El presente texto forma parte del
Cuaderno de Coyuntura, Nº3,
editado por el Centro de Estudios Nodo XXI

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Uno de los grandes temas de la coyuntura actual es la reforma educacional. El gobierno ha señalado que su iniciativa terminará con el mercado, pasando la educación de su carácter actual de bien de consumo, a ser un derecho social universal.

Este principio general recoge lo planteado por el movimiento estudiantil, aun cuando a juicio de sus principales organizaciones, no quede todavía clara la dirección sustantiva de la reforma.

La distancia entre los principios que la inspiren, al menos los declarados, y los instrumentos de política que la concreten, no son en Chile un mero problema técnico. Como es sabido, los gobiernos democráticos tras el fin de la dictadura no alteraron en lo esencial la obra de los militares, y más, la dotaron de su propia retórica de centro-izquierda. Lo que en la mayoría de los países del mundo es identificado con políticas de derecha en nuestro país se presentó como avance progresista. Por ejemplo el papel subsidiario del Estado, las políticas de cobro en educación básica y media, la disminución constante de la participación relativa de las instituciones del Estado en todos los niveles educacionales, por mencionar algunas cuestiones.

El sentido de la obra dictatorial, más allá de las posteriores reinterpretaciones de su legado, fue retrotraer de la vida nacional el principio de la democracia -en tanto orden público-, entregando la soberanía de una serie de elementos –la educación, la salud, la previsión social, entre otros- al ámbito de la responsabilidad individual. Esto, como lo declaró el mismo Jaime Guzmán, con el fin de construir una democracia tutelada que impidiera el retorno de los pactos sociales y de la integración de amplios actores sociales en el Estado.

Una consecuencia de este modelo -y no necesariamente su sentido principal- fue el surgimiento de nuevos mercados lucrativos en que las personas debieron pasar de usuarios o ciudadanos a “clientes”. Entre ellos destaca el ámbito educativo. Pero más importante aún, la educación se constituyó en un espacio de influencia de intereses privados ante el retroceso en ella de las instituciones estatales. Esta realidad ha decantado y ha producido un panorama educacional único en el mundo.

Si la reforma del actual gobierno efectivamente se proyecta a desmontar el mercado educativo, ello naturalmente implica alterar no sólo la legislación que rige su actual panorama, sino redefinir quiénes, cómo y para qué educan. Y como es lógico, resulta imposible transformar algo -dicha fisonomía de actores educacionales- si no se es capaz de constituirlo antes como, al menos, un objeto de análisis.

Años de hegemonía tecnocrática del debate tienden a reducir la visión sobre la educación a sus puros aspectos formales y organizacionales. Incluso cuando se la concibe como mercado. No es de extrañar, entonces, que las formas dominantes de construcción de conocimiento racional sobre el ámbito educativo, y por lo mismo los instrumentos de política pública que de ellas se desprenden, tiendan a ignorar o subvalorar un examen más detallado del campo de fuerzas y los actores que intervienen en la educación chilena. De la afirmación general de que se ha construido un mercado educacional no se avanza mucho, sin apreciar los efectos sustantivos de los actores de dicho mercado. Y si se hace, a menudo tales conductas identificadas en los agentes aparecen como “anormalidad” respecto de la actitud racional presupuesta del emprendedor o consumidor; de ahí que sean más bien objeto de crítica moral o normativa que de genuino esfuerzo comprensivo.

El mercado es un espacio, no un actor. El mercado educacional chileno, si es que existe como mercado, cobija distintos actores, distintos objetivos, diferentes inserciones en la estructura general del poder y en la estratificación.

A su vez, la educación es un espacio de construcción e institucionalización de voluntades colectivas relevantes para la sociedad, y sobre todo, de vinculación de esas voluntades, de manera legítima, con el resto de la sociedad, en el sentido de transmitir sus valores y sus prácticas al organizar procesos oficiales de educación y formación. Es una esfera de construcción de conciencias, y se relaciona con la tensión entre los distintos actores en su disputa por el sentido común; de modo más general, expresa las tensiones entre los sujetos que se plantean influir en el curso histórico.

La dictadura naturalmente quería restringir el papel de lo público en las grandes definiciones políticas, léase, de la democracia, en tanto el Estado había sido el lugar de proyección de sectores sociales amplios. Al abrir el mercado y transformar el carácter social del Estado -expulsando de su construcción a estas capas bajo el predominio en él de cúpulas tecnocráticas- la dictadura cambió la fisonomía del espacio educacional, permitiendo el ingreso a ella de otros poderes con diversos intereses. Tal influencia sobrepasa por mucho el imperio de afanes lucrativos.

Este artículo intenta dibujar un apretado mapa de los actores presentes hoy en la educación chilena, distinguiendo sustantivamente actores más que instituciones, el carácter de su inserción en la educación superior como conjunto, su tamaño, sus orientaciones principales, y su anclaje en la estructura social. El sentido de este ejercicio -que sólo introduce el tema sin agotarlo completamente- es identificar y caracterizar las resistencias y apoyos que podrían desplegarse ante una reforma que sustantivamente ampliara el imperio de lo público en el ámbito educacional.

 

1. Actores en la educación escolar

En un marco normativo caracterizado tras la reforma dictatorial por organizar la provisión de educación como mercado, se presentan una serie de actores que tras más de tres décadas se han anclado en el quehacer educativo. Estos actores, en su mayoría, reciben aportes públicos equivalentes a los entregados a las escuelas estatales.

En el país existen cerca de 12.000 establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, tanto particulares subvencionados gratuitos, municipales y subvencionados con financiamiento compartido. De ellos cerca del 45% pertenecen a municipios o corporaciones municipales que los administran, el resto son escuelas particulares subvencionadas y de administración delegada.

El número de sostenedores privados de escuelas que reciben algún tipo de subvención estatal, se calcula para el año 2013[1] en 4.874 y administran un total de 6.017 establecimientos. Estos últimos reciben dineros de parte del Estado a través de subvenciones escolares, dineros por la asistencia de un alumno a clases y por nivel de vulnerabilidad en algunos casos. El 80% de los sostenedores pagados no tienen más de 3 colegios bajo su responsabilidad, ellos pueden ser organizaciones sin fines de lucros, personas jurídicas de giro comercial o personas individuales. Las dos últimas figuras no tienen impedimento legar para obtener utilidades de su actividad.

Ha habido un amplio debate sobre las razones de la expansión del sector particular subvencionado. Inicialmente se ha dicho que estos colegios presentan una mejor calidad puesto que sus resultados en pruebas estandarizadas son nominalmente superiores al resto, pero sistemáticas investigaciones sobre rendimiento tomando en consideración el capital cultural de las familias han demostrado que estas escuelas no tienen mejor calidad que las públicas[2]. En realidad, lo que ocurre es que el copago actúa ante las familias como un instrumento de segregación social y blindaje respecto de segmentos inmediatamente más bajos, permitiendo que la labor educativa sirva en la perspectiva de los padres como socialización, en círculos sociales que se consideran más seguros y con más oportunidades para el futuro.

Del total de colegios subvencionados que se señala más arriba, más de dos mil operan con la figura del financiamiento compartido, que significa que además de los ingresos vía subvención del Estado, el colegio puede cobrar a las familias una cuota mensual por sus servicios. Es decir, tienen una modalidad mixta: reciben la subvención y, además, les cobran a las familias un monto que puede alcanzar los $ 91 mil mensuales. Estos establecimiento, en la medida en que son propiedad de sostenedores individuales o personas comerciales (no fundaciones o corporaciones) tampoco tienen impedimentos legales para obtener utilidades de su funcionamiento.

Además de estas fuentes de ingresos, estas instituciones cuentan con los de las distintas iniciativas que ha creado el Estado para mejorar la equidad y la calidad en el contexto de su diseño subsidiario, como son la Ley de Subvención Preferencial, el verdadero “mercado” de la calidad de las Asesorías Técnico Educativas (ATE), el apoyo a la construcción de infraestructura, y otras. Entre ellas se teje un amplio campo de dependencia económica de una serie de empresas –Organizaciones Técnicas de Capacitación y las ATE– vinculadas con los mismos sostenedores, donde dentro de las más grande y con relevancia social destacan instituciones como la Fundación Chile (fundada en 1976 con dineros de la ITT[3] para cooperación “público-privada”), la Fundación Educacional Arauco (vinculada a la celulosa Arauco) y las redes de sostenedores y apoyos que tejen importantes figuras de la política como se ha visto en situaciones reciente, como ocurrió por ejemplo en el fallido nombramiento de Peirano como subsecretaria de Educación[4].

Que la expansión del mercado educacional escolar haya derivado en esta especie de “nicho de capitalismo rentista” sin calidad no fue previsto por los reformadores de los ochenta. Todo lo contrario, tal como lo formularon originalmente quienes propusieron las políticas de elección libre y competencia entre las escuelas, éstas tenían por objetivo incrementar la calidad de la educación y no desatar un mercado de la segregación social en su lugar.

Sin embargo, el dinamismo en la expansión reciente del sector particular-subvencionado no estuvo dado por organizaciones filantrópicas, como la Iglesia Católica, ni por los actores tradicionales del sistema, como la Sociedad de Instrucción Primaria (vinculado a los Matte), sino justamente por los sostenedores con más nítido afán lucrativo. Estos colegios, contrario a lo que pudiera pensarse, son los que cobran montos más bajos a los apoderados. Y a pesar de que en este grupo estén insertos los llamados “mega sostenedores”, la presencia de grandes grupos económicos es menor, siendo más bien un campo dominado por “PYMEs educacionales”. En cierta medida entonces es el acceso a un sistema de “negocio asegurado”, garantizado por la subvención del Estado, lo que incentiva a estos actores de menor tamaño a participar del mercado educativo.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el principal sostenedor privado de colegios subvencionados sigue siendo la Iglesia Católica: controla un total de 685 colegios bajo la forma de 370 sostenedores jurídicamente independientes[5]. Estos colegios representan el 13% de la matrícula nacional subvencionada, sumando un total de 452 mil estudiantes[6], los cuales se distribuyen a lo largo y ancho de la estructura social, en distintas escuelas de baja heterogeneidad social en su interior.

Sólo en marzo de 2014 los sostenedores subvencionados católicos recibieron 36 mil 981 millones de pesos para financiar, al menos en parte, los establecimiento que les pertenecen[7]. Este monto también representa alrededor del 13% de los 289 mil millones que entregó el MINEDUC ese mes, bajo la categoría de “Transferencias”.

En un segmento particular de sus establecimientos la Iglesia ha instalado proyectos de “mega sostenedores”, donde ciertamente ésta tiene además de los propósitos de proyecto educativo, intereses asociados a los ingresos que genera la subvención escolar y el copago de las familias. La ubicación y foco de estas instituciones fija una relación con la formación de sectores de clase media emergente y sectores populares que ven en estas instituciones un elemento de diferenciación social, respecto de segmentos social inmediatamente más bajos.

 

Cuadro 1: Los 10 Sostenedores Católicos Subvencionados con mayor matrícula

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Fuente: Ver Diario la Segunda, 03 de mayo de 2014.

Ello explica como la Conferencia Episcopal con el Cardenal Ricardo Ezzati a la cabeza, que es además cabeza de uno de los sostenedores más grandes de la Iglesia Católica -el Arzobispado de Santiago- asumiera protagonismo en la oposición a la reforma que plantea el fin del lucro, del copago y de la selección, convirtiendo a la iglesia en el primer escudo de los sostenedores privado. Esto no es primera vez que sucede en una discusión amplia sobre el cambio en educación. Es cosa de recordar la posición que tomó el también Arzobispo de Santiago Francisco Errázuriz en la discusión en torno a la reforma del 2006, cuando precisó una distinción entre “el lucro bueno y el lucro malo” en educación.

Y pese a que existan multiplicidad de intereses -lucrativos, ideológicos o comunitarios- entre los sostenedores privados, hasta hoy las principales organizaciones (Colegios Particulares de Chile, A.G CONACEP[8] y la Federación de Instituciones de Educación Particular – FIDE) han mantenido también una postura crítica unificada ante la reforma, sobre todo, ante el avance hipotético de la educación pública, tendiendo sus redes e influencias sobre los partidos políticos con los que estas instituciones tienen relación, encontrando eco principalmente en la Democracia Cristiana y, de manera más transversal, en los partidos de derecha.

Los emprendimientos educativos no sólo defienden su derecho a existir, sino el que se les permita seguir recibiendo recursos del Estado, el aumento progresivo de éstos, y su derecho a cobrar directamente a los apoderados.

La malla de intereses privados entonces en educación escolar se caracteriza por la importancia de actores de peso ideológico (como la Iglesia Católica y otros de más reciente creación como Fundación Chile, de orientación tecnocrática y gerencialista), defensores del sentido sustantivo de la reforma de los ochenta, y de los sostenedores responsables de la expansión reciente.

En la medida que la reforma, que se comienza a vislumbrar, adolece de problemas de calidad y escaso sentido por establecer el derecho a un sistema escolar público de calidad, el fin del lucro no necesariamente implicaría retrotraer el espíritu de la reforma de los años ochenta, sino justamente, realizarla, legitimando ante los ciudadanos la amplia penetración ideológica de proyectos privados en la educación chilena.

 

2. Actores en la educación superior

Aunque es habitual referirse a la transformación reciente de la educación superior como un mercado lucrativo dinámico, lo que resulta realmente paradójico no es la velocidad sino la lentitud de su despliegue.

Las instituciones más relevantes fundadas por privados en los años ochenta tuvieron como motivación transversal la crítica de la derecha -y del propio régimen militar- a la vieja universidad pública, a la que se consideraba “gigante”, “inorgánica” y “politizada”[9]. Lo que domina en la creación de estas instituciones entonces son proyectos elitarios e ideológicos, la mayoría sin fines directamente lucrativos, que se proponían blindar sus círculos sociales de sectores más amplios y de orientaciones ideológicas estatistas, las dominantes del siglo XX.

Destacan los proyectos de derecha liberal presentes en la fundación de la Universidad Adolfo Ibáñez (de la familia Ibáñez) y Universidad Diego Portales (fundada por Manuel Montt Balmaceda); y de derecha más conservadora en la Universidad del Desarrollo (personeros vinculados a la UDI), Universidad Mayor (creada por ex funcionarios del gobierno militar cercanos a Pinochet) y Universidad Nacional Andrés Bello (vinculada al grupo Saieh).

Un lugar central lo ocupa también en este nivel la Iglesia Católica. Tras la seca oposición del Vaticano a que la Pontificia Universidad Católica fuera parte de la reforma que impulsóla dictadura -es decir, que sus sedes integraran las nuevas universidades regionales-, consigue una situación de beneficio en los aportes fiscales dirigidos a la PUC y respeto a su autonomía. Además algunas congregaciones fundan nuevas instituciones como la Universidad de Los Andes (Opus Dei), Alberto Hurtado (Jesuita), Cardenal Silva Henríquez (Salesianos) y Finis Terrae (Legionarios), dando espacio incluso para que la iniciativa del Cardenal Silva Henríquez -la Academia de Humanismo Cristiano creada en los setenta- se transformara en Universidad en 1988.

La implicación relevante en la estratificación social de esta ola de creación de instituciones de educación superior fue el proceso de autonomización social de la élite iniciado en los años ochenta[10]. En un sentido ideológico, el proyecto nacional y laico dominante en la Universidad de Chile y la Técnica del Estado fue crecientemente desplazado de su vieja centralidad en la formación de las capas profesionales, asumiendo la élite nuevos espacios de reproducción ideológica, social y cultural.

Más distantes del primer impulso fundacional universitario privado -tanto por convicciones como por impedimentos prácticos- los actores sociales y políticos dominantes del siglo XX siguieron vinculados a las instituciones tradicionales: la Democracia Cristiana participa activamente del movimiento contra los rectores delegados, y la masonería conserva una importante presencia en la Universidad de Chile y de Concepción. La izquierda social y política se nuclea como actor relevante del movimiento estudiantil, y también tiene cierta presencia en el ámbito académico.

Es a fines de los ochenta y recién entrados los noventa que algunos de estos actores fundan nuevos proyectos. La Universidad Miguel de Cervantes es creada en 1997 por personeros cercanos a la Democracia Cristina y la Fundación Konrad Adenauer. La masonería funda la Universidad de La República, y vinculada a la izquierda la Universidad ARCIS obtiene la autonomía plena en 1989. Como se sabe, muchas de estas instituciones fracasan, experimentan dificultades financieras, o no logran un despliegue significativo en el conjunto del sistema. La voz de los viejos actores del siglo XX sigue imbricada con las instituciones universitarias tradicionales, y su propia crisis es también el desperfilamiento de aquellas instituciones que se sostiene como tendencia hasta hoy.

Son los proyectos ideológicos los que dominan la fundación de universidades entre los ochenta y los noventa, al menos de las que logran un despliegue significativo en el contexto de la educación superior en general. De ahí que la expansión de la matrícula sea muy lenta hasta mediados de los noventa, concentrándose en los sectores de altos ingresos.

En efecto, la dictadura había dejado el espacio de la educación técnica y técnico-profesional para entidades con fines lucrativos, esperando que aquí estuviera el componente dinámico de una hipotética masificación de la enseñanza terciaria.

Pero más allá de formalizarse academias e instituciones previamente existentes -fundamentalmente INACAP y DUOC, el primero traspasado del Estado a la CPC al fin de la dictadura y el segundo fundado por la izquierda de la UC a fines de los sesenta, hoy formalmente privado, aunque bajo la influencia de la Iglesia Católica- la reforma no logró convocar la iniciativa de emprendedores con fines lucrativos. Y de los planteles que se crearon, muchos fracasaron[11].

El fenómeno de expansión de la educación superior no partió en las instituciones creadas para ese fin por la dictadura, y que tenían legalmente la posibilidad de perseguir el lucro. Respondió en realidad a la relación de la oferta con dinámicas y expectativas profundamente enraizadas en la estructura social, vinculadas con el anhelo de movilidad e incorporación a los procesos de modernización, arquetípicamente representada en las imágenes sociales por la pertenencia -idealmente estable- a la “clase media” universitaria.

De este modo, tal como en la mayoría de los países occidentales, el patrón de expansión de la educación superior siguió el curso de una mancha de aceite desde la élite al resto,abriéndose nuevas plazas dirigidas a capas sociales inmediatamente adyacentes sólo cuando la demanda solvente -vía subsidios o directamente- estaba satisfecha. Ello fue contribuyendo a la creación de nuevos segmentos profesionales, que con su disímil inserción en la estructura productiva, presentaban los rasgos comunes de estudios superiores y auto-identificación en la clase media.

El mercado abiertamente lucrativo de la educación superior, so pena la legislación que lo prohibía -tan abierto que el entonces presidente Lagos sugirió transparentarlo-, fue paulatinamente desarrollándose a través de la primero lenta y luego acelerada expansión de la oferta universitaria, dirigida cada vez más a capas sociales excluidas de la misma idea de Universidad que se impuso en la reforma dictatorial. El segmento de instituciones que más crecieron entonces no fueron las técnico-profesionales, sino las universidades de gran tamaño y baja selectividad.

Destacan aquí las instituciones con presencia transnacional del grupo Laureatte (que compra la Universidad Nacional Andrés Bello, de Las Américas y desarrolla el IP y CFT AIEP), la del grupo Apollo (UNIACC), del grupo español SEK, y las del empresariado nacional como la Universidad Santo Tomás, San Sebastián, del Pacífico, UCINF, y otras.

Aunque muchos de los grupos económicos que se beneficiaron de esta expansión fueron los mismos que fundaron -a fines de los ochenta- casas de estudio con fines principalmente ideológicos, tuvieron el cuidado, la mayoría de las veces, de no “contaminar” aquéllas con capas sociales más amplias. Crearon otras nuevas, invirtieron en la ampliación de otras menos exitosas, o compraron instituciones con problemas financieros. Por ejemplo, Joaquín Lavín y Carlos Alberto Délano, vinculados la Universidad del Desarrollo (controlada por ellos y otros sectores cercanos a la UDI), tienen también participación del Instituto Profesional Providencia, donde el lucro es legal y además pueden ofrecer servicios educacionales más baratos a un público socialmente distinto del que llega a su Universidad, más asociada a fines ideológicos. Andrés Navarro participa de la propiedad de la Universidad Nacional Andrés Bello (junto a Jorge Selume, Álvaro Saieh, y el Grupo Laureatte), institución con estándares de calidad más altos y un público también de mayores ingresos respecto del que asiste a otro de sus emprendimientos educativos, la Universidad San Sebastián (donde también participa Pablo Longueira en la Junta Directiva).

Este era el panorama del mercado universitario hacia 2004, antes de la creación del Crédito con Aval del Estado. Las opciones de financiamiento eran escasas, y dependían en gran medida del aporte directo de las familias. De ahí que el negocio estuviera restringido a los tres quintiles de mayores ingresos, y principalmente a los dos más altos. A pesar de estos límites, la industria de educación terciaria crecía y era objeto, como se comenta, incluso de inversiones transnacionales a manos de los grupos SEK, Laureatte y Apollo.

Contrario a lo que habitualmente se señala, la reforma del Presidente Lagos y del Ministro Bitar -que permitió el ingreso de la Banca al negocio de las ayudas estudiantiles- no incrementó significativamente el ritmo de crecimiento de la industria educacional terciaria[12], sino que entregó los recursos fiscales para redirigir la apertura de vacantes a los segmentos sociales de menores ingresos. Es decir, no se crearon nuevas plazas con recursos fiscales, sino sólo se aseguró la consolidación de su tendencia precedente de crecimiento con arcas fiscales[13].

Al año 2010, los egresados de las instituciones universitarias de baja selectividad, las que recibieron la mayor parte de los beneficios del CAE, tenían ingresos laborales más parecidos a los de un técnico-profesional que a los de un universitario de las instituciones tradicionales más prestigiosas. Según datos de la encuesta del Centro de Investigación en Estructura Social de la Universidad de Chile (CIES), sólo un 6,7% de los egresados de las instituciones no selectivas ganaba más de un millón de pesos, contrastando con el 35% de los egresados de las universidades de investigación en el mismo indicador.

Es de esta relación de oferta de distinción social ineficaz -o al menos distante de la alta inversión realizada y las expectativas construidas-, de la baja calidad académica, y de la indignación que genera la entrega de recursos públicos a intereses lucrativos pero presentados como conquista de “centro izquierda”, que surgen los aspectos más visibles del malestar social actual, como también las imágenes más divulgadas de agentes que actúan en contra de los supuestos racionales del mercado, pretendiendo lucrar sin agregar calidad y en base a recursos públicos.

No obstante, este último efecto constituye sólo un aspecto parcial de una transformación de mayor envergadura, que como se señalaba en la introducción, permite advertir un cambio más general en la sociedad y el modo en cómo crea y distribuye el conocimiento legítimo, y sobre cómo forma sus capas profesionales. Lo paradójico del asunto es que si la reforma educacional enfrenta únicamente este último aspecto -el lucro en sus variantes más explícitas-, y logra de hecho terminar con él, no alterará el sentido fundacional de la obra dictatorial, sino al contrario, podría incluso protegerla de sus propios excesos, los que ni siquiera fueron contemplados por sus creadores.

 

3. Los actores privados en la educación: entre el afán lucrativo y el ideológico

La apretada revisión de los actores educacionales en los ámbitos escolar y superior permite advertir que hay dos grandes grupos de intereses en cada uno de ellos: el afán lucrativo, principal responsable de la expansión educacional reciente tanto de nivel terciario como escolar, y el mantenimiento por razones ideológicas y culturales de la hegemonía privada -financiada con recursos públicos- en la educación, liderada por la Iglesia Católica -principal sostenedor de educación privada del país- y entidades vinculadas a la derecha -en sus versiones liberal y conservadora- como lo son las universidades fundadas en los ochenta e instituciones como Fundación Chile.

Estos dos intereses a menudo guardan estrechas relaciones. Llama la atención en este sentido la dureza con que la Iglesia Católica ha defendido su derecho a cobrar a los estudiantes, como también el que grupos económicos vinculados a la fundación de instituciones pequeñas y elitarias de nivel superior en los ochenta, sin fines lucrativos manifiestos, crearan otras distintas para perseguir ganancias como objetivo central.

Pero se trata en definitiva de dos cuestiones distintas. Por un lado, quienes asumen fines ideológicos, en vistas a legitimar su posición como proveedores de conocimiento y formación profesional fiable, a menudo persiguen aumentar el reconocimiento simbólico estatal para proseguir su labor, hoy asociada a que se reconozca en ellos una orientación o vocación pública. De esto se desprende su deseo de terminar con la distancia entre las instituciones “tradicionales” y las suyas propias, promoviendo formas de organización del sistema educacional donde esa barrera se difumine.

Y del sector lucrativo, se apela a la legitimidad de la ganancia cuando proviene de la calidad y no de cobros abusivos. Es decir, se plantea su legitimación capitalista como retorno producto de la creación de valor -que habitualmente se vincula a la idea de calidad- y no como renta que emerge del control de condiciones asimétricas del mercado (monopolios no racionalmente justificados, acceso a beneficios del Estado, venta de “segregación social”, etc.). En este sentido abogaba la Iglesia al distinguir entre lucro bueno y el malo, defendiendo en realidad -irónicamente- su derecho a la ganancia.

No obstante, incluso aunque el sector hoy lucrativo se reconvierta y abandone sus malas prácticas -para lo que demanda por cierto mayores aportes del Estado-, el panorama educacional actual deja a la gran mayoría de la población a merced de instituciones que, en su misma definición como educación particular, no pueden ser directamente controladas por la soberanía democrática de los ciudadanos. Esta soberanía se entiende como la elección de diversas ofertas, pero nunca como la posibilidad de crear una común.

Este era justamente el objetivo del régimen militar. La eliminación misma de la idea de educación pública, como proyecto común y democrático de los ciudadanos, es lo que está a la base del actual panorama educacional, y mientras este hecho se mantenga incólume, incluso proscrita la selección, el lucro y el copago, la obra dictatorial seguirá viva. Más todavía, el mercado educacional será perfeccionado al eliminarse los abusos y cobros sin impacto en la calidad, permitiendo la realización de los fines perseguidos por los reformadores de los ochenta. Regular la educación privada impidiendo el lucro no retrotrae entonces la obra dictatorial, sino que la legitima, realiza y profundiza respecto de sus propios efectos no buscados.

Los conflictos actuales que originan el malestar social por cierto que han estado asociados a estos excesos no previstos por el régimen que arriba se comentan, pero no se resolverán sustantivamente mientras no se enfrente la raíz del problema. Lo que amolda la educación a la desigualdad social, y la constituye en el mejor mecanismo de hecho para legitimarla -de ahí el malestar- es justamente que cada segmento provea una educación para sí y otra para la mayoría, asegurando su propia identidad y delimitación social. Las raíces de ello son más profundas que las fallas de operación del mercado, y se vinculan con la ausencia de un fuerte proyecto educativo público que permita el encuentro de amplias capas sociales en él en que se puedan construir valores y experiencias comunes. Esta forma de integración social era de hecho la que la dictadura quería desterrar, pues, en su diagnóstico de la crisis que la empujó a tomar el poder, el problema principal había sido la incorporación de amplias capas sociales en el Estado y la construcción de pactos sociales.

Mantener la sociedad chilena (des)integrada mediante la acción de los particulares en el mercado y en el espacio de la iniciativa privada, rehuyendo del pacto social, no traerá más igualdad, no importa con cuántos subsidios y regulaciones se intente, todo lo contrario. Los subsidios, en la medida que van a parar a la estrecha capa social hoy capaz de iniciar y controlar proyectos de provisión de servicios sociales con mínima calidad, además del resto de los emprendimientos económicos, no alivian la enfermedad sino que la profundizan. El supuesto tratamiento subsidiario de control del mercado es buena parte del problema y por ende causa de la desigualdad social.

De este modo, la regulación de los privados no revierte sino que incluso puede profundizar la desigualdad educativa, al mismo tiempo que legitima el hecho que la mayoría de la educación se ubique por encima del control democrático de la ciudadanía, ya sea en el nombre de su carácter técnico, de la libertad de enseñanza, o del argumento que sea. El nuevo gobierno tiene entonces que definirse: perfeccionará la obra dictatorial, o se planteará algo nuevo. Habrá que ver.

 

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NOTAS

[1]Calculado del “Directorio de Sostenedores con aportes del Estado 2014” del Centro de Estudios del Mineduc. Ver http://centroestudios.mineduc.cl/

[2] Una revisión detallada al respecto se puede encontrar en Bellei, C: “The public-private school controversy in Chile”. En Chakrabarti R. y P. E. Peterson (editores): School Choice Internacional. Exploring public-private partnerships. Londres: MIT Press, 2009.

[3]La International Telephone & Telegraph (ITT), corporación transnacional que apoyó económicamente el boicot contra el gobierno de Allende y posteriormente brindó ayuda a los militares.

[4] Para más detalle ver el reportaje de CIPER: http://ciperchile.cl/2014/01/29/la-incomoda-mochila-de-la-proxima-subsecretaria-de-educacion/

[5] Los colegios confesionales –sumados los católicos y otras orientaciones cristianas- son 829;el número es independiente de los colegios que declaran en sus proyectos cierta inspiración religiosa, pero no tienen ninguna afiliación a la iglesia

[6] Op cit. 1.

[7] Ver La Segunda del 03 de mayo 2014.

[8] Ver declaración sobre el proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Bachelet: http://www.conacep.cl/

[9] Una revisión detallada al respecto se puede encontrar en Guzmán, J., y Larraín, H: “Debate sobre una nueva legislación universitaria”. En Revista Realidad, 9–32 (1981).

[10] Una revisión detallada al respecto se puede encontrar en Orellana, V.: “Nuevos estudiantes y tendencias emergentes en educación superior. Una mirada al Chile del mañana”. En Jiménez M. y F. Lagos (editores): Nueva geografía de la educación superior. Santiago: Foro Aequalis – Universidad San Sebastián, 2011.

[11]La participación relativa del nivel técnico-profesional en el total de la matrícula estuvo siempre desde 1983 hasta 2006 oscilando entre el 10% y el 20%. En el ámbito de la educación técnica, los CFTs llegaron en 1989 a más del 30% de los matriculados, cayendo estrepitosamente en las décadas siguientes hasta 2006, año en que desciende del 10%. En el interior de este segmento INACAP y DUOC concentran hoy más del 80% del total de la matrícula Ver Compendio Histórico SIES-MINEDUC en www.sies.cl.

[12] Una revisión detallada al respecto se puede encontrar en artículo de Cuadernos de Coyuntura Nº2 de Nodo XXI: “Crisis educacional: cuando los árboles no dejan ver el bosque. La centralidad de la tensión entre Estado subsidiario y derechos universales”.

[13]Los círculos oficiales liderados por José Joaquín Brunner presentaron esto como la concreción de la capacidad del Estado de “guiar al mercado”, en tanto alteraba el patrón de mancha de aceite de la expansión inmediatamente anterior. El lucro no eran visto como un problema o siquiera tematizado, al menos para el discurso del gobierno, y la calidad sería asegurada a través de la institucionalidad creada por la Ley de Acreditación el 2004, operativa en cierta medida al menos dos años antes. Este fue el discurso diseñado para proyectar la reforma y también para contener las críticas del movimiento estudiantil planteadas en el contexto de movilizaciones estudiantiles nacionales de la CONFECH en 2005.