que han sido programas con poca capacidad de gestión por parte del Estado, y con subvenciones francamente pobres, en programas para pobres, con pobre presupuesto y con pago a profesionales precarizados. Esto viene desde el año 2000, cuando el Ministerio hizo algunas iniciativas en este sentido. Lo otro es que estos programas no tenían evaluación ni fueron incorporados a la institucionalidad de la gestión del Ministerio, por lo que se abandonaron cuando cambiaron las autoridades políticas, por lo que en la actualidad no hay programas dedicados a esto.

Lo segundo es que los niños que se involucran en estos temas lo hacen también porque la escuela les expulsa. Ellos no comprenden lo que se les enseña, pues se sigue operando con un molde educativo que no está adaptado para las realidades físicas de las comunidades en las cuales se opera. Por eso se habla de escuelas expulsoras, porque los niños no tienen la culpa de que les vaya mal en matemáticas, sino que hace falta una metodología especial para enseñar a ese niño que viene de un determinado perfil. La vinculación de la droga termina en un itinerario que llevará a los niños a cobrar venganza social por la incapacidad de nuestra estructura socioeducativa de garantizar los derechos básicos para las personas, cuando fueron menores.

En este sentido, ¿cómo valora la contribución de organismos internacionales como la OIT o la UNICEF en estas temáticas?

Yo creo que la OIT, más allá de las diferencias que uno pueda tener del enfoque de las temáticas, ha permitido con su acción relevar la importancia que tiene el que la sociedades cuiden a los niños y no trabajen, o sea que es deseable que los niños no lo hagan, que el fenómeno social existe, y que se deben tener políticas públicas para disminuir la cantidad de niños que se conducen a la explotación. En ese sentido me parece positivo. Respecto de la UNICEF, yo creo que desde la perspectiva de garantizar los derechos de todos los niños y niñas, incorpora también la pregunta sobre los esfuerzos que se hacen para que los países garanticen que, en el caso de que los niños trabajen, no lo hagan abandonando la escuela. Pero ambos organismos, en la medida de que Chile deja de ser un país susceptible de cooperación internacional, también han disminuido drásticamente los recursos para la intervención de comunidades donde hay niños trabajadores. Entonces, más bien hacen lo que los siúticos llaman el trabajo de advocacy, de relevar la existencia de estos temas para que el Estado chileno se haga cargo de resolverlos.