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Ante este escenario, algunos sectores progresistas -hasta hace poco lejanos al Gobierno- han planteado que el error fundamental de Eyzaguirre ha sido el orden lógico de sus medidas. Al no partir por fortalecer y expandir la educación pública, La Moneda abrió espacio para legitimar las dudas y desconfianzas que las fuerzas sociales tienen sobre el genuino carácter transformador del Gobierno. El hecho de que la propia derecha haya tomado la bandera de la educación pública -con alto grado de oportunismo, por cierto- abriría entonces la oportunidad al Gobierno de salir del encierro. También a las fuerzas oficialistas de recuperar conducción en las organizaciones sociales, principal promesa de sus recientes incorporaciones.

Este planteamiento malinterpreta la crítica a la reforma de las fuerzas sociales y políticas de cambio. Y la tergiversación no es inocente. Se utiliza para legitimar el acercamiento de ciertas fuerzas progresistas a la Concertación, que se asumen como representativas del malestar social. Pero en realidad, el problema central no es el orden lógico de la presentación de proyectos. Es el contenido y la estrategia política escogida.

El Gobierno ha insistido en múltiples oportunidades que desaparecido el cobro, el lucro y la selección, el mercado en la educación escolar queda ya desmantelado. Sólo entonces sería posible, se señala, una verdadera educación pública.

La desmercantilización y la educación pública se asumen, entonces, como cuestiones distintas. Para el Gobierno, la educación puede desmercantilizarse y ser al mismo tiempo un conjunto de proveedores privados que compiten unos con otros por los recursos que les suministran los estudiantes, los ponga el Estado o la familia. Léase, acorde a la formulación neoliberal original de las políticas educativas, ofreciendo -además- la posibilidad a los sostenedores de capitalizar los inmuebles con recursos públicos para luego retirar ingresos en la forma de salarios o retribuciones por administración.

Es visible la consistencia lógica de lo planteado en educación con otros frentes de política social proclamados “derechos”, donde -en salud y previsión, por ejemplo- se plantea explícitamente promover la competencia.

Las fuerzas sociales y políticas de cambio han planteado que la desmercantilización y la expansión de lo público es una misma cosa. Desmercantilizar es imposible sin la provisión de servicios públicos que, entre otras características, colaboren y no compitan, y se financien mediante aportes directos y no vouchers. Sólo así, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, pueden implementarse políticas universales de educación que vehiculicen la voluntad democrática de la sociedad.

El problema no es de orden lógico ni de errores, al menos en este punto. En la medida que -para el oficialismo- la regulación de privados desmercantiliza, la educación pública deja de ser el reverso del mercado, y por lo mismo, deja de ser lo central. No es un error ni un problema de tiempo. Es una decisión política.

Es positivo terminar con el lucro, la selección y el copago -más allá del mecanismo concreto, siempre perfectible-, pero no reside allí la desmercantilización. Mientras existan subsidios a la demanda como componente principal del financiamiento, y competencia entre escuelas, seguiremos en los marcos neoliberales. Son estos principios los que amoldan la educación a la desigualdad social de modo tan extremo, los mismos que nos impiden su genuina modernización y mejoramiento. Evidencia internacional y académica sobre esto hay de sobra.

Esta diferencia entre el Gobierno y las fuerzas sociales es lo que explica por qué La Moneda no ha convocado a un amplio acuerdo social por la educación -teniendo de parte de los actores educacionales la completa disposición a participar en él-, y ha optado por un camino solitario. En esta línea ha contenido y criticado a los estudiantes -a veces con inusitada agresividad- en lugar de convocarlos y apoyarse en ellos.

La discusión educacional no involucra sólo rediseños institucionales ni reformas presupuestarias. Expresa proyectos de sociedad. La determinación con que el Gobierno ha querido mostrar la regulación a los privados como un avance democrático y una expansión de la voluntad pública, se parece mucho, en realidad, al legado de los 20 años de Concertación, en que el neoliberalismo -el páramo de los proyectos individuales, privados y particulares- se presentó con retórica de centro izquierda.

Los estudiantes no sólo han demostrado voluntad de diálogo -incluso con la gestión de Piñera-, sino que han hecho posible el diálogo social sobre estas cuestiones. Son los estudiantes quienes han dado a la política su verdadero sentido: el debate abierto sobre proyectos de sociedad. En este caso, sobre por qué educamos, para qué lo hacemos, y cómo; preguntas que la reforma educacional omite, y en ese acto, responde con más de lo mismo.

Es justo que las fuerzas sociales y políticas de cambio sigan presionando por un diálogo sustantivo y mantengan una posición de autonomía. En la amplitud de sus fuerzas y en su proyección reside el componente fundamental de la solución al problema educacional. Sólo entonces se abrirá un nuevo ciclo político, en el que se debatan abiertamente los proyectos de sociedad que queremos, y no sólo se decida cómo administrar el que se nos impuso a sangre y fuego hace varias décadas.

El progresismo debe entender entonces que si tergiversa las críticas a la reforma para acercarse a la Concertación, las fuerzas sociales y políticas de cambio no seguirán sus pasos ni serán representadas por tal estrategia. Peor aún, si contribuye activamente a teñir de confusiones el debate educacional y en otras materias, hará más y no menos difícil la apertura de un genuino nuevo ciclo. Así, el progresismo tendrá que ver si quiere ser una fuerza de cambio -parte de una nueva fuerza política plural en gestación, con protagonismo de las fuerzas sociales- o de proyección del actual bi-coalicionismo, uno todavía separado del proceso social.