Era sabido a comienzos del siglo recién pasado que la democracia se decía en las palabras de “participación pública” y se realizaba en la organización de asociaciones. Bien sabían esto las mujeres de comienzos de siglo que en la creación de revistas, en la escritura de libros, en la formación de federaciones y en la constitución del movimiento feminista se dieron a la tarea de reclamar sus derechos cívicos y políticos[1].

Esta apuesta por la participación política de las mujeres de comienzos de siglo XX no quedará sólo circunscrita al quehacer propio del movimiento feminista o de los llamados “departamentos femeninos” o “secciones femeninas” de los partidos políticos tradicionales, sino que también se expresó en la formación de Partidos políticos de mujeres. El paso de los departamentos femeninos (o las secciones femeninas) a la formación de partidos políticos femeninos puede ser signado como el hito que marca el inicio de las políticas de la presencia en Chile.

El reclamo por presencia contenida en la creación de los primeros partidos políticos femeninos expresa, en primer lugar, el rechazo a ser incorporadas, cual complemento, a las organizaciones políticas de su época; y en segundo lugar, demuestra el deseo de duplicar las organizaciones y estructuras políticas existentes pero, y en esto constituye la novedad, con militancia sólo femenina. La igualdad se planteará, entonces, de un modo doble: en términos universales, expresada en las leyes y las estructuras que organizan la política; y en términos diferenciales, expresada en el ser sexuado femenino.

En un primer momento, esta agenda de la presencia tendrá en la petición por los derechos civiles su principal objetivo. Un segundo momento de esta política por la presencia encontrará en la demanda de los derechos humanos un nuevo lugar para definir la práctica del feminismo. Será, más específicamente, bajo la figura de la reivindicación de los derechos sociales y económicos que las mujeres de mediados del siglo XX reformularán su reclamo feminista. Derechos políticos más derechos económicos. Temprano en el siglo XX, y siguiendo intuitivamente, aquella idea del despliegue de la ciudadanía de T.H. Marshall, las mujeres del Partido progresista Femenino notaron que los derechos económicos hacen efectivos a los derechos políticos. De algún modo, se deja entrever que para ejercer la ciudadanía el “derecho a voto” es simplemente el comienzo.

Un tercer momento de las políticas de la presencia en Chile puede ser fechado a comienzos del siglo XXI y enmarcado en las políticas tendientes a “re-democratizar la democracia”. Este nuevo marco para la política de las mujeres tendrá dos ejes: a) la descripción de los derechos en tanto “derechos humanos de las mujeres”[2]; y b) el cuestionamiento a la neutralidad de los mecanismos democráticos incorporando propiamente la idea de “acción afirmativa”[3]. Ambos ejes serán explicitados durante el gobierno de Michelle Bachelet aun cuando la reformulación de las políticas de mujeres en Chile bajo aquellas coordenadas la antecedan. Conocedoras de esta transformación, las mujeres políticas participantes del gobierno de Bachelet insistirán en asumirse en tanto “sujetos de derechos, no en el discurso, sino en la práctica de las políticas públicas, tanto en lo legislativo, como en las políticas y programas gubernamentales, así como en los recursos financieros destinados a éstos[4].

Tal como a mediados del siglo XX la mujeres políticas desconfiaban que el derecho voto lograra corregir las desigualdades entre hombres y mujeres en el espacio público y político; las mujeres políticas de comienzos del siglo XXI tendrán la firme certeza que la baja participación y representación de ellas en el campo de la política (ya sea en partidos políticos como en el parlamento) se debe a profundos prejuicios, practicas sexistas y un ordenamiento paternalista/patriarcal de la política chilena. Prejuicios, sexismo y paternalismo que a pesar de las buenas intenciones y de la supuesta neutralidad y universalidad de los mecanismos y procedimientos de elegibilidad no logran hacer posible que más mujeres puedan participar igualitariamente en política. No logran hacer posible, finalmente y términos plenos, aquello establecido en el artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos: 1º “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos; y 2º “toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Ante este déficit democrático se propondrán dos mecanismos para corregir la desigualdad de acceso, visibilidad y representación de las mujeres en política. Tal como lo señalamos anteriormente estos dos mecanismos serán: las “cuotas de género” y la “paridad”. A continuación abordaré el modo en que esta “política de la presencia” será asumida en Chile durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

El simple sintagma “un gobierno paritario” venía a introducir la partición, la división del “dos” de la diferencia de los sexos en lo que habitualmente se entendía como lo uno de la razón universal de la política. Con la promesa contenida en el enunciado “mi gobierno será un gobierno paritario” se iniciaba una política marcada por la diferencia de los sexos, una política por la visibilidad de la división.

 

El escenario Bachelet

A las 12:15 del día 11 de marzo del año 2006 y con el “Sí, prometo” de Michelle Bachelet se iniciaba formalmente una nueva época para la política chilena. Época que bien podría ser llamada propiamente como política de la presencia. Nueva forma de entender la política de mujeres en Chile que se inauguraba con el primer discurso de Bachelet luego de saber que sería la primera presidenta de Chile.

Con la sencilla pero transformadora declaración “mi gobierno será un gobierno paritario”[5] se incorporaba al léxico político una idea que aunaba en sí dos conceptos no pronunciados habitualmente en contigüidad: política y diferencia de los sexos. Una idea, cabe destacarlo, no del todo nueva en el vocabulario y la práctica política de las mujeres. No recorreré aquí toda la genealogía de este concepto sino más bien explicitaré tres momentos de su despliegue: primero, la paridad, de algún modo, ya se concibe en las primeras demandas por la extensión de la ciudadanía política de las mujeres. En la medida que se suponía que igual voto equivaldría a igual representación; segundo, la paridad no tiene tanto que ver con el hecho de ser representada sino que en ser representante; y tercero, la paridad busca explicitar el acuerdo tácito sobre el monopolio masculino de la política. Estos tres momentos se anudan fuertemente en la voz paridad otorgándole a la palabra todo ese carácter explosivo que posee[6].

El simple sintagma “un gobierno paritario” venía a introducir la partición, la división del “dos” de la diferencia de los sexos en lo que habitualmente se entendía como lo uno de la razón universal de la política. Con la promesa contenida en el enunciado “mi gobierno será un gobierno paritario” se iniciaba una política marcada por la diferencia de los sexos, una política por la visibilidad de la división. Una política, en otras palabras, que exigía igual visibilidad/representación de hombres y mujeres en la esfera de los asuntos públicos; una política, en fin, que se sabía avanzando por caminos aún no andados. En este sentido debemos tomar las palabras de Bachelet: “Será el comienzo de una nueva etapa donde haremos que los logros de este país maravilloso entren en el hogar de todos los chilenos, porque quiero que mi gobierno sea recordado como el país de todos y para todos”[7]. Nueva etapa de la política que en el propio afán inclusivo universalista (todos) incorpora también los afanes de la diferencia de los sexos (todas y todos).

Como es bien sabido, la política de la presencia se enmarca dentro de las políticas de acción afirmativa instando a generar procedimientos tendientes a incorporar al espacio de lo político a aquellos sujetos o grupos excluidos o marginados. Encuadre afirmativo para la política de mujeres que a mediados de los años 70 fue, por primera vez, adoptado por los partidos políticos de izquierda noruegos incorporando las “cuotas” para seleccionar sus candidatos al parlamento. Política de acción afirmativa que luego será asumida en los años ochenta por los partidos laboristas y de centro del mismo país.

De ahí en más, la idea de incorporar mecanismos para corregir la sub-representación de las mujeres en política ha ido ganado tanto adeptos así como detractores en el mundo entero. En América Latina, si tomamos por caso, ya para el año 2008 eran once los países que habían asumido, en algún grado, la política de “cuotas” elevando el número de mujeres electas de modo notorio. Estos países eran: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Política de mayor visibilidad, de mayor representación, que ha logrado que Argentina, por tomar un ejemplo emblemático, eleve la cantidad de mujeres en política desde un 6% a un 38,3 % luego de la adopción de las cuotas[8].

En síntesis y reconociendo la importancia que cada vez más ha ido ganando la política de las cuotas, Mona Lenk Krook señala que “en los cincuenta años transcurridos entre 1930 y 1980, sólo 10 países han establecido cuotas, seguidos por 12 más en los ochenta. En los noventa, sin embargo, las cuotas aparecieron en más de 50 Estados, a los cuales se les han adicionado casi 40 más desde el 2000. Como resultado, más de 100 países tienen actualmente alguna política de cuotas, habiendo sido más de un 75% de estas medidas instauradas durante los últimos 15 años. Las cuotas, por ende, parecen reflejar una norma internacional creciente con respecto a la necesidad de promover la representación política de las mujeres”[9].

Fue la teórica política Anne Phillips quien advirtió que las razones que venían a apoyar las políticas de acción afirmativa eran principalmente de orden “práctico”, esto es, la presión por ganar las elecciones volvía a los partidos políticos más abiertos a considerar la inclusión de mujeres en sus filas. Sin embargo, indica Phillips, las razones de orden “teórico” a favor de este tipo de acción política son más bien escasas. Para muchos y muchas todavía no es evidente que la diferencia de los sexos afecte sustancialmente las decisiones de orden político[10]. Es con la voluntad de presentar nuevos argumentos y razones teóricas en defensa de las políticas de acción afirmativa que Anne Phillips acuñará la idea de “política de la presencia”. Desde este nuevo argumento, la escasa participación de mujeres en política no sería un dato casual o resultado de decisiones personales sino que un déficit democrático. En este sentido, Phillips indica: “la subrepresentación de miembros de un grupo social determinado se considera en todo caso un grave impedimento para la igualdad política, algo que inclina la toma de dediciones a favor de grupos ya dominantes y deja a los otros como ciudadanos de segunda categoría”[11].

Esta forma de entender la representación política cuestionará la contundente afirmación de la teórica política Hanna Pitkin quien señalaba que conceptualmente habían en principio dos formas de entender la representación: a) en términos pictóricos; y b) en términos de proceso. La primera dice de una representación que busca calzar al modo de una “fotografía” con el universo votante (cantidad proporcional, características personales, etc.). El segundo tipo de representación política no estaría tan atento de “quiénes” representan para centrase más en el “qué” representan (políticas, programa, etc.)[12]. Esta distinción a la hora de definir qué se entiende por “representación” generaría, en palabras de Pitkin, a su vez, dos formas de entender la idea de democracia. Así, aquellos defensores de una idea de representación política “pictórica” serían más proclives a un tipo de democracia directa, mientras que los defensores de la representación de proceso se sentirían más a gusto en los tipos de democracia representativa.

La política de la presencia, de algún modo, escaparía a dicha definición doble de la representación en la medida que buscaría introducir la propia “diferencia de los sexos” en la idea de representación. De este modo, la representación mirada desde el cristal de la “presencia” intentaría:

En primer lugar, transformar la representación simbólica. No se busca calzar de manera pictórica con una población o sus características, sino que se busca figurar otras formas para hacer frente a las jerarquías de poder existentes transformado la “representación”. Dicho en palabras de Phillips, estas políticas por la presencia buscan “revocar las historias previas de exclusión y el falso supuesto que parecían ratificar de que cierto tipo de personas tenían una capacidad inferior para gobernar que las demás”[13].

En segundo lugar, introducir la tesis de la política de presencia tendría como uno de sus objetivos no estancar la discusión en torno al “reconocimiento”. Las políticas de la presencia no sólo avanzarían en reconocer, o dar visibilidad, a aquellos grupos marginados del espacio de la política, sino que buscarán transformarlos en sujetos de agencia política generando, de este modo, posibles modificaciones en la dirección de la política o en el contenido de las decisiones que se tomen[14].

Y en tercer lugar, las políticas de la presencia intentarían cambiar la representación instalando en el espacio de lo político defensores/as de políticas de interés “con más empuje y dinamismo en la escena pública”. En este sentido Phillips destacará que los representantes “tienen una considerable autonomía, lo que explica en parte por qué sí importa quiénes sean dichos representantes”[15].

Al igual que a comienzos de siglo XX, cuando las mujeres hacían valer aquello de igual educación, igual participación política; las mujeres políticas de comienzos del siglo XXI harán valer aquello de igual capacidades y formación, igual representación. En este sentido, los criterios para definir la “idea de excelencia” serán, en primer lugar, formación personal (estudios, postgrados, idiomas, etc.) y, en segundo lugar, la trayectoria política.

Política de la excelencia y paridad

Cabe destacar que esta demanda por más presencia, que en un primer momento del gobierno de Michelle Bachelet tendrá el rostro de la paridad, hará suya la “idea de la excelencia” para volver factible el reclamo por mayor visibilidad de las mujeres en política. Se presenta con cierto énfasis la “idea de excelencia” para dejar en claro que lo que se pide no es simplemente “más mujeres”(no es la ley del número a lo que se apela) sino que más mujeres igual o más capacitadas que cualquier hombre en el espacio de la política. En este sentido Clarisa Hardy, Ministra del Gobierno de Bachelet, afirma que “el mayor ingreso de las mujeres a las elites permitiría contribuir a democratizar la generación de poder y a limitar su reproducción por parte de las mismas elites, facilitando su renovación, esta vez basada en méritos”[16] .

Es por ello que junto a evidenciar la experiencia política de las Ministras del gabinete paritario del gobierno de Michelle Bachelet se presentarán también sus biografías académicas y profesionales. Diplomas, maestrías, doctorados y conocimientos de idiomas extranjeros serán pruebas necesarias de competencias y habilidades para desarrollar el cargo político asignado.

Al igual que a comienzos de siglo XX, cuando las mujeres hacían valer aquello de igual educación, igual participación política; las mujeres políticas de comienzos del siglo XXI harán valer aquello de igual capacidades y formación, igual representación. En este sentido, los criterios para definir la “idea de excelencia” serán, en primer lugar, formación personal (estudios, postgrados, idiomas, etc.) y, en segundo lugar, la trayectoria política.

La necesidad de definir la participación y visibilidad política de las mujeres bajo los criterios de la excelencia “académica” se debe principalmente a tres factores:

Primero, “reconocimiento político fallido”. La acción política de las mujeres durante el siglo XX ha estado marcada por el “signo del margen”. Esto es, una vez conseguidos los derechos políticos en el año 1949 su visibilidad política quedó circunscrita en el mejor de los casos a departamentos femeninos (educación, salud, filantropía); y en el peor de ellos subsumida en la militancia anónima representada bajo la uniforme y universal ley masculina de la política. Durante la lucha contra la dictadura, las mujeres tendrán un lugar central (en el margen que suponía hacer y pensar la política en tiempos oscuros) no sólo cuestionando un orden autoritario sino que también re-inventando las prácticas políticas en general; sin embargo, con la vuelta de la democracia en el año 1990, el margen a que las obligaba un régimen opresivo fue legitimado por las prácticas y alianzas político partidarias de la Concertación. Esta política del margen o este reconocimiento político fallido hace que las políticas de las mujeres siempre comiencen desde cero. Siempre una vez más. Las mujeres parecen siempre avanzando por primera vez por los caminos de la política “como extrañas o advenedizas que deben mantener un comportamiento adecuado y cumplir con los mandatos de la feminidad si quieren pertenecer a ese mundo”[17]. Esta peculiar forma de ejercer la política por parte de las mujeres ha sido llamada por la filósofa española Celia Amorós “incompleta investidura”. Es decir, a propósito del cuadro antes descrito, cuando las mujeres detentan el poder o actúan en política pareciera que lo hacen de forma incompleta, vacilante.

Segundo, “retóricas privadas”. Habitualmente a las mujeres se les asocia al espacio de privado, doméstico y de los afectos. Esta asociación responde a cierta descripción del mundo que lo recrea gobernado por dos instancias: la ciudad y la familia. La primera gobernada por los hombres; y la segunda gobernada por las mujeres. Quizás sean los nombres de Creonte y Antígona los más adecuados para encarnar las leyes con que estos dos espacios se estructuran. Esta partición entre políticas de la ciudad (neutras, universales) y políticas de la familia (de interés, particulares) vuelve a las mujeres extranjeras en la ciudad de los hombres, extranjeras en la política de las cosas comunes. Esta extranjería lleva a las mujeres políticas, aun hoy, a tener que dar pruebas constantes de que son capaces de desplazar aquello que las convertía, en palabras de Hegel, en la “ironía de la comunidad” (no sólo extendiendo su política de los afectos y de las cosas privadas al espacio de lo público sino que por sobre todo defendiéndolas). Esta lógica de “dar pruebas” de ser capaces de ser partes del mundo de las cosas comunes vuelve a la “idea de excelencia” un argumento eficiente desde donde posicionar un reclamo por la igualdad. Recurrir al argumento de la excelencia busca inhabilitar los persistentes prejuicios que aún hoy forman parte del sentido común de la política chilena. Recordemos, por ejemplo, que durante la campaña que llevará a Michelle Bachelet a ser la primera presidenta de Chile será habitual que se enfatizara su carisma y simpatía pero que se dudara de sus habilidades políticas. Patricia Politzer en este sentido indica: “‘no da al ancho’, se reitera una y otra vez sin especificar si eso se refiere a una falta de preparación profesional, a su personalidad o a su manejo político. Algunos como el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, la consideraban un mero producto mediático y se preguntaban si tendría faldas suficientes para gobernar”[18]. Dicho de otro modo, al esgrimir el argumento de la “excelencia” se intenta desplazar la configuración simbólica de la ciudad versus familia. Se instala, en otras palabras, un argumento que se define en términos abstractos y universales pero que no apela, inicialmente, a la diferencia de los sexos.

Y tercero, “universalidad de lo político”. Si bien “la idea de excelencia” se instala en el escenario de la política de mujeres como un argumento para posicionarlas en tanto “iguales” (igual formación, igual capacidad, igual representación); no debe ser olvidado, sin embargo, que visualizar el argumento de la “excelencia” busca, aunque no en términos explícitos, resquebrajar y transformar cierto universalismo de la política que más bien se dice, mayoritariamente, en la figuración “masculina”. En este sentido puede ser dicho, tal como lo hace Joan W. Scott narrando la historia de la paridad en Francia[19], que este argumento de la excelencia (puerta de entrada de las políticas paritarias en Chile) no es la antítesis del universalismo, no es la negación de la abstracción de lo político sino que busca narrar dicha universalidad incorporando el dos de la diferencia sexual. En un gesto similar Joan W. Scott describirá la demanda por paridad en los años noventa en Francia: “el argumento de la paridad no fue ni separatista ni esencialista; no trató sobre de los atributos particulares que las mujeres podrían incorporar al mundo de la política o sobre la necesidad de representar los especiales intereses de las mujeres. Por el contrario, este argumento se presentó rigurosamente en términos universalistas”[20].

 

Argumentos para una política de la presencia

Si bien las políticas de la presencia en Chile comenzarán a tener lugar a comienzos del siglo XX con la creación de partidos políticos femeninos, sólo será durante el Gobierno de Michelle Bachelet cuando esta “política de la presencia” se exprese en la voz “paridad” y en el sintagma “cuotas de género”. Serán tres los argumentos principales que estarán en su base:

El argumento de la diferencia: las mujeres al involucrarse en política lo hacen de un modo diferente, ejercen liderazgos “diferentes”, más cercanos, son más protectoras, eficientes y dialogantes. Esta diferencia no debería ser excluida del espacio de la política sino que, muy por el contrario, es lo que podría revitalizar y encantar nuevamente al electorado con la cosa pública. En este sentido, no verán en la tradición del ideal cívico público (propia del republicanismo) impedimentos para la acción política de las mujeres. Esto en la medida que la paridad y la ley de cuotas serán defendidas desde argumentos rigurosamente universalistas.

Esta defensa desde el universalismo tendrá tres ejes principales: primero, la redefinición de los derechos en tanto derechos humanos de las mujeres; segundo, la teoría de las capacidades; y tercero, el ideal ilustrado de la tradición republicana. En este sentido, las mujeres no deben ser incorporadas al mundo de la política sólo por ser “mujeres” sino porque son sujetos de derechos en la “práctica”e “iguales en capacidades”; sin embargo, una vez que las mujeres son incorporadas a la esfera de la público/político defenderán un discurso del orden de la “diferencia” (maternalista). Este “entre dos” ambiguo, e incluso contradictorio, tendrá el efecto perverso, y no intencional, de representar a las mujeres nuevamente en términos conservadores y tradicionales. Desde esta perspectiva, la instalación de la “agenda de la presencia” durante el gobierno de Bachelet no logrará transformar simbólicamente la representación de la mujer ligada a los afectos, el cuidado y la familia sino más bien reforzará estas representaciones.

El argumento liberal: este argumento se desarrollará, en primer lugar, retomando la herencia liberal del feminismo chileno[21]. En este sentido, las políticas de la presencia del gobierno de Bachelet fluctuarán entre un discurso universalista (los derechos y las capacidades) y un discurso de interés (política del cuidado). En segundo lugar, será asumida la tesis que señala que la presencia de más mujeres en política no sólo transforma la vida de las mujeres sino que vuelve posible la transformación de la propia democracia. Así, la agenda de la presencia buscará posicionarse en tanto “reforma revolucionaria” con miras de “re-democratizar la democracia”. Este nuevo marco para la política de las mujeres cuestionará la neutralidad de los mecanismos democráticos incorporando propiamente la idea de “acción afirmativa”.

Tal como a mediados del siglo XX la mujeres políticas desconfiaban que el derecho voto lograra corregir las desigualdades entre hombres y mujeres en el espacio público y político; las mujeres políticas de comienzos del siglo XXI tendrán la firme certeza que la baja participación y representación de ellas en el campo de la política (ya sea en partidos políticos como en el parlamento) se debe a profundos prejuicios, practicas sexistas y un ordenamiento paternalista/patriarcal de la política chilena. Prejuicios, sexismo y paternalismo que a pesar de las buenas intenciones y de la supuesta neutralidad y universalidad de los mecanismos y procedimientos de elegibilidad no logran hacer posible que más mujeres puedan participar igualitariamente en política.

El argumento republicano: se asumirá, por último, la idea del mérito de la tradición republicana para describir la presencia de las mujeres en el espacio público/político. Cabe señalar que la idea del mérito en el gobierno de Michelle Bachelet pronto se transformará en “excelencia”, lo que tendrá importantes consecuencias para la definición de la democracia en Chile. Desde del vocabulario republicano se suele entender la virtud cívica (mérito) como aquellas “capacidades que los ciudadanos deben poseer para servir al bien público por voluntad propia”. Estas capacidades tienen que ver con el hecho de ser libres y autónomos para participar de la cosa pública sirviendo al bien común como, a su vez, defendiendo la libertad de la comunidad en su conjunto y rechazando la coerción y la dominación. Asimismo la virtud cívica ha sido definida como las relaciones de igualdad entre ciudadanos comprometidos en el hecho de gobernar y en ser gobernados. El mérito o la virtud cívica nada dice de excelencia.

La política republicana de los mejores debe ser entendida como la capacidad de participar del espacio de la política sin que esa participación se viese motivada por el interés privado. Desde el marco político propuesto por Michelle Bachelet guiado por la idea de excelencia se avanza un paso desde una forma política republicana (anclada en la idea de virtud cívica) hacia una de orden liberal en lo económico (anclada en la idea de excelencia). Este paso, a tientas y hasta incierto a veces, producirá (a) la superposición inconexa de diversos regímenes argumentativos de lo político (a veces de corte socialista, a veces de corte republicano y otras tantas de corte liberal); (b) la confusión y mezcla de retóricas venidas del campo de la políticas con otras venidas del campo empresarial; y (c) la descripción/narración de las militancias en tanto trayectorias de político-partidarias o en tanto trayectorias universitarias y/o profesionales.

Para concluir, es posible señalar que con el Gobierno de Michelle Bachelet se inicia una nueva época para la política chilena. Época que bien podría ser llamada política de la presencia. Nueva forma de entender la política de mujeres en Chile que se inaugura con la sencilla pero transformadora declaración “mi gobierno será un gobierno paritario”. Esta frase incorpora al léxico político una idea que aúna en sí dos conceptos no pronunciados habitualmente en contigüidad: política y diferencia de los sexos.

 

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* Alejandra Castillo es Doctora en Filosofía. Académica del departamento de filosofía, UMCE.

[1] En este punto véase de Julieta Kirkwood, Ser política en Chile. Nudos de la sabiduría feminista, Santiago, Cuarto Propio, 1990.

[2] Véase especialmente en este punto a Lorena Fries y Verónica Matus, El derecho. Trama y conjura patriarcal, Santiago, LOM, 1999; y a Lorena Fries et al., Mujer sujeto. Mujeres sujetadas, Santiago, Corporación La Morada, 2004.

[3] Véase en este punto a María de los Ángeles Fernández, Bienvenida, paridad, Santiago, Cuarto Propio, 2007; y de la misma autora, “Soy cuotista ¿y qué? Argumentos pro igualdad política de género en un páramo liberal”, en Colección ideas, año 7, Nº 66, julio, 2006.

[4] Clarisa Hardy, “Avances y desafíos en torno de la autonomía económica de las mujeres: el sistema de protección social”, en Teresa Valdés, ¿Género en el Poder? El Chile de Michelle Bachelet, Santiago, CEDEM, 2010, p. 95.

[5] Michelle Bachelet, “Discurso triunfo presidencial”, 15 de enero, 2006, La Tercera, Santiago, p. 6.

[6] Véase sobre el concepto de “paridad” a: Joan W. Scott, Parité!. Sexual Equality and the Crisis, of French Universalism, Chicago, Chicago University Press, 2005; Geneviève Fraisse, “Mitad, mixidad, paridad”, Los dos gobiernos: la familia y la ciudad, Madrid, Cátedra, 2003; Helena Hirata et al., “Paridad o mixidad”, en Revista ActuelMarx/intervenciones, Santiago, Nº 4, 2003; y Sylviane Agacinski, “La paridad”, Política de los sexos, Madrid, Taurus, 1998.

[7] Michelle Bachelet, “Discurso triunfo presidencial”, op. cit., p. 6.

[8] VV.AA., Del dicho al hecho. Manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos políticos Latinoamericanos, Lima, IDEA Internacional, 2008, p. 17.

[9] Mona Lenk Krook, “La adopción e impacto de las leyes de cuotas de género: una perspectiva global”, en Marcela Ríos Tobar (ed.), Mujer y política. El impacto de las cuotas de género en América Latina, Santiago, FLACSO, 2008, p. 29.

[10] Anne Phillips, “Democracy and Representation: or, Why Should it Matter Who our Representatives are?, Anne Phillips (ed), Feminism & Politics, Oxford, Oxford University Press, p. 224.

[11] Anne Phillips, “La política de la presencia; la reforma de la representación política”, en Soledad García y Steven Lukes, Ciudadanía: justicia social, identidad y participación, Madrid, Siglo XXI editores, 1999, p. 236.

[12] Hanna Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley, California, University of California Press, 1967.

[13] Anne Phillips, “La política de la presencia: la reforma de la representación política”, op. cit., pp. 241-242

[14] Ibíd., p. 242.

[15] Ibíd., p. 245.

[16] Clarisa Hardy, Eliterazgo. Liderazgos femeninos en Chile, op. cit., p. 179.

[17] Mariela Infante y Ximena Zavala, La experiencia del gabinete paritario y su tratamiento en los medios de comunicación escritos, Santiago, Corporación Humanas, 2010, p. 15.

[18] Patricia Politzer, Bachelet. En tierra de hombres, Santiago, Random House Mondadori, 2010, p. 83.

[19] Joan W. Scott, Parité! Sexual Equaliy and the crisis of French Universalism, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.

[20] Ibíd. P. 4

[21] Véase de Martina Barros (1872), Prólogo a La esclavitud de la mujer (Estudio crítico por Stuart Mill), Santiago, Editorial Palinodia, 2009.