Ya hace varios días que el Hospital Salvador Geriátrico se encuentra en paro indefinido debido a que, tanto la mayoría médicos como los funcionarios de dicho recinto hospitalario, reclaman al gobierno de Michelle Bachelet que extinga el contrato de concesión de la obra pública hospitalaria.

Dicho movimiento social se niega a que el Hospital Salvador se construya y explote por medio del contrato de concesión firmado con el Consorcio de Salud Santiago Oriente, debido a que dicho contrato en términos económicos para el Estado cuesta 2,7 veces más caro (sin contar los subsidios variables que establece el contrato a favor del Consorcio) que si el mismo Hospital fuese construido con recursos fiscales.

El alto costo que debería pagar el Estado si continúa con el contrato de concesión de obra pública adjudicado, no sólo implica un derroche de recursos fiscales, si no que además supone un grave problema ético: el malgastar recursos del sector de salud que claramente no sobran, y por el contrario hacen mucha falta para garantizar el derecho a la protección de la salud del resto de la población chilena que no se atiende en el Hospital Salvador.

Asimismo, el paro indefinido se fundamenta en que por medio del contrato de concesión se compromete el mobiliario clínico, el que estará a cargo de los privados, lo que limita la gestión clínica a cargo de la Dirección del Hospital. Otro punto importante al momento de analizar la pertinencia de la concesión, es la ineficiencia que han demostrado los contratos de concesión hospitalaria que ya están en marcha en Chile, como el vilipendiado Hospital de Maipú (http://radio.uchile.cl/2014/03/30/salud-confirma-auditoria-por-falencias-en-nuevo-hospital-de-maipu )

Ante dichos reclamos, y conociendo los nefastos resultados de las concesiones hospitalarias que ya están funcionando en Chile, es que Michelle Bachelet promete en su programa de gobierno el no continuar con las concesiones hospitalarias.

Sin embargo, hace unos días en conferencia de prensa, y a través de la Ministra de Salud, señala que persistirá la concesión del Hospital Salvador debido simplemente a que no se puede terminar el contrato de concesión.

Dicha excusa, para seguir de todas formas con la concesión, carece de todo sentido, toda vez que la ley de concesiones y las bases de la licitación de dicho recinto hospitalario regulan las causales de extinción del contrato de concesión. Existiendo actualmente dos alternativas para el Estado: 1. Terminar por un mutuo acuerdo con la concesionaria el contrato de concesión, lo que claramente es más factible y menos oneroso para el Estado en estos días en que aún no se entienden por aceptados los términos de la concesión por parte de la sociedad concesionaria y por tanto no hay terceros acreedores comprometidos, ni inversiones realizadas por el Consorio ajudicado. 2. Y una segunda alternativa, para el caso que no exista acuerdo con la sociedad concesionaria o que el Estado lo estime más conveniente para sus interés y los de toda la nación, es terminar el contrato de forma unilateral por el Estado, invocando la causal del artículo 28 ter de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que faculta al Estado a terminar el contrato cuando la concesión de la obra sea innecesaria debido al interés público comprometido. Dicha posibilidad se enmarca en que el contrato de concesión de obra pública es un tipo de contrato administrativo, contratos en que históricamente han otorgado mayores facultades al Estado por su rol de garante del interés público.

Por tanto, si existen salidas que le permitan al gobierno de la Nueva Mayoría terminar con el contrato de concesión del Hospital Salvador, lo que no sólo implica cumplir con su programa de gobierno por el cual fueron electos, si no que además garantizar el interés público comprometido en cuidar los recursos fiscales, asignarlos de manera justa y equitativa dentro del sector de salud, y por sobre todo garantizar una eficiente administración de salud.

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Cynthia Martinic Jara es abogada en la Fundación Creando Salud.