El fallo de la CIDH y la deuda pendiente: libertad a los presos políticos mapuche

Cuando el gobierno de Ricardo Lagos criminalizó e implementó la Operación Paciencia para detener la rebelión del movimiento mapuche, nunca asumió que su accionar violentaba los Derechos Humanos del pueblo mapuche. Once años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre los tres casos emblemáticos del tercer gobierno de la Concertación: los Longko, Poluco-Pidenco y Ancalaf.

Sentenciados bajo la Ley por Conductas Terroristas, el fallo critica la utilización de esta ley en casos de reivindicación de “los derechos de dicho pueblo”. También subraya que se utilizó razonamientos que “denotan estereotipos y prejuicios”, violándose el principio de igualdad y no discriminación de los acusados. Si bien someramente se criticó la utilización de los testigos sin rostro y las detenciones preventivas en el fallo, es importante recalcar que la CIDH subraya que Chile “incurrió en violaciones al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión a los derechos políticos”.

No podría haber sido de otra forma. La totalidad de los acusados en estos tres juicios eran importantes actores políticos del movimiento mapuche y en particular integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco. En el caso particular de Aniceto Norin, Pascual Pichun y Juan Ciriaco Millacheo, Longko de sus respectivas comunidades, es decir, autoridades tradicionales que según la declaración de los derechos de los pueblos de la ONU, tiene una consideración particular al ser representantes de una nación originaria. En el caso de Víctor Ancalaf y José Huenchunao, emblemáticos voceros de la CAM y de sus comunidades particulares. En ese sentido, la criminalización a la protesta mapuche es, desde la perspectiva del CIDH, una persecución política abierta a los integrantes del movimiento mapuche.

A partir del fallo, CIDH pide dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias contra los mapuche. Exige que se les brinde de forma gratuita e inmediata un tratamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas de esta violación de los Derechos Humanos. Se exige el otorgamiento de becas de estudio en instituciones públicas a los hijos de las ocho víctimas de los tres casos mencionados. Y si bien, no se pide la derogación de los testigos sin rostro, a lo menos, se avanza en el esclarecimiento de la forma de utilizar esta medida “excepcional”. Este aspecto es importante y además deja un precedente para el caso “Fiscal Elgueta” que tiene condenados a más de 10 años a Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo por la declaración del testigo N°26. Testigo clave en las condenas a estos dos dirigentes de la CAM.

El fallo es un mensaje a los tribunales de las regiones en que se desenvuelve la actuación política del pueblo mapuche. Es un llamado a no criminalizar una legítima reivindicación de derechos consagrados internacionalmente y además de aplacar una deuda a consecuencia de la expansión del Estado a mediados del siglo XIX. En esa perspectiva, la implementación de fallo es una importante oportunidad para la Nueva Mayoría para desmarcarse de la actuación de la Concertación y de mostrar frente al movimiento mapuche si existe una ruptura con su pasado reciente o es una continuidad con nuevos matices de su accionar. Y si bien, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo señaló que se debe “respetar el fallo” y que se vería “cómo lo implementamos”, su resolución irrumpe en momentos que la derecha ha vuelto a ser odas de la aplicación de la Ley Antiterrorista para casos mapuche y ha cuestionado el accionar del Intendente Francisco Huenchumilla.

El desafío de la Nueva Mayoría para diferenciarse de su pasado, es avanzar en la autodeterminación de los pueblos indígenas al interior de Chile. En el caso particular del pueblo mapuche, en una medida simbólicamente radical: la libertad de los Presos Políticos Mapuche, que siguen manteniendo en prisión a importantes dirigentes del movimiento. Asimismo, una reparación a las víctimas fatales de este desencuentro, a consecuencia de la coerción del Estado. Y porque no, pedir disculpas por una accionar que ha elevado la conflictividad antes que descenderlo, alejando por momentos su solución política. La Nueva Mayoría –en este sentido-tiene que hacerse cargo de los horrores cometidos por la Concertación de Partidos por la Democracia.

A lo lejos resuenan las palabras del don Pascual Pichun hace once años: “hermanos y hermanas: con mis manos abiertas os saludo… saludo a los jueces, a los abogados de la defensa; saludo también a aquellos que me acusan. Con mis manos abiertas los saludo, porque mis manos no ocultan nada”. Aquellas palabras simbolizan la intransigencia de los gobiernos de la Concertación frente a la cuestión mapuche. Don Pascual Pichun no alcanzó a ver que efectivamente no era un “terrorista” y que no existía terrorismo en wallmapu, pero hoy queda demostrado que siempre fue libre.