El controvertido episodio de la reforma tributaria puso en escena, una vez más, la cuestión de la política. No la política económica, no la política de los impuestos, la política de la política, esto es, el juego de fuerzas y tensiones donde se define quiénes, cómo, en torno a qué y hasta donde participan de la política (lo que implica, por cierto, definir también quiénes participan poco, casi nada, nada).

Sin embargo, dados los viejos hábitos oligárquicos de la mayor parte de nuestra clase política, ello ha sido aun relativamente poco visible. Uno de los triunfos mayores del neoliberalismo consiste en sacar del campo visual a la política misma y esconderla arriba, más allá de las manos comunes. Consistente con ello, el debate de la reforma tributaria ha querido ser tecnificado y ubicado en cuestiones económicas, de modo que su manoseado “corazón” se ubique en dos o tres definiciones medibles en plata. Y ello puede ser importante, sin duda, pero en esa misma lógica, debiera concederse que de modo general el “corazón” de la política de las reformas entonces está relacionado con el modo en que se articulan las potencias sociales que las sostienen.

“El eje principal de la política de la ciudadanía organizada no reside en las cuestiones sectoriales –que supuestamente la enmarcan– sino en una refundación general de la política.”

Ahí es, sin embargo, donde todo se afea.

El asunto no es el resultado que se estampó en las páginas que firmaron los senadores, lo que importa es saber si este es el modo en que la Nueva Mayoría intentará empujar sus cambios: de espaldas a la ciudadanía, reeditando la neoligarquizada política de los acuerdos o encontrando apoyo en la gente organizada. Eso es más importante que el resultado (técnico) de las reformas mismas, principalmente porque viene revitalizar las debilitadas fuerzas de un ubicuo conservadurismo político, que recorre desde sectores de la Democracia Cristiana y algunos socialistas hasta esa derecha que de centroderecha no tiene nada, volviendo más difícil un genuino cambio de ciclo político.

Y es importante también porque indica que el proceso de cambios que anunció Bachelet –que ya es ambiguo y poco radical– no considera una remodelación de la política. Es por ello que no busca su fuerza en los movimientos sociales ni propende al ingreso a la política de esos sectores tradicionalmente excluidos bajo el pretexto de que son (solo) sectores sociales (como si lo social fuera algo así como un escalón bárbaro, primitivo, anterior, donde la realización superior es la institucionalidad). El oficialismo ha optado por seguir jugando el viejo juego de los consensos, los equilibrios y las concesiones que marcó el chato “realismo político” de la Transición. En definitiva, mantener el argumento ramplón y cada menos creíble que, aun cuando una mayoría de gente pide un cambio, este no puede llevarse a efecto porque un pequeño grupo dispone de algunos artilugios formales para impedirlo.

Es allí donde el episodio de la reforma tributaria se vuelve especialmente revelador, precisamente porque indica que el eje principal de la política de la ciudadanía organizada no reside en las cuestiones sectoriales –que supuestamente la enmarcan– sino en una refundación general de la política.

Para ello, los llamados movimientos sociales deben volver a desnudar su carácter: organizaciones no formalizadas como partidos pero centradas en un quehacer político. Su potencia viene de la rotura del canal de expropiación política que bajo el pretexto de la representación ligaba de forma dependiente a los sectores sociales con los partidos, tanto en el antiguo supuesto de que la izquierda representaba las clases subalternas como al crecimiento electoral obtenido por la derecha en muchos sectores populares después. Los movimientos sociales, como articulación política fuera de “la política”, pueden reclamar no solo su propia representación en la esfera pública –demostrando de paso que su signo no es antirepresentacionista–, sino su derecho a participar del debate sobre el modo en que se deben diseñar e implementar los cambios que ellos –y no las candidaturas presidenciales– pusieron con la mayor urgencia.

Las complicadas consecuencias de ello para la izquierda son evidentes. Puesto frente a esa potencia, el gesto actual del Partido Comunista se parece más a un intento por ingresar en el exclusivo club que por derribar sus murallas. Por más que siga repitiendo que porque “el partido” está allí lo está también “la gente”, su ofuscamiento se dirige más a reclamar su lugar en el “adentro” que a cambiar las reglas del juego de la exclusión.

De esa suerte, la exclusión del Partido Comunista y de otras fuerzas menores de la Nueva Mayoría en el pacto de la reforma tributaria, debe poner en debate las razones que los mantienen amarrados a esa coalición. Se podrá argüir que se trata de una perspectiva estratégica que busca nuclear a otros sectores críticos en ese entorno, izquierdizándolo. Pero si las principales reformas del programa de Bachelet se van a resolver por otras vías y otros actores, como ya lo anuncian las declaraciones de la propia presidenta, como lo muestra la conformación de la bancada de senadores por la AC –que implica la disolución de la más abierta y participativa bancada anterior, que incluía a los diputados provenientes de las recientes luchas sociales–, como lo sostiene Andrés Zaldívar en sus declaraciones culinarias; si ese va a ser el modo de operación, ¿cómo podría ese sector izquierdizar la Nueva Mayoría?