El presente texto forma parte del
Cuaderno de Coyuntura, Nº3,
editado por el Centro de Estudios Nodo XXI

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El gobierno de Michelle Bachelet se ha proclamado a sí mismo como refundacional, al punto que los principales liderazgos de la Nueva Mayoría han repetido con insistencia que se inicia un nuevo ciclo en la política chilena. Tránsito que permitirá, según argumentan, comenzar la construcción de “otro modelo” alternativo al neoliberal. El discurso oficial apunta en términos de contenido a combatir las profundas desigualdades existentes en el país a través de tres grandes reformas, a saber, tributaria, educacional y constitucional, siendo la fundamental la reforma general al sistema educativo. De este modo se intentan recoger las banderas del malestar social, encabezado por las protestas estudiantiles del periodo reciente, y traducir dichos planteamientos en política pública.

En los primeros tres meses de gobierno se han hecho una serie de anuncios y enviado sucesivos proyectos de ley. Se han retirado otros de la administración anterior por diferir sustancialmente del programa del nuevo gobierno. En tanto que los ministros más emblemáticos no han escatimado esfuerzos por anunciar las orientaciones que tendrá cada una de las reformas y reunirse con los principales actores para escuchar sus inquietudes y propuestas. Pero más allá de los discursos y las intenciones, el sello distintivo de los anuncios y proyectos hasta ahora enviados no han apuntado a la transformación del “corazón” del modelo. Justamente, la reforma tributaria buscará mejorar la recaudación sin modificar en forma sustantiva la relación capital-trabajo[1] y la educacional ha postergado el fortalecimiento de la educación pública para más adelante.

En ese escenario las fuerzas estudiantiles han vuelto a irrumpir con fuerza, exigiendo claridades respecto a la orientación general que tendrán los proyectos de ley en educación. La masiva marcha del 8 de mayo convocada por la Confech y las organizaciones de estudiantes secundarios dejó en claro que el malestar social sigue en pie y que la ciudadanía exige que la educación sea un derecho social, que se fortalezca su dimensión pública y que las lógicas subsidiarias de la acción estatal y del mercado educativo retrocedan.

Por otro lado, el cambio de ciclo se expresaría en una renovación general de la política institucional. Cambios en las conducciones partidarias, la irrupción de nuevos conglomerados políticos, el ingreso de ex dirigentes estudiantiles al Ejecutivo y Parlamento, y un importante número de ministros ajenos a la “fronda concertacionista” así lo acreditarían. No obstante aquello, todo parece indicar que esa renovación no altera en forma sustantiva el carácter social de la política y sus instituciones, esto es, sigue sin abrirse a la sociedad y se niega a incluir a fuerzas sociales distintas al empresariado. Más aún, se observan la reproducción de formas de control social típicas de la transición, replicadas sistemáticamente durante los años noventa, sumado a una inédita colonización del mundo empresarial en la política institucional.

A continuación se analizan los cambios y continuidades de la política institucional, la relación entre el empresariado y el nuevo gobierno, así como las tratativas de restauración de la política de la transición. Finalmente, se busca responder a la interrogante: ¿ha comenzado o no un nuevo ciclo político en Chile?

 

1. ¿Renovación o intentos de restauración de la política de la transición?

La crisis de legitimidad por la que atraviesa la institucionalidad política forjada durante la transición obedece, en gran medida, a la dificultad que tiene ésta para procesar los conflictos que emanan de las fuerzas y grupos sociales que configuró el neoliberalismo chileno. En efecto, las demandas sociales levantadas durante las revueltas de 2006 y 2011 no logran ser procesadas por la institucionalidad vigente, y los partidos tradicionales intentan diversos reacomodos para ajustarse al nuevo panorama social. No obstante aquello, de momento prima la descomposición de éstos, la proyección de liderazgos personales que apuestan a encabezar futuras candidaturas presidenciales, así como también tratativas de restauración de la añosa política de los “acuerdos”.

 

a. La fragmentación de la derecha

Las consecutivas derrotas electorales de la derecha de 2012 y 2013 se producen en un escenario de crecimiento económico y no de crisis, cuestionándose así la máxima de que la “paz social” se asegura mecánicamente a partir del crecimiento económico y la generación de empleos. De lo que se trata, más bien, es del agotamiento de la fórmula “más y mejor neoliberalismo” ensayada durante los últimos 40 años, y de la negativa del gobierno de Piñera para ofrecer derechos sociales a la ciudadanía[2]. Pero para enfrentar este nuevo panorama la derecha requiere de una cirugía mayor que contraviene pilares fundacionales de su ideario, de ahí se explica en parte la debacle electoral, la aguda fragmentación que atraviesa y su incapacidad para perfilarse como alternativa de oposición.

El desorden general de las filas de la derecha política ha obligado a diversos grupos sociales, históricamente representados por este sector, a irrumpir directamente en defensa de sus intereses que las reformas anunciadas afectarían. Efectivamente, organizaciones de pequeños y medianos empresarios han criticado públicamente la reforma tributaria, la Iglesia Católica ha hecho lo propio ante los anuncios educacionales y una fracción del gran empresariado apuesta por la interlocución directa con el gobierno mediante sus asociaciones gremiales. Lo anterior no significa que antaño estos sectores hayan sido totalmente dependientes en su actuar de los partidos de derecha, pero la pérdida de peso de éstos, los ha obligado a irrumpir en forma mucho más directa en la discusión pública. Lo que acelera más la fragmentación del sector, generándose de paso un terreno cada vez más propicio para la proyección de liderazgos personales.

 

Los partidos políticos

La Unión Demócrata Independiente, pese a su “disciplina leninista”, ha sufrido el impacto de los fenómenos anteriormente señalados. Tras la renuncia de Longueira a su candidatura presidencial y las subsiguientes divisiones entre quienes apoyaron las reformas impulsadas por Piñera -Chadwick, Longueira y Matthei- y aquellos que promovieron una defensa más cerrada del actual modelo económico y de la institucionalidad heredada de la dictadura -Lavín y Novoa-, el gremialismo no ha logrado definir una estrategia clara para afrontar el actual escenario. La ausencia de una conducción nítida se expresa, entre otras cosas, en el dilema de retornar a un discurso más ortodoxo orientado a resguardar la obra del general Pinochet, o fortalecer el proyecto de la “UDI popular”. En esta lógica se orientan las conclusiones de la Convención Política realizada en Punta de Tralca durante el mes de Abril, donde el partido hace un llamado a volver a sus orígenes: recuperar la agenda valórica conservadora, salvaguardar los pilares económicos del neoliberalismo y, de paso, defender a las “mayorías silenciosas” que estarían siendo afectadas por las reformas de Bachelet. Si bien en la discusión partidaria se hace presente la necesidad de volver a encantar a la “clase media”, no pareciera existir todavía -como sí ocurrió durante la candidatura de Longueira- un programa, liderazgos y un relato para poder afrontar ese desafío. Tras la retirada de los “coroneles” de la primera línea, la nueva directiva liderada por Ernesto Silva resulta incapaz de darle cohesión política al partido.

Por su parte, tras la derrota electoral en las elecciones de 2013, Renovación Nacional es duramente golpeada por la renuncia de militantes y parlamentarios que conforman el movimiento Amplitud. Las tensiones generadas por la conducción clientelar y conservadora de Carlos Larraín, la negativa de Piñera por someterse a los mandatos de su partido y la proyección de un polo liberal, terminan por estallar y sumir a RN en su peor crisis institucional. No obstante aquello, los senadores Ossandón y Allamand han intentado aproximarse a la “vieja Concertación” con la intención de discutir las actuales reformas y evitar lo que a su juicio es un giro radical al modelo chileno. Lo anterior se ha manifestado también en los acercamientos entre RN y la DC en lo referente a la corrección del sistema binominal. Sin embargo, el desorden interno se ha traducido en la incapacidad de impulsar una acción unitaria para enfrentar el actual escenario y en el perfilamiento individual de Ossandón, quién no ha escatimado críticas contra la gestión de su principal rival para la presidencial de 2017, Piñera. De lo que se trataría es de construir un liderazgo elitario, conservador y con guiños al mundo popular.

 

Piñera

Los esfuerzos del otrora presidente se han concentrado en construir una plataforma que le permita mantener vigente el legado de su gobierno y, a partir de ello, consolidar su nueva candidatura presidencial. Para ese propósito creó la Fundación Avanza Chile que articula a destacadas figuras de los partidos y centros de pensamientos de la derecha, como los ex ministros Felipe Larraín (Hacienda), Chadwick (Interior), Larroulet (Segegob), Matthei (Trabajo) y Lavín (Educación). En el actual escenario, la Fundación apuesta a la coordinación de agendas en pos de articular una oposición efectiva a Bachelet, con los principales centros de estudios del sector, entre ellos el Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán y Horizontal. Transformándose este espacio en el principal soporte intelectual al que recurren los parlamentarios de la derecha para contrarrestar los argumentos del Ejecutivo. Finalmente, el apoyo entregado por Piñera a Evópoli y Amplitud también parece estar orientados a debilitar a los partidos tradicionales, particularmente a Renovación Nacional, y con ello fortalecer la alternativa del “piñerismo”.

 

Chile sale de las cavernas: ¿es la derrota cultural de la derecha neoliberal?

La crisis que atraviesa la derecha política ha dado pie para que personeros de la Concertación y miembros de los partidos de la Alianza hayan asumido como propia la tesis de la derrota cultural de las ideas de derecha, según la cual la apertura de un nuevo ciclo social y político vendría de la mano de un retroceso de las ideas fundacionales de este sector. Este discurso ha sido utilizado en el primer caso para complementar el énfasis “socialdemócrata” con el que se presentan una serie de reformas -que en realidad apuntan a regulaciones dentro de los márgenes del neoliberalismo- y en el segundo, para fomentar posiciones de defensa atrincherada a la institucionalidad heredada de la fase autoritaria. Ambas posiciones fomentan a su vez una percepción de menor vitalidad del ideario neoliberal, cuestión que puede llevar a una subvaloración de la incidencia de esas ideas al momento de orientar la acción de las diversas fuerzas sociales subalternas.

A modo de ejemplo, ideas como que la felicidad se alcanza exclusivamente a partir del esfuerzo individual y familiar, que el crecimiento sostenido beneficia al conjunto de la población o que la acción colectiva defiende mezquinos intereses corporativos, siguen siendo válidas para una fracción considerable de la sociedad chilena. Si bien en el ámbito educacional se avizora un malestar contra la política social subsidiaria, éste no encuentra aún enraizamiento social en otras dimensiones como la salud, las pensiones o la legislación laboral.

Donde pareciera existir un retroceso es en el ideario conservador católico promovido por la UDI y una fracción de RN. En efecto, en el último tiempo diversas protestas sociales han instalado con fuerza reivindicaciones vinculadas a garantizar derechos reproductivos, el respecto a las distintas opciones sexuales o a formas de familia que no se rigen por el modelo católico. Esta agenda promovida por distintas agrupaciones de la “sociedad civil” fue acogida primero por Piñera, quien en su afán de construir una derecha moderna y liberal, impulsó iniciativas como el acuerdo de vida en pareja. En una dirección similar, el ex mandatario provocó un hiato cultural entre la derecha pinochetista de una potencial nueva derecha al acusar a los colaboradores civiles de la dictadura como “cómplices pasivos” de las violaciones a los derechos humanos, también hizo gestiones que la Concertación nunca estuvo dispuesta a realizar como fue el cierre del Penal Cordillera. En ese sentido, más que un repliegue de las ideas neoliberales de derecha, lo que retrocede con fuerza es el pensamiento católico integrista anidado en buena parte de este sector, permitiendo que Chile se aproxime a condiciones básicas de pluralismo valórico que buena parte de las sociedades modernas ya alcanzaron en el transcurso del siglo XX.

 

b. La “fronda concertacionista”

La “nueva” Concertación (o Mayoría) se ha presentado a sí misma como el fin de una larga etapa de neoliberalismo democrático y el inicio de un nuevo ciclo histórico cuyo horizonte se enmarca dentro de un ideario socialdemócrata. Para alcanzar este propósito no sólo estarían impulsando las primeras reformas para “derrumbar” el modelo sino que defenestrarían a históricos dirigentes concertacionistas que participaron de la ahora demonizada “democracia de los acuerdos”. De tal suerte, se haría cargo de las demandas que irrumpieron desde “la calle” y, con ello, renovaría decididamente la política chilena. No obstante aquello, hay que recordar que el gobierno de Bachelet se impuso electoralmente en un escenario de elevada abstención –en torno al 60%- y que frente a los recientes anuncios de reforma los estudiantes han vuelto a rugir, relativizándose de momento la capacidad del actual gobierno para resolver los dilemas del nuevo Chile.

 

La “nueva” Concertación

Un elemento central para impulsar el nuevo ciclo político, ha señalado el “círculo de hierro bacheletista”, es que los principales cargos de gobierno sean ocupados por una generación ajena a la elite concertacionista. Para ello no se ha dudado en nombrar a una “nueva” generación de ministros que durante más de una década fueron el soporte de connotados líderes de la “fronda” de la Concertación. En efecto, varios de los nuevos ministros acceden, tras una larga carrera en el aparato público, a puestos de primera línea. Cargos que por décadas habían estado reservados para los jerarcas que pactaron la transición.

Esta “revolución de los jefes de gabinete” ha permitido el ascenso de figuras como Peñailillo (Interior) o Arenas (Hacienda), que tras décadas de irrestricta obediencia a la política de los acuerdos, podrían al fin impulsar reformas de carácter estructural. Pero, cabe recordar que estos “genuinos hijos de la clase media chilena”, como han sido presentados por la prensa elitaria, fueron un connotado dirigente estudiantil que no dudó en dividir a la Confech en los noventa y el director de presupuesto que evitó cualquier gasto adicional en educación para resolver las demandas de la “revolución pingüina”, respectivamente. A ellos se agregan otros ex jefes de gabinete como Paula Walker (directora de la Secom), su marido Jorge Pizarro (Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras) y Carlos Correa (asesor comunicacional de la Secom), que permiten la adecuada reproducción de la “fronda concertacionista”. Además de la incorporación de figuras de la otrora patrulla juvenil de la Concertación de los noventa como son Elizalde en la vocería de gobierno.

Otra muestra de apertura sería el ingreso de destacados ex dirigentes estudiantiles en distintos cargos del Ejecutivo. La mayoría, militantes de Revolución Democrática, participan en diversas carteras del gobierno. El propio presidente de la FEUC 2010, Miguel Crispi, es asesor del ministro de Educación. También pertenecen a RD los jefes de gabinete de la directora de Fonasa, del director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) y asesores del área de contenidos en La Moneda. Por otro lado, las Juventudes Comunistas, también desembarcaron en el gobierno. De la generación 2010, el presidente de la FECH Julio Sarmiento hoy trabaja como asesor en el Ministerio de Salud y otros ex dirigentes se desempeñan como asesores en el Mineduc. En tanto, el presidente de la Feusach 2011, Camilo Ballesteros, aterrizó en la dirección de la DOS, donde se concentran otros ex dirigentes estudiantiles de la JJ.CC. También los ex presidentes FECH, Rodrigo Rocco y Felipe Melo, desempeñan funciones de asesoría en el Mineduc y Seremi de Educación, respectivamente.

Ahora bien, la mera presencia de nuevos y no tan nuevos rostros en la alta burocracia del Ejecutivo no asegura por sí misma la renovación de la política. Menos si de lo que se trata es de impulsar reformas que, de momento, han apuntado a regular los excesos del mercado sin modificar pilares neoliberales fundamentales. Todavía poco se ha hablado de derechos sociales y de des-mercantilización, transformándose los ex-dirigentes estudiantiles en basamento de legitimación para el nuevo neoliberalismo “con rostro humano”.

 

La “vieja” Concertación responde: “que vuelvan los Boeninger…”

Tras los vientos de cambio, se han encendido las alarmas entre los mandamases de la “vieja” Concertación. En esa dirección estuvo la intervención del ex ministro Enrique Correa (PS), a propósito del lanzamiento del libro póstumo de Boeninger, que defendió férreamente el diálogo con la derecha y fustigó a quienes apuestan a la polarización política. También estaba el ex ministro de Hacienda, Foxley (DC), quien recordó su trabajo junto a Boeninger para sacar adelante en consenso con RN la reforma tributaria de esos años, en el proceso conocido como “democracia de los acuerdos”. A ello se suman los alegatos de Escalona (PS) y Gutenberg Martínez (DC) en dirección de enrielar todos los esfuerzos para que las reformas sean consensuadas con la derecha y los poderes fácticos. El ex ministro Bitar (PPD) agrega que aunque se tengan los votos para algunos proyectos es necesario negociar un apoyo amplio, ya que sólo fortaleciendo los lazos políticos con la oposición se podrán sacar adelante reformas que requieren quórum calificado como es la constitucional. En tanto, Andrés Velasco, quién se perfila como el principal liderazgo de la vieja Concertación para 2017, ha insistido en reformas graduales y ha aglutinado en el movimiento Fuerza Pública a varios ex ministros impulsores de la política de los acuerdos: Mariana Aylwin (DC), José Joaquín Brunner (PPD), Pilar Armanet (PPD) y Hugo Lavados (DC). Estos expertos en temas de educación han alzado voces críticas por los alcances de la reforma educacional propuesta.

Pero no toda la “vieja” Concertación ha ingresado al programa “Plan Piyama”. Por ejemplo, en la dirección de Corfo y de Banco Estado han sido nombrados connotados ex ministros de la talla de Bitrán (PPD) y Vidal (PPD), respectivamente. En tanto, fueron designados como embajadores Ricardo Núñez (PS) en México, Mónica Jiménez (DC) en el Vaticano, Jaime Gazmuri (PD) en Brasil y Juan Gabriel Valdés (PS) en Estados Unidos.

De tal suerte, no queda claro que la Concertación histórica haya sido barrida del nuevo mapa político institucional. Y, aunque lo fuera, eso no garantiza mecánicamente un nuevo ciclo político. En todo caso, varios de sus principales líderes apuestan a que la inexperiencia de la nueva burocracia obligue a Bachelet a llamarlos para ordenar el programa de reformas. Precisamente, ese será su oportunidad para incorporarle los ajustes necesarios y, con ello, retornar a la primera línea de la política.

 

Las viejas prácticas de la política de los acuerdos continúan en la “nueva” Concertación

La “nueva” Concertación se defiende señalando que “harán valer” la mayoría parlamentaria, que van a “cumplir el mandato popular” y que no transarán los errores de anteriores gobiernos. No han dudado en amenazar con “retroexcavadoras” o argumentar que el alza de impuestos es contra “los poderosos de siempre”. Según varios de sus miembros lo importante es que los acuerdos se hagan de cara a la ciudadanía, pero por ahora este esfuerzo democrático no sobrepasa las pantomimas del “puerta a puerta” o del uso simbólico de los ex líderes estudiantiles para defenderlas. Señalan además que los añosos jerarcas concertacionistas de la transición todavía no entienden que hoy ya no son posibles los Boeninger en la política.

Pero más allá de los discursos, los hechos indican que el Gobierno ha comenzado a abrirse a negociar aspectos importantes de sus reformas. Mientras Arenas aceptó obedientemente indicaciones de su ex jefe (Luksic) al proyecto original de reforma tributaria relativas al alza de impuestos a alcoholes y bebidas, Peñailillo matizó su postura inicial sobre la reforma electoral y anunció que trabajará en un diseño junto a RN. Por otro lado, el ministro Eyzaguirre ha insistido al mismo tiempo que en educación se transformará todo pero que todos pueden estar tranquilos porque nadie será afectado.

A ello se agrega que la nueva Concertación ha apostado sistemáticamente a quebrar a la Confech a punta de montajes comunicacionales, detenciones selectivas y amedrentamiento a los principales dirigentes estudiantiles, así como no ha dudado en utilizar las principales vocerías sociales que aún controla, como el Colegio de Profesores, la Cones o la CUT, para aplaudir acríticamente las propuestas del gobierno. Se trata de prácticas que no difieren de las formas mediante las cuales la vieja Concertación apostó al control y a la desarticulación social en los ’90 y parte de los dos mil. De ahí que nuevamente surja un manto de dudas sobre la verdadera vocación democrática y transformadora de la renovada Concertación. El silencio de la nueva burocracia “erredeista” y “comunista” plantea dudas en cuanto al papel progresivo que jugarían en este gobierno.

El problema de fondo es que los proyectos se siguen presentando a espaldas de la ciudadanía, y se buscan imponer acuerdos forzados sin diálogo con las fuerzas sociales. A modo de ejemplo, en pleno debate educacional la Presidenta no dudó en asistir a reuniones empresariales para dar tranquilidad a este sector de que las reformas no afectarán la inversión ni el crecimiento. Gesto que no ha pensado en tener jamás con ninguna organización estudiantil. Ahora bien, el dilema no es sólo de falta de democracia en la formulación de los acuerdos, sino que éstos siguen más orientados a la regulación de los mercados que al fortalecimiento de una sociedad que reproduzca su vida social a partir de la garantía de derechos sociales. Es decir, se evade el cambio del carácter social de la acción estatal.

De lo que se trata es de la ausencia de una perspectiva de democratización sustantiva de la vida social que requiere, al mismo tiempo, avanzar en una mayor democratización social y política, sin la cual se renuncia a una sociedad más igualitaria y democrática. Pero aquello son palabras mayores que requieren definiciones y la aceptación de que el nuevo ciclo político no comenzará (y es claro que no ha comenzado) mientras no se avance en conquistar para la democracia los espacios hoy ocupados por el mercado.

 

c. La zigzagueante constitución del progresismo y las dificultades de la izquierda extraparlamentaria

El mundo progresista articulado en torno a la figura deMarco Enriquez-Ominami y el Partido Progresista (PRO), ha debido afrontar un difícil escenario producto que buena parte de sus banderas se encuentran hoy integradas en el programa de Bachelet. Al punto que ha transitado desde una política de diferenciación total a una de acercamiento con el actual gobierno. Cabe recordar que varios de sus integrantes provienen de las filas de la Concertación, principalmente del PS y el PPD, y comparten con estos espacios de articulación política e intelectual como es la Fundación Chile 21. Hoy por hoy, una parte del progresismo se ha integrado al Gobierno y otra saluda desde fuera sus reformas, tornando sumamente ambiguo el actuar político de esta fuerza.

Sus críticas al Gobierno han sido menores, principalmente por el insuficiente alcance de la reforma tributaria, pero han saludado las propuestas educacional y constitucional. Al punto de que el PRO declaró públicamente que es un aliado estratégico del gobierno de Bachelet, no así de la vieja Concertación. En tanto, referentes del progresismo como Carlos Ominami, forman parte de la comisión gubernamental encargada de generar propuestas para resolver los problemas derivados de la demanda marítima de Bolivia ante el Tribunal de la Haya. Esto, a pesar de no constituir una integración formal a cargos de gobierno, mina la independencia de los actores progresistas frente a la “nueva” Concertación.

Lo que está por resolverse es si el progresismo apostará en este periodo por el ingreso definitivo al gobierno o por una política de proyección alternativa que dialogue con la izquierda extraparlamentaria. De momento, las señales públicas tienden a apuntar hacia la primera de estas orientaciones.

En tanto, en el mundo de las izquierdas extraparlamentarias, sigue predominando un escenario caracterizado por altos niveles de dispersión, situación similar a la vivida durante las elecciones de 2013, donde no se logró consensuar ni candidato ni lista parlamentaria única a pesar de los altos niveles de coincidencia programática.

Dentro de los esfuerzos que apuntan a revertir esta situación destaca el “Acuerdo de los 12 puntos”, marco programático suscrito por distintas fuerzas como el Partido Humanista, Jorge Arrate, personalidades diversos de izquierda y nuestra organización que coloca en el centro de las preocupaciones de la izquierda para afrontar el actual escenario, el desarrollo de una política orientada a criticar la concepción subsidiaria del Estado y a defender la necesidad de construir una sociedad en donde los derechos sociales estén garantizados, lo anterior a través de un proceso constituyente que se traduzca en la creación de una nueva carta constitucional.

En todo caso, las principales fuerzas sociales, básicamente estudiantiles, han logrado sortear las ofensivas gubernamentales y mantenerse como fuerzas que legítimamente pueden empujar una transformación sustantiva de la educación. En esta línea destacan la Izquierda Autónoma, el Frente de Estudiantes Libertarios, la Unión Nacional Estudiantil y Nueva Acción Universitaria. Su vigencia dificulta de momento la posibilidad de que la vieja política de la transición se restaure así como también entrampa la oportunidad de que la nueva Concertación se presente como la iniciadora de un nuevo ciclo político.

 

d¿Es la reforma al binominal una democratización de la política?

El sistema binominal de elección de diputados y senadores ha sido sindicado como uno de los principales candados de la transición, al punto que impide alcanzar una genuina democracia representativa. Para corregir esa situación el gobierno de Bachelet se propone modificarlo y acabar, según dicen, con “una espina clavada en el centro de nuestra democracia”. Efectivamente, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley que aumenta el número de diputados (de 120 a 155) y senadores (de 38 a 50), reduce el número de distritos lo que permitirá aumentar el número de candidatos electos en cada circunscripción (de 3 a 8 diputados y de 2 a 7 senadores), además se incluirá un mecanismo que asegurará que ningún partido presente más de un 60% de candidatos del mismo sexo -siendo mujeres al menos un 40% de las candidaturas- y un incentivo económico para el conglomerado político por mujeres electas.

La interrogante que se abre, más allá de las disputas entre expertos electorales sobre la naturaleza del nuevo sistema de elecciones parlamentarias (¿es un binominal aggiornado? o ¿un proporcional moderado o corregido?), es si la reforma democratiza o no la política.

La reforma al binominal parece ser un traje a la medida –confeccionado por Auth y Schilling- para resolver la fragmentación de la política de la transición. A saber, responder a los intereses de diversos grupos que hoy componen la política de los dos grandes bloques: la Alianza que pasa de 2 a 4 agrupaciones y la Concertación que pasa de 4 a 7. De hecho, un reciente estudio de la Universidad Diego Portales[3] concluye que con los nuevos distritos electorales no se modificaría porcentualmente la actual representación que alcanzan los conglomerados. Por otro lado, la nueva ley fomenta más fuertemente que el actual binominal, que los independientes participen dentro de los grandes pactos[4].

Segundo, la reforma disminuye el peso de las fuerzas alternativas. El rediseño de los distritos no solo eleva los costos de las campañas al expandirlos, también favorece a quien la diseña dado que este decide las fracciones de la población por las que se tendrá que disputar el apoyo electoral. La reforma no promueve, salvo si son elegidas candidatas mujeres, ninguna fórmula nueva de financiamiento a los partidos. Esto significa que, en la medida que crece el número de electores y el territorio a cubrir, los candidatos se harán más dependientes de los grupos económicos que financian las campañas electorales, aumentando el poder empresarial en la política.

Tercero, las medidas de afirmación positiva en favor de la equidad de género –de carácter transitorio-, constituyen un avance que busca corregir una de las muchas desigualdades presentes en la política chilena. Pero si el problema es la sub representación de grupos excluidos cuyos intereses sociales deben estar legítimamente representados en el Parlamento –en este caso particular se busca revertir la cultura machista que impide la proyección de las mujeres en política- se debe avanzar también en incorporar medidas en favor de una mayor representación parlamentaria de trabajadores, pueblos originarios o de diversas orientaciones sexuales, cuyos intereses sociales –sin duda también legítimos- se encuentran totalmente ausentes en la composición del Congreso. En definitiva, el fondo del problema está en la incapacidad actual que tienen los partidos políticos tradicionales para canalizar intereses sociales ajenos a los empresariales.

En suma, la reforma al sistema electoral binominal parece no alterar los términos fundamentales a partir de los que se configura hoy la política chilena: primero, fortalece a los dos bloques hoy dominantes; segundo, aumenta la colonización empresarial sobre la política institucional y, con ello, se condicionan los proyectos con una orientación transformadora del patrón de acumulación neoliberal; tercero, inhibe la proyección política de fuerzas sociales que hoy se encuentran excluidas por la política de la transición. Finalmente, hay que considerar que el binominal es sólo un componente del sistema electoral, donde también destaca el financiamiento a las campañas. La iniciativa al reducir el problema al binominal, obstaculiza la posibilidad de discutir un cambio sustantivo al diseño del sistema político electoral en su conjunto. En consecuencia, ¿se democratiza la política con esta reforma?

 

2. El circuito extra institucional del poder se hace presente: la colonización empresarial de la política.

En la medida que se proyecta el malestar social desde 2011 hasta la actualidad, se acrecienta el proceso de descomposición de las fuerzas políticas tradicionales. Lo anterior redunda en un proceso de colonización de la política por parte del circuito extra institucional del poder, particularmente de las fuerzas empresariales, las que acrecientan su participación directa en el escenario político nacional. Debilitándose de esta forma el papel mediador que suelen jugar los partidos entre el Estado y la “sociedad civil”. En consecuencia, con prescindencia de la política institucional el empresariado interlocuta directa y regularmente con la Presidenta y su gobierno haciéndole presente sus intereses en la política, además de nombrar ministros de su confianza. Acceso que es sistemáticamente vetado para otras fuerzas sociales como son la estudiantil, los trabajadores u otros grupos de interés.

 

Los “Luksic boys”

Si existe un grupo empresarial en Chile que ha sabido adaptarse a los tiempos de la política es sin duda el grupo Luksic. Una ruta que abrió el propio patriarca Andrónico Luksic Abaroa en los años sesenta y setenta, al establecer alianzas con la DC y luego pactar con el gobierno de la UP la estatización de algunas de sus empresas para así conservar otras. Una filosofía que se resume en financiamiento para unos y otros partidos políticos, siempre que tengan peso en la vida política, y fichajes de diversas figuras de todo el espectro político en directorios de empresas de su holding. Una estrategia que, en la lógica del empate que ha generado el binominal, lo ha llevado a financiar por igual las campañas de los dos principales bloques políticos. No obstante, “intuyendo” los resultados electorales el grupo económico se inclinó decididamente a apoyar a la fuerza política “con más peso”, a saber, la Concertación. Ahora bien, el apoyo más decidido de los Luksic a Bachelet no se reduce sólo a un problema de “pesos políticos”, esta vez se agrega una intervención más nítida del grupo en la orientación que tendrán las reformas y la posibilidad efectiva de que se resuelva la nueva conflictividad instalada en el Chile neoliberal.

De tal suerte, no solo aseguró un acceso privilegiado al círculo de hierro de la Presidenta Bachelet sino que cuatro de los actuales ministros provienen de directorios del grupo: el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas (PS), participó hasta hace poco en el directorio de Canal 13; el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD), también ex miembro del directorio de esa casa televisiva; la Ministra de Minería, Aurora Williams (PR), ocupó puestos de Gerencia en Empresa Sanitaria Aguas de Antofagasta y Antofagasta Terminal International; finalmente, el Ministro de Energía, Máximo Pacheco (PS), fue director del Banco de Chile, además de Falabella (Solari-Del Río) y de empresas vinculadas a Copec (Angelini). Esta situación de colonización, ha encendido incluso alarmas en otros grupos empresariales que han quedado postergados en relación al acceso privilegiado que los Luksic alcanzan hoy en el Gobierno.

Paralelamente, se designó a la ex ministra de Defensa del primer gobierno de Bachelet y figura del PPD, Vivian Blanlot, en el directorio de Antofagasta PLC, la matriz minera del conglomerado, asegurándose así de enviar señales claras de alineamiento a la antigua Concertación. El blindaje de Quiñenco también incluyó el ingreso de la economista Andrea Tokman y del abogado de temas medioambientales Álvaro Sapag. Asimismo, ingresó al directorio de Canal 13 una representante de la DC-Gutenberg Martínez: su esposa y ex senadora, Soledad Alvear.

Uno de los pocos actores que se ha mantenido inmune a los guiños de los Luksic es Sebastián Piñera, quien tras ingresar a la lista de hombres más ricos del país logró cimentar su camino propio hasta llegar a la Presidencia. Bajo esa lógica, Andrónico Luksic, en los últimos cuatro años, perdió influencia en el gobierno al punto que casi se acabaron las habituales visitas a La Moneda que mantuvo entre 1990 y el 2010. Se trata de un escenario que el grupo no está dispuesto a repetir ante una eventual nueva candidatura y futuro gobierno de Piñera, por lo que determinó que la mejor señal era darle espacio en el holding a un hombre cercano al ex presidente. Justamente, fue nombrado como gerente legal del directorio de Quiñenco –empresa matriz del holding- Rodrigo Hinzpeter (RN). El acercamiento se produjo gracias a la amistad que el ex ministro mantiene con el gerente general del grupo, Francisco Pérez Mackenna, y su hermano, Rodrigo, también ex ministro de Vivienda del gobierno de Piñera.

 

El desembarco del resto de los grupos empresariales

La colonización del mundo empresarial en el Ejecutivo no es un fenómeno que se reduce al peso de los Luksic en el gobierno de Bachelet. Varios de los actuales miembros del gabinete ostentan vínculos importantes con otras fracciones del empresariado chileno.

El Ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte (PS) es un ejemplo de ello. El titular de la cartera se desempeñó exitosamente como alto ejecutivo en la  International Paper y en la Carter Holt Harvey, donde estrechó vínculos con el grupo Angelini, además de su pasado en el directorio del Banco de Chile (Luksic). Conexiones que serán fundamentales para que Pacheco consensúe con el empresariado una reforma considerada clave para que Chile proyecte los ritmos del crecimiento económico registrados en las últimas décadas. Hasta el momento se han anunciado como ejes centrales del cambio en el sector energético la introducción de mayor competencia y la regulación estatal de este mercado. Orientación que niega, por ejemplo, la posibilidad que sea el Estado quién provea los servicios energéticos, considerados estratégicos para el desarrollo de cualquier país. Además, se anuncian nuevos estándares medioambientales y un mayor peso de las energías no convencionales en la matriz energética. Esto último acorde a la nueva talla que alcanza el neoliberalismo criollo en el concierto de países en vías de desarrollo. Un discurso que va en línea con lo señalado recientemente por el primo del ministro, Eliodoro Matte: “nosotros estamos a favor de que el Estado regule el libre funcionamiento de los mercados”.

En tanto, el Ministerio de Minería es controlado por representantes de las empresas mineras, al punto que se ha vetado durante la tramitación de la Reforma Tributaria toda discusión que afecte los intereses del sector. Además de la vinculación directa de la actual ministra Williams con uno de los principales controladores del cobre (los Luksic), resalta la trayectoria del subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno, en la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) y en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).

Finalmente, la nueva Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se desempeñó entre 1998 y 2006 en el directorio de la Fundación Paz Ciudadana (creada por Agustín Edwards) siendo gerente de proyectos de una entidad creada para permear a la opinión pública y a los gobiernos de turno que la delincuencia es la principal preocupación de la ciudadanía en un país en que, paradojalmente, se registran bajos índices en el área comparado con el resto del continente. Pero la Fundación del magnate de las comunicaciones, no sólo se ha preocupado del crimen sino también de la “violencia urbana” que es como han conceptualizado las protestas sociales. De aquí que durante todo el periodo democrático, Paz Ciudadana presionara a los gobiernos para que frente a las movilizaciones sociales estos respondiera con políticas de “seguridad pública”. En ese contexto, se abren dudas legítimas respecto a la vocación democrática de una ministra que ha anunciado reformas que fortalecerán la negociación colectiva y las herramientas de protesta de los sindicatos, cuando en otro momento ella misma promovió que estos problemas los resolviera el Ministerio del Interior.

Lo que en definitiva muestra el incontestado peso que alcanza el poder empresarial en la configuración de ministerios sectoriales considerados claves en la orientación de los patrones de acumulación del neoliberalismo local. A saber: energía, minería y trabajo. Todo parece indicar que cualquier reforma en estos sectores requerirá el beneplácito del empresariado que se encargó de colocar a varios de los suyos en el gabinete.

 

¿Una Sofofa para Bachelet?

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ha sido la organización empresarial líder en avanzar en una política de diálogo con la Concertación, específicamente, durante el gobierno de Lagos. Esta estrategia de acercamiento les ha permitido a representantes empresariales tener un acceso privilegiado a la política estatal y poder asegurar la representación de sus intereses. Línea que logró permear también el accionar de la poderosa CPC que comenzó a ser liderada por dirigentes provenientes de la Sofofa como Claro y Guilisasti. No obstante, el actual presidente de los industriales, Hermann Von Mühlenbrock, pareció iniciar un ataque frontal al gobierno de Bachelet que se distancia de la línea colaboracionista de sus antecesores. En efecto, el mandamás de la Sofofa señaló que “si los proyectos que evalúan las empresas se vuelven poco rentables por aumentos impositivos, sin duda que se llevarán adelante, pero en otros países”[5]. Pero la advertencia de que los inversionistas dejarían Chile, no tomó vuelo. Al poco tiempo, el presidente de la Asociación de Bancos y adherente de Bachelet, Jorge Awad, lo contradecía, y la CPC liderada por Santa Cruz también adoptaba una posición más moderada frente al alza impositiva. La línea dura no sumó apoyos, y el propio timonel de los industriales ha sido mucho más cuidadoso en sus siguientes intervenciones públicas.

Este giro en la Sofofa, no obstante, encendió alarmas en La Moneda y también en algunos círculos empresariales. De tal suerte, el gremio de los industriales debió hacer un cambio en el directorio que dejó fuera a dos de sus vicepresidentes: Claudio Muñoz (Telefónica) y Alfonso Swett (Forus). En su reemplazo arribaron Carlos Hurtado (ex ministro de Obras Públicas de Aylwin) y Rafael Guilisasti (ex presidente de la CPC). También fueron reemplazados otros tres miembros del comité ejecutivo (arribaron Janet Awad y Jorge Marshall, ambos ligados a la Concertación) y se sumaron cinco nuevos consejeros. Pero más allá de las especulaciones, el propio Von Mühlenbrock se encargó de aclarar que Hurtado y Guilisasti ayudarán a que en La Moneda “les contesten el teléfono”, los incluyan en giras presidenciales o destrabar temas complicados.

De lo que se trató es de un ajuste para reencauzar a la Sofofa en una línea de entendimientos con el Ejecutivo y para ello no dudaron en colocar en sus principales vocerías liderazgos capaces de acceder al círculo inmediato de la presidenta. Asegurando, de esa forma, su influencia en la orientación que asuman las reformas del actual gobierno.

 

3. ¿Comienza un nuevo ciclo político en Chile?

No aparecen indicios de que en Chile estemos ad portas de iniciar un nuevo ciclo político. Es la propia Concertación, la nueva y la vieja, la que dificulta de momento que este proceso arranque. Lo demuestra su afán regulacionista de mercados en detrimento de fortalecer una política estatal que garantice derechos sociales, las prácticas antidemocráticas en las que incurren algunas de las nuevas y no tan nuevas burocracias del Ejecutivo y, sobremanera, el grado de colonización empresarial que alcanza el gobierno de Bachelet.

Los anuncios del discurso del 21 de mayo se sitúan en la misma línea. La Presidenta enumeró una serie de medidas que ya se encontraban contenidas en su programa siendo las grandes ausentes en el ámbito educacional las orientadas a fortalecer el pilar público y en la discusión constitucional el procedimiento para configurar una nueva Constitución. Asimismo, los anuncios en materia de AFP o Isapres apuntan a que el Estado participe como un competidor más en el mercado y a la regulación de los excesos en que los privados incurren. Pero nada se anuncia respecto a cómo se hará retroceder al mercado, se fortalecerá lo público o se garantizarán derechos sociales. A su vez el tono del discurso rehuyó cualquier énfasis refundacional o crítica directa al Estado subsidiario, cuestión que fue bien recibida por quienes han insistido en la necesidad de generar un clima favorable para cambios graduales y que no afecten en lo medular los elementos centrales del actual patrón de acumulación.

En definitiva, un proyecto político que se plantee en línea con lo anterior difícilmente podrá abrir las puertas de un nuevo ciclo. No al menos uno en que la ciudadanía conquiste soberanía para dirimir democráticamente el rumbo que ha de seguir la sociedad chilena. Esto significa anteponer más democracia social y política a la tiranía del mercado, cambiarle el carácter social a la política, promover que fuerzas sociales nuevas se proyecten y alteren el escenario en el que se desarrolla la política, desafío no reducible al que éstas sean sumadas o proyectadas sus principales figuras.

En consecuencia, los vientos refundacionales no parecen soplar desde el Gobierno. Tampoco desde la nueva Concertación. Son las fuerzas sociales excluidas por la política las que tienen la oportunidad de poner en marcha la apertura de un ciclo cualitativamente distinto al de la transición. Para ello, fundamental resulta que dichos esfuerzos se configuren políticamente. Sin ello, el riesgo de una reversión restauradora del orden se mantendrá abierto.

 

NOTAS:

[1]Una revisión detallada de ésta puede revisarse en el artículo de Economía de este Cuaderno.

[2] Para más detalles del gobierno de Piñera se puede revisar el Cuaderno de Coyuntura Nº 2 de Nodo XXI.

[3] http://www.icso.cl/noticias/nuevo-documento-de-trabajo-sobre-reforma-al-sistema-binominal/

[4]La reforma mantiene el sistema de elección por listas y aumenta la cantidad de candidatos que pueden ser parte de esta al doble de cupos electos por un distrito. De esa manera el candidato independiente debe superar la votación de una lista que ahora puede contener más candidatos.

[5] Diario El Mercurio, cuerpo Economía y Negocios, 30 de marzo del 2014.